Los líos de María Corina Machado por supuesto ‘plan de magnicidio’

La exdiputada opositora venezolana, María Corina Machado, fue citada este miércoles en calidad de imputada por la Fiscalía venezolana por su supuesta implicación en un «plan magnicida» para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Se trata de la primera acción formal que toma la justicia venezolana respecto a múltiples denuncias de planes de asesinar al jefe de Estado. La fiscalía citó a la ex diputada a presentarse el próximo miércoles para ser acusada formalmente.
La investigación del caso empezó desde marzo, cuando fue descubierto por parte del oficialismo venezolano el supuesto plan de magnicidio. Para entonces, miembros de la Asamblea Nacional pidieron que se determinaran «las responsabilidades penales respecto a un plan para atentar contra el Jefe de Estado. El gobierno acusó a Machado de diseñar un plan para asesinar a Maduro, presentando como evidencia unos correos electrónicos interceptados de dos cuentas de Gmail en los que se habla de «aniquilar al Maduro».

El gobierno venezolano asegura que Machado utilizó su cuenta de Google entre marzo y mayo pasado, para criticar la falta de solidaridad de la oposición venezolana contraria a la idea de tomar la calle para cesar a Maduro de inmediato, y dar a entender que cuenta con apoyo de Kevin Whitaker, actual embajador de EE.UU. en Colombia. La exdiputada aseguró, sin embargo, que había dejado de usar su cuenta en 2013 cuando se publicaron fotos de su vida privada en las redes sociales.

Además, funcionarios del gobierno mostraron comunicaciones de Machado con los excandidatos presidenciales Diego Arria y Henrique Salas Romer para intentar demostrar que las manifestaciones sociales que mantenían paralizadas varias ciudades del país no eran espontáneas, sino eventos producidos “por la derecha venezolana” para provocar “un golpe de Estado lento”.

No es la primera vez que imputan a Machado en el último año: durante las protestas de febrero de 2014 en Venezuela el Ministerio Público la acusó de instigación pública en un caso que también está pendiente. Por las mismas acusaciones el también opositor Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, está encarcelado desde hace nueve meses por impulsar protestas que dejaron destrozos y dos fallecidos en el centro de Caracas el 12 de febrero. Es probable que a Machado le espere el mismo destino. López y Machado son los líderes del sector más radical de la oposición venezolana.

La justicia venezolana carece de credibilidad a nivel internacional. La ONU y otros organismos internacionales han rechazado la politización de las instancias judiciales. En junio, después de finalizada una de las audiencias a Leopoldo López, se conoció el informe Fortaleciendo el Estado de derecho en Venezuela, elaborado por la Comisión Internacional de Juristas. Para Carlos Ayala, miembro de esta comisión, el caso López es sólo un ejemplo más de cómo se usa la judicatura contra los disidentes políticos. Ayala denunció que las condiciones de detención de López son particularmente rígidas, porque se encuentra confinado en una instalación militar, en aislamiento, sin tener contacto siquiera con su abogado y con visitas restringidas.

Dicho informe contiene conclusiones muy graves: que el gremio de abogados, jueces y fiscales venezolanos carece de independencia y sufre la intromisión del poder Ejecutivo; que se ha prestado para reprimir las protestas que estallaron en febrero de este año y para perseguir a opositores, disidentes, críticos del proceso político, dirigentes de partidos, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos, sindicalistas y estudiantes, en vez de proteger sus derechos, y que no ha servido para juzgar a agentes de la fuerza pública presuntamente responsables de crímenes contra los derechos humanos. En Venezuela, un país con una de las más altas tasas de homicidio en Latinoamérica y el mundo, la impunidad llega cerca del 95%.

La independencia del poder judicial empezó a deteriorarse desde el emblemático caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que el 10 de diciembre de 2009, horas después de haber acordado una medida sustitutiva de la medida privativa de libertad a favor de un detenido cuya detención había superado el máximo previsto por la ley venezolana y el derecho internacional, “fue inmediatamente detenida en la sede misma de su tribunal por la policía de seguridad, privada de su libertad, y sometida a un absurdo y arbitrario proceso penal bajo el requerimiento expreso del entonces presidente Hugo Chávez Frías en cadena nacional de radio y televisión. Durante su encarcelamiento con presos comunes fue víctima de tratos crueles e inhumanos”.

El “efecto Afiuni” consiste en que, a partir de la detención de la jueza, los abogados venezolanos empezaron a sentir temor de ser perseguidos o de que los juicios en los cuales actúan en representación de sus clientes se paralicen. En consecuencia, dice el informe, “no ejercen todos los recursos que les otorga el ordenamiento jurídico nacional e internacional para la defensa de los derechos humanos”.

@DanielSalgar1