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Los simpatizantes del expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva volvieron este viernes a corear «¡Buen día presidente!» desde las afueras de la cárcel de Curitiba, con la esperanza de que sea la última vez que cumplen ese ritual y de ver salir hoy mismo a su líder detenido desde hace 19 meses.
La esperanza por la libertad del carismático expresidente brasileño se reavivó tras un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, que determinó que las condenas penales no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos legales.
Esta decisión del STF abrió la puerta a un examen de la situación de cerca de 5.000 personas encarceladas después de haber sido condenadas por un tribunal de segunda instancia, entre ellas Lula da Silva, condenado por haberse beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal. Cargos que él niega.
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La incertidumbre sobre el caso de Lula acapara las tapas de los principales diarios brasileños y los titulares de los noticieros. El expresidente aún cuenta con una alta popularidad y es, quizás, el más fuerte contrapeso que tiene hoy el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
Según analistas, Lula en libertad podría fortalecer tanto al PT como, paradójicamente, al presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que supo captar el odio de una parte del electorado hacia el exlíder sindical, prometiendo incluso hacer que el exmandatario se «pudra en la cárcel».
«Para Bolsonaro es una buena noticia, porque refuerza la polarización ideológica que lo eligió. Veremos a Lula más presente en el escenario político y eso permitirá que Bolsonaro refuerce su papel de líder del campo anti-PT», dijo la AFP el analista Thomaz Favaro, de Control Risks.
Por otro lado, «la liberación de Lula empodera al PT como líder de la oposición. Pero al mismo tiempo es una figura que divide a la izquierda» y al surgimiento de una «izquierda post-Lula», agregó.
Sus abogados pedirán la liberación
Simpatizantes de Lula claman por su salida de prisión. AFP
Según la nueva jurisprudencia adoptada por el Supremo, cada caso de personas en prisión con apelaciones pendientes deberá juzgarse en forma individual, una vez que los abogados del recluso lo pidan, y se concederá la libertad siempre y cuando no represente un «riesgo» para la sociedad.
La decisión no se aplicará a aquellos casos en que una persona ha sido condenada por un tribunal popular debido a un delito violento. Pero ese no es el caso de Lula ni de una veintena de condenados por la operación anticorrupción Lava Jato.
Por ello, la defensa del expresidente brasileño solicitará a la justicia la libertad «inmediata» del expresidente brasileño tras conversar con él este mismo viernes en la cárcel.
Los abogados pedirán su excarcelación con base en la decisión adoptada este jueves por el STF, que determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.
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«Después de la conversación con Lula este viernes llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad en base al resultado del juicio del STF», señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins.
Los letrados informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de habeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula, condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses de prisión.
La defensa de Lula siempre alegó que su encarcelamiento tuvo como fin principal impedir su candidatura para las elecciones de 2018, en las que finalmente ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y mayor antagonista del líder izquierdista sindicalista.
El futuro de Lula libre Sergio Moro, ex juez y ministro de Justicia de Brasil. EFE
Aun si es liberado, su situación judicial le impediría retomar su carrera política, de acuerdo con las leyes actuales, que vedan la participación política a condenados en segunda instancia. Solo podría ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia.
Eso podría cambiar, sin embargo, si la corte suprema decide que el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en 2017, no actuó de forma imparcial.
El expresidente niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Bolsonaro.
Tanto Moro como los fiscales niegan haber perseguido ese propósito, pero si los jueces de la corte suprema consideran que el juicio fue parcial, la condena de Lula sería anulada y podría participar en política.
¿Por qué los ojos de Brasil están sobre el exjuez que envió a Lula a la cárcel? Pero la ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.
El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.
De hecho, el salir de la prisión ahora no significaría el fin de los problemas judiciales de Lula, pues tiene pendientes otras causas por presunta corrupción, aunque aún si fuera declarado culpable, la pena sólo se ejecutaría cuando acabe el proceso de apelaciones.
También ya acumula otra condena a doce años por otro caso, pero hasta ahora dictada solamente en primera instancia.
El PT no ha anunciado hasta ahora cuáles serán los primeros movimientos de Lula tras su eventual excarcelación, pero fuentes del partido ya hablan de un gran acto político el día que deje la cárcel en Curitiba, y otro en un sindicato metalúrgico de Sao Paulo en el que comenzó su vida pública, como líder sindical.
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