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Luis Arce Catacora asumió la presidencia de Bolivia en 2020, como sucesor de su padrino político, Evo Morales, justo cuando el país intentaba sobrellevar la pandemia de covid-19 e intentaba conciliar los conflictos que llevaron al estallido social de 2019. Hoy está en todas las portadas por haber contenido un intento de golpe de Estado, del que, sin embargo, ha sido acusado.
Es economista de carrera, magíster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick (Reino Unido), se autodenomina antineoliberal y gran parte de su carrera la realizó en el Banco Central de Bolivia (1987 a 2006).
Fungió como ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el mandato del expresidente Evo Morales entre 2006 y 2017 y allí lideró lo que se conoce como el “milagro boliviano”, un periodo en el que el país tuvo una de las tasas de crecimiento más altas de Latinoamérica gracias al auge de la demanda por recursos naturales, principalmente el gas natural. Así fue que los bolivianos lo conocieron.
También, dictó clases en universidades de Bolivia y en otras de internacionales como Harvard, Columbia y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se retiró de la vida política a mediados de 2017 para tratarse en Brasil un cáncer en el riñón con el que fue diagnosticado.
En 2019 retomó el cargo como ministro de Economía de Morales durante el tiempo que quedaba de su mandato.
Fue precisamente entre octubre y noviembre de 2019 que el gobierno de Evo Morales enfrentó una serie de protestas lideradas por la oposición que provocaron una fuerte crisis política. Su renuncia se dio en medio de acusaciones de haber cometido fraude electoral en las elecciones de ese año, según una denuncia de la Organización de Estado Americanos (OEA). El estallido social dejó un saldo de 36 muertos.
Además, Morales ya no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía. El general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas, publicó en un comunicado: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.
Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.
La senadora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina, y su mandato, que duró menos de un año, estuvo marcado por la persecución judicial a partidarios de Morales y denuncias de organizaciones internacionales por las represiones contra manifestantes durante las protestas de ese año. Arce no dudó en tachar este periodo de “brutal” y “golpista”. Áñez hoy está detenida y condenada a 10 años por delitos relacionados a la que para la Justicia fue una toma irregular del poder.
El 19 de enero de 2020, Luis Arce se postuló como candidato a la presidencia de Bolivia con el partido Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, lo que lo llevó a ser llamado “el candidato de Evo”. Ganadas las elecciones, lo que se creía era una amistad entre ambas figuras, resultó no ser tan sólida.
Arce llegó en un momento complicado para el país y Morales criticó públicamente algunas de sus decisiones, como el fin del ciclo del gas, por alejarse de los principios del MAS. Pero el nuevo presidente defendió su enfoque y la necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales.
Según María Teresa Zegada, politóloga de la universidades Católica y San Simón, en entrevista con AFP dijo: “(Morales) veía a Arce como un reemplazo temporal, nunca lo vio como un líder que podría disputarle el poder”. Incluso en entrevistas lo seguía tratando como “su ministro y subordinado”, agregó.
Sus desacuerdos causaron bloqueos de carreteras y manifestaciones impulsadas por sectores leales a Morales. Arce acusa al expresidente de un “boicot económico” y de confabular con la minoritaria oposición de centro y de derecha para “acortar” su mandato y volver a la Casa Grande del Pueblo. Morales, a su vez, acusa a Arce de profundizar la crisis económica.
En este contexto, se presentó el intento de golpe de Estado de hoy, 26 de junio, liderado por el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. El día 25, en declaraciones televisivas, Zúñiga dijo que Morales “no puede ser más presidente de este país” y advirtió que “llegado el caso” no permitiría que “pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo” en referencia al anunció que realizó Evo Morales en 2023 para presentarse en las próximas elecciones de 2025, para las cuales, por el momento, está inhabilitado.
Por su parte, el expresidente acusó a Zúñiga de liderar al grupo militar Pachajcho, que supuestamente tramaría un plan en su contra. Morales aseguró tener videos y audios que exponen que el comandante busca su eliminación y la de sus principales colaboradores, aunque no aportó las pruebas de ello.
Este miércoles, Zúñiga encabezó unas unidades que se acercaron a la plaza Murillo, en La Paz, donde funciona la sede del Gobierno. Tras una primera avanzada el militar amenazó con “tomar” la sede del Ejecutivo, pero minutos después, y luego de ingresar y de que Arce nombrara una nueva cúpula militar, Zúñiga y las demás tropas se retiraron.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció que abrirá una “investigación penal” en contra del ahora destituido general Juan José Zúñiga y todos los militares que participaron en la movilización “irregular” de soldados fuertemente armados que ingresaron “por la fuerza” a la sede del Gobierno de Bolivia en La Paz.
Zúñiga afirmó al final del día que Arce le pidió “preparar algo para aumentar su popularidad”, lo que, en otras palabras, indicaría un entramado de “autogolpe” incitado por el mismo Arce.
“El domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente, y el presidente me dijo que la situación es muy jodida, esta semana va a ser muy crítica, entonces es necesario preparar algo para aumentar mi popularidad… El domingo en la noche, los blindados comienzan a bajar…”, dijo Zúñiga.
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