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Más de cincuenta años de guerra en Colombia han requerido la formación de combatientes con habilidades militares que hoy son muy solicitadas en otros contextos alrededor del mundo. Esa es la justificación que con frecuencia se escucha al hablar del porqué del reciente aumento de mercenarios de este país en distintas guerras. A esto se le suma una realidad económica que “empuja a los veteranos colombianos al exterior”, como describió The New York Times hace algunos meses.
En el artículo, sobre la participación de colombianos en la guerra en Ucrania, el medio exponía cómo en Colombia los soldados profesionales pensionados reciben una mesada mensual de entre US$400 y US$600, mientras que en la guerra como la que se libra con Rusia pueden recibir una remuneración seis veces mayor. Sin embargo, los mismos combatientes, que rechazan ser llamados “mercenarios”, advierten que la tarea no es fácil, pues puede costar la vida. Hasta el momento, se calcula que unos 300 colombianos han muerto en dicha guerra.
“Sepan y entiendan que vienen a una guerra. No vienen de paseo”, advertía en redes sociales Luis Javier Cardona Isaza, de Pereira, un “legionario” que combatía en Ucrania, días antes de morir. “Muchos tienen la posibilidad de volver a casa; otros no cuentan con la misma suerte”, decía.
El problema de los exmilitares colombianos contratados para misiones en el exterior tomó otra dimensión en 2021, cuando 17 connacionales terminaron detenidos acusados de asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El año siguiente estalló la guerra en Ucrania y luego de Sudán. Allí se enfrentan las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que controla varias regiones del país, incluyendo Darfur, en el oeste.
Decenas de colombianos estarían combatiendo con las FAR. A finales de noviembre, el Ejército sudanés informó que había matado a “22 mercenarios de nacionalidad colombiana” que formaban parte de las filas de las FAR en un ataque con drones en la localidad de Al Fasher, último bastión de las Fuerzas Armadas en el occidente de Darfur.
De acuerdo con fuentes citadas por La Silla Vacía, más de 300 colombianos se han ido a combatir a Sudán. Tras dicha publicación, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería “buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”. Agregó que “el mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”.
Mercenarios colombianos: un proyecto para criminizarlo
El Gobierno dio un paso en ese sentido con la radicación del proyecto de ley 156 en agosto pasado, por iniciativa de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que busca que se apruebe la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre de 1989.
En su exposición de motivos, mencionan el episodio de Haití como el detonante del debate del tema de nuevo en Colombia. Dado que el país “es considerado uno de los principales exportadores de militares retirados a empresas de seguridad que participan en conflictos armados globales, es indispensable la adhesión a este instrumento…”. La Convención califica como delitos internacionales el reclutamiento, la utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios; la participación en hostilidades o actos concertados de violencia (ser mercenario), o la complicidad en alguno de esos crímenes.
Asimismo, pone obligaciones para los Estados, como establecer penas para estos delitos, prevenir que sean cometidos en su territorio y compartir información cuando ocurran.
Una de las congresistas que están promoviendo la iniciativa es Karmen Felisa Ramírez Boscán, representante de los colombianos en el exterior, del Pacto Histórico. En diálogo con este diario, dijo que es necesario investigar a empresas como la que ha sido mencionada en el caso de los colombianos reclutados en Sudán: International Services Agency (A4SI). Según La Silla Vacía, los exmilitares fueron contratados por esa empresa bajo una oferta laboral para prestar servicios de seguridad a infraestructuras petroleras de Emiratos Árabes Unidos (país al que Sudán acusa de apoyar a los paramilitares).
El Espectador contactó a dicha empresa por distintos canales para conocer su versión, pero no recibió respuesta, ni tampoco la obtuvo del Ministerio del Trabajo a la consulta sobre la existencia o estado de investigaciones contra esa firma.
Para Ramírez, este tipo de reclutamiento, de “soldados a sueldo o máquinas de matar se está convirtiendo en una nueva modalidad de tráfico de personas”. A la pregunta de si el enfoque adecuado es criminalizarlas justo cuando han caído en ese tipo de redes o cuando voluntariamente deciden irse a combatir por falta de oportunidades económicas, la congresista subrayó que Colombia firmó un Acuerdo de Paz que debe cumplir, y “que las reformas que se proponen para la justicia social, los derechos laborales, la salud o el trabajo son más vigentes que nunca”.
El proyecto de ley está camino al segundo debate en el Senado de la República.
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