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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú (Sunedu) le negó este año la licencia de funcionamiento a 50 de las 145 universidades y escuelas de posgrado que operaban en el país porque no contaban con las condiciones básicas de calidad.
“Los intereses particulares existentes no coincidieron con el interés general de ofrecer a todos una educación superior y tecnológica de calidad”, señaló el presidente de Perú, Francisco Sagasti.
Esta decisión hace parte de la reforma universitaria que comenzó a finales de 2015, y con la que se espera mejorar la educación en el país. Pero, ¿cómo fue que un tercio de centros educativos tuvo un desempeño de calidad tan pobre?
En 1996, Perú promulgó una ley que promocionaba la inversión en educación con o sin fines de lucro, lo que permitió la creación de decenas de universidades de bajo costo en Lima y otras ciudades. Sin embargo, no todas tenían como objetivo primordial la calidad. De las 100 universidades que se crearon desde la reforma, la mitad ha tenido que cerrar.
“Muchas personas vieron esto como una oportunidad de inversión, de lucrar y aprovechar los beneficios tributarios de la ley, más que de incrementar genuinamente la oferta de educación superior”, le dijo Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico a la BBC. “Hemos visto casos de cómo una mal entendida libertad de empresa ha desviado el propósito de las instituciones de educación superior y ha creado situaciones que perjudican no solo a los estudiantes, sino a todos en el país”, lamentó el presidente Sagasti.
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Pero la creación de universidades sin interés en la calidad de la educación no es la razón principal que ha llevado al país a una crisis en la educación superior. Como advierte Hugo Ñopo, investigador del centro peruano de investigación GRADE, hay otros países donde el lucro por medio de las universidades no está permitido, y aún así enfrentan los mismos problemas. “Una ley que permita o prohíba el lucro no hace la diferencia. Por eso la regulación debe venir por el lado de la calidad”, dice. Y eso es precisamente lo que se ha buscado para solucionar la crisis.
Los intereses económicos que existían detrás de las universidades en Perú tenían también un gran poder político, según explica Ñopo. En 2014, el gobierno promulgó la Ley Universitaria que creó un organismo, el Sunedu, que evaluaría la calidad de los programas educativos y calificaba a las universidades por condiciones básicas de calidad para concederles así una licencia de funcionamiento.
La investigación del Sunedu ha revelado grandes desigualdades en la educación superior que ha llevado a una división entre los estudiantes de las instituciones que están al borde del cierre. Si bien están de acuerdo con el examen de calidad, no todos están de acuerdo con el cierre y buscan una reorganización interna para que continúen operando.
“Había demasiadas faltas y, si comparas mi universidad con otras universidades, había una gran brecha. Desde que yo ingresé, la universidad (Alan Peruanas) tenía problemas, tenía observaciones de la Sunedu pero no se ponía la pilas para subsanarlas. Yo sí estoy a favor de que se supervise, se regularice y se estandarice a las universidades”, le dijo a la BBC, Nathalia Matías, una estudiante universitaria.
El cierre de universidades ha ocasionado un gran problema para los estudiantes, pues deberán trasladarse a instituciones que estén licenciadas y un gran porcentaje o no tiene el presupuesto para hacerlo o no podrían homologar el programa que estaban cursando, por lo que tendría que comenzar de cero.
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“Los estudiantes son los que están asumiendo los costos de la reforma universitaria. No son los que se han equivocado, son las autoridades corruptas las que lo han hecho. Hay más de 200.000 estudiantes que ahora se encuentran fuera del sistema universitario porque esta reforma ha comprendido el cierre, pero no la solución para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios”, recalcó Marzo Aoaza, dirigente de la Federación de Estudiantes de Perú (FEP).
¿Qué sigue?
Después de examinar la calidad de las instituciones universitarias en el país, el Sunedu comenzará la misma labor de investigación en los institutos tecnológicos. Las instituciones que no lograron la licencia de funcionamiento este año tendrán un plazo de dos años para corregir sus errores y cumplir con las exigencias legales. La gran reforma universitaria de Perú hasta ahora dio su primer paso. El siguiente será garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus programas de aprendizaje.
Pero además de exigir un estándar de calidad, el gobierno también debe preocuparse por solucionar los problemas de gratuidad, accesibilidad de las regiones apartadas a la educación, actualización del contenido académico, contratación de profesorado especializado y la ayuda a los estudiantes para evitar la deserción académica, entre muchas otras tareas pendientes. Y esto solo se logrará a través de la inversión de la educación pública.
Nicolás Lynch Gamero, sociólogo y exministro de Educación de Perú, ha advertido que la privatización perjudicó la calidad debido a que el Gobierno priorizó la financiación de las instituciones privadas.
“Aquí ha habido una ola privatizadora de la educación superior que tiene como consecuencia un gran crecimiento de la oferta pero de baja calidad. Como reacción a esto se da una ley que crea un organismo regulador. Pero al mismo tiempo empieza una segunda ola privatizadora que consiste en darle dinero público a una cantidad pequeña de universidades privadas para que ellas sean las que impulsen el sistema hacia adelante. Pero así se deja de lado la universidad pública que es la que tradicionalmente ha cubierto la demanda de educación universitaria. O sea por privatizar la educación se le ha perjudicado. El problema no ha sido cerrar universidades por mala calidad, sino priorizar lo privado sobre lo público”, señaló Lynch Gamero a RT.
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