Los pañuelos sucios…

Desde hace cerca de dos semanas, las conocidas Madres de Plaza de Mayo se han visto salpicadas por un escándalo que hace mella directamente en el gobierno argentino. Los presuntos nexos de su apoderado, Sergio Schoklender, con negocios ilegales han puesto bajo la lupa los fondos estatales que recibe su organización, Fundación Madres de Plaza de Mayo, así como la relación existente entre éstas y el gobierno, a días de cerrarse el plazo legal para que la presidenta, Cristina Fernández, decida postularse a un nuevo mandato.

Las acusaciones provienen de una investigación realizada en 2010 y encabezada por la diputada opositora Fernanda Reyes, en la que encontraron irregularidades cometidas por Sergio Schoklender, acusado recientemente por la Fiscalía por presunto lavado de dinero e irregularidades en el manejo de fondos públicos. Schoklender trabajó hasta hace pocos días como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y los fondos en cuestión eran aquellos otorgados por el Ministerio de Planificación Federal.

Sergio y su hermano, Pablo —que pagaron una condena en cárcel por el asesinato de sus padres—, fueron los creadores e impulsores de uno de los mayores proyectos de la fundación, la Misión Sueños Compartidos, por medio de la cual construían viviendas para población de bajos recursos, tanto en Buenos Aires como en otras provincias de Argentina. Si bien el gobierno no ha dado a conocer cifras precisas, medios locales aseguran que el proyecto habría recibido cerca de US$300 millones en los gobiernos sucesivos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Como se descubrió la semana pasada, Schoklender figuraba también como director de la principal empresa de construcción que realizaba las obras de la Fundación: Meldorek S.A. La denuncia presentada hace meses ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) advierte también sobre operaciones inmobiliarias irregulares, especialmente la compra de terrenos e inmuebles en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Tan pronto se conoció la gravedad de las acusaciones, los opositores al gobierno se fueron lanza en ristre contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, e indirectamente contra la presidenta argentina.

“Creo que hay una gran responsabilidad del gobierno, que es el que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas”, atacó, por su parte, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Tras las evidencias, el Gobierno se ha visto en la obligación de dejar el desdén con el que trató el tema al principio y cambiar de estrategia para evitar que tanto las Madres como Fernández se vean afectadas por el escándalo.

Bonafini pasó de calificar el tema de “pelotudez”, a pedir al juez que lleva el caso que se le considere como parte acusatoria, en cualquier posible querella que se abra contra los Schoklender, a quienes ahora tilda de “traidores y estafadores”. El abogado de Madres, Eduardo Barcesat, confirmó que acusarán a los hermanos de los delitos de administración fraudulenta y falsedad documental.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada, confirmaron que la misma presidenta pidió que se trabaje en una operación blindaje. El daño debía limitarse al propio Schoklender, presentado ya como un ladrón, sin alcanzar a Bonafini, ni a los miembros del gobierno que debieron controlar el destino de las subvenciones que concedían.

Diversas asociaciones de Derechos Humanos denuncian que esto se trata de un intento de “ensuciar los pañuelos” (en referencia al emblema de las Madres) y desprestigiar su trabajo. Sin embargo, el descontento parece comenzar a crecer y desde el gobierno temen que esto se vea reflejado en las urnas.