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Con la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Nicolás Maduro continúa su arremetida contra quienes trabajan por investigar casos de desaparición y tortura en el país. Quedan menos mecanismos para documentar las denuncias. Desde Venezuela les insisten a los líderes de la región que medien en la situación.+
Hace solo dos semanas, el comienzo de la Serie del Caribe de 2024 se tiñó de un tono político: un pequeño grupo de activistas de la ONG Voces de la Memoria llamó la atención en el Loan Depot Park de Miami, Estados Unidos, al levantarse en el estadio con camisas negras y una pancarta con una petición contundente: “Cierren los centros de tortura en Venezuela”.
“Donde sea y cuando sea, para las víctimas y sobrevivientes de la autocracia de (Nicolás) Maduro. No hay gesto modesto si aunque sea una sola víctima recibió esta noche el mensaje de que no está sola”, dijo la periodista venezolana Carla Angola tras ese episodio.
En Venezuela están desapareciendo personas. El gobierno ha sido denunciado por la detención arbitraria de más de 260 presos políticos, que convierten al país en uno de los casos de represión más severos en el continente. Pero además de las detenciones arbitrarias, de las que las autoridades ofrecen poca o nula información, también hay casos documentados de tortura, como el de Víctor Navarro, uno de los expresos políticos detenidos que ha hablado sobre su historia.
“Ponen insecticidas a bolsas de plástico y asfixian a las personas… A los hombres se les pone corriente en los testículos”, le contó a medios internacionales.
Estas denuncias no son bien recibidas por el gobierno de Maduro. La situación es tan grave, que una protesta así como la que se vio en Miami es difícil de ver hoy en el interior del país, donde el oficialismo prohíbe y castiga a quienes se atreven a pronunciar esas dos simples palabras: “Desaparición forzada”. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), misión que fue expulsada el jueves por el oficialismo.
Luego de señalar que la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel cumplía con las condiciones de una desaparición forzada si no se informaba de su paradero, la misión recibió un ultimátum para sacar a su personal del país. Se les dieron solo 72 horas. De San Miguel todavía se sabe poco.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, manifestó el canciller venezolano, Yvan Gil.
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Con esta acción el chavismo confirma que está radicalizando su discurso en el país y dinamitando todos los puentes posibles que se habían tendido para la facilitación de un proceso electoral transparente. La expulsión del personal de la ONU se suma a la ya mencionada detención de San Miguel, a la demolición del Acuerdo de Barbados y la confirmación de la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. En el plano político, la expulsión de la misión de la ONU siembra aún más dudas sobre las capacidades del gobierno para realizar unas elecciones transparentes, según le comentó una periodista en condición de anonimato a El Espectador. En el plano social, la salida de otro mecanismo que sirve para documentar estos casos ofrece un panorama ensombrecedor: que aumenten las torturas y que no quede nadie para investigarlas.
Provea, una de las ONG más reconocidas del país, señaló que esto “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD. HH.”.
En septiembre de 2013, Maduro ya había abandonado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que se ganó la furia del chavismo cuando empezó a documentar y denunciar el deterioro de la democracia venezolana. Así, Venezuela se quedó sin la posibilidad de que una jurisdicción internacional de justicia abogara en casos que les son negados en tribunales locales.
Ante este vacío, muchos se ampararon en la Acnudh, que abrió sus operaciones en Caracas en octubre de 2019. Desde entonces sirvió como ente para la supervisión de la situación de derechos humanos en el país con el fin de evitar abusos y violaciones por parte del Estado. En 2022, por ejemplo, denunció que documentó 154 casos de detenciones arbitrarias y 14 de torturas a personas privadas de la libertad entre mayo de 2021 y abril de ese año.
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Su presencia también servía para canalizar las denuncias hechas por otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ONG Cofavic, que aseguró haber recogido denuncias de al menos 14.296 supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado entre 2012 y 2023. Para algunos, sin embargo, la presencia de la Acnudh no marcaba diferencia alguna para mejorar las condiciones del país.
“Desde que (Michelle) Bachelet -exalta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos- instaló su oficina en Venezuela y le siguió Volker Türk como alto comisionado, se han profundizado la tortura, las desapariciones forzosas, los expedientes amañados, la corrupción judicial y la actuación amañada del Ministerio Público. Y la ONU hace silencio”, criticó la periodista Sebastiana Barráez, experta en la fuente militar, quien ha vivido la persecusión del oficialismo.
Si bien las críticas son válidas, el que la Acnudh desaparezca de Venezuela ocasiona un vacío aún más grande en los mecanismos de defensa de la población para mantener a raya la ofensiva del chavismo contra la oposición. Incluso la prensa se enfrenta a una enorme represión por informar sobre los casos de opositores, disidentes o familiares de perseguidos políticos detenidos.
La gran pregunta es por qué Maduro se radicalizó de esta manera ahora. Los Acuerdos de Barbados firmados en noviembre, en los que participó el oficialismo y parte de la oposición, abrieron la ruta a un descongelamiento entre ambas partes por primera vez en años. Y a esto se sumaba la suavización de sanciones por parte de Estados Unidos que le permitieron al chavismo reanudar algunas operaciones petroleras. Según fuentes consultadas por El Espectador, la arremetida de Maduro parece responder a un enorme descontento en el sector militar y al interés del presidente de usar presos políticos como fichas de negociación para obtener mayores concesiones. Esto podría resultar contraproducente. Por un lado, Estados Unidos se ha mostrado preparado para “apretar el alicate” y reanudar las sanciones a Caracas. Por otro, sirve para movilizar las investigaciones por detenciones anteriores ya documentadas.
Así lo espera Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, quien asegura que esta jugada de Maduro haría que las investigaciones contra su gobierno en la Corte Penal Internacional (CPI) se aceleren. “En la CPI, todo lo que está haciendo el régimen demuestra que están dispuestos a seguir desapareciendo a personas a pesar de que tienen abierta una investigación”, le dijo la experta a CNN.
Ante esta arremetida, y ante el notable desamparo en el que se van sumiendo más los venezolanos, los líderes políticos de la oposición han insistido en su llamado para que los vecinos de Venezuela se solidaricen e intervengan como mediadores con el oficialismo, pero que también se impongan sanciones para presionar al régimen.
“No puede ser solo a través de mensajes en redes sociales”, señaló la opositora María Corina Machado.
Con eso Machado parece dirigirse de nuevo al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el día anterior había manifestado en la red X que “Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy y son los aprendices de Hitler”. El mensaje de Petro respondía a una declaración hecha por el vicepresidente Francisco Santos. Sin embargo, bajo la lógica del mensaje de Petro, Venezuela ya cumple con los calificativos para merecer una crítica igual de severa: expulsó a la CIDH y ahora a la ONU.
“De entrada, lo que queda claro es que esta es una actitud del régimen que agrava todo y pone a prueba a la comunidad internacional y a la región de cara a una decisión como esta. Dejaron a los activistas, defensores de derechos humanos y muchos actores de la sociedad venezolana sin protección para poder brindar testimonios sobre lo que ocurre en el país. También genera preocupaciones sobre lo que se pueda estar planeando y la pregunta de por qué no quieren testigos que lo reporten. Si hay un momento en el que necesitamos a la comunidad internacional es ahora”, le dijo a El Espectador Pedro Urruchurtu, asesor en asuntos internacionales de la campaña de Machado.
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