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El martes, frente al edificio del Senado de México, estudiantes universitarios enmascarados y disfrazados de ministros de la Suprema Corte de Justicia tomaron turnos para romper una piñata negra con un palo. La piñata, cubierta con la palabra “justicia”, estaba llena de dinero falso, una representación para ilustrar la supuesta corrupción que azota al poder judicial del país.
“La elección de jueces y magistrados mediante voto popular implica una democratización de uno de los poderes más importantes de nuestro país”, dijo Layla Manilla, de 21 años, una de las estudiantes de política que participó.
Manilla es una de los miles de mexicanos que salieron a las calles para manifestar su apoyo —o su oposición— a la polémica propuesta de ley impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, que el miércoles superó el mayor obstáculo cuando fue aprobada por un estrecho margen en el Senado.
En entrevistas con The New York Times, los mexicanos expresaron diversas preocupaciones y aspiraciones sobre la medida. A algunos les preocupaba el fin de la independencia judicial, mientras que otros celebraron la oportunidad de votar a los responsables de impartir justicia. Muchos más se mostraron indiferentes a la iniciativa, sin saber exactamente qué esperar del cambio.
La nueva legislación pasará el nombramiento de los integrantes del poder judicial, que se basaba en formación y cualificaciones, a uno donde los votantes eligen a los jueces y hay menos requisitos para ejercer el cargo.
Unos 7000 jueces perderían su trabajo, desde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hasta los jueces locales, y los mexicanos podrían empezar a votar a partir del año que viene.
La medida aún tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, pero se espera que pase fácilmente, ya que el partido gobernante Morena y sus aliados tienen la mayoría en los congresos estatales. A primera hora de la mañana del jueves, 15 estados ya la habían aprobado y uno la había rechazado.
Sin embargo, en el estado de Yucatán, un grupo de manifestantes irrumpió el miércoles en el congreso local, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría. Mientras los manifestantes les pedían que suspendieran la votación, coreando “¡El poder judicial no va a caer!”, y gritando “¡Escúchennos!”, los legisladores decidieron aplazarla. Aprobaron el proyecto unas horas más tarde. Los detractores de las medidas también protestaron en otros estados e intentaron irrumpir en los edificios del Congreso, con el resultado de algunos heridos.
En las últimas semanas, más de 50.000 jueces y trabajadores judiciales se declararon en paro de labores y los manifestantes irrumpieron en el edificio del Senado en Ciudad de México el martes por la tarde, antes de la votación. Los senadores se trasladaron a una sede alterna con un gran operativo policial.
La insistencia del presidente para aprobar las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída de aproximadamente 15 por ciento desde principios de junio.
El gobierno argumenta que la medida es crucial para modernizar el sistema judicial, erradicar la corrupción y restaurar la confianza en un sistema empañado por la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado completamente el plan.
Sin embargo, los críticos se oponen al proyecto, alegando que no abordaría eficazmente la corrupción, sino que reforzaría la agenda política nacionalista de López Obrador. “Los jueces, los magistrados y los ministros son la voz de la ley y de la Constitución, no del pueblo”, dijo Luis Hernández, de 21 años, estudiante de derecho y economía, momentos después de pronunciar un encendido discurso durante una protesta en el edificio del Senado. “Son la voz de la razón. No tiene sentido tener una carrera judicial si al final tienes que ser popular para impartir justicia”.
José Luis Cázares Gayosso, de 55 años, empleado federal que vive en Iztapalapa, un barrio obrero en Ciudad de México, dijo que tenía problemas con el sistema judicial y tenía que cambiar. Dijo que le llevó demasiado tiempo —cuatro años—obtener la custodia de sus dos hijos después de que se separó de su pareja, y se resolvió en 2019 solo después de que emprendiera acciones legales en contra del juez.
Aun así, dijo Cázares Gayosso, prefería que los jueces siguieran siendo nombrados, pero que se les obligara a dejar el cargo antes. Dijo que temía que votar por ellos acabara dando al partido gobernante del país el control del sistema judicial.
“Es peligroso darle todo el poder a un partido”, dijo.
Encuestas encargadas por el partido Morena indican que alrededor del 80 por ciento de los encuestados cree que es necesario reformar el sistema judicial, aunque otras encuestas han encontrado que más del 50 por ciento de los encuestados no sabe lo que implica la propuesta. “Ahorita está mucho de moda de que el pueblo, de que el pueblo, que no se va a dejar el pueblo, pero a veces el pueblo no está informado” dijo Juan Diego Naranjo, plomero de Cancún de 28 años. “Si no van a saber mucho de los candidatos de los jueces, pues muchos no van a salir a votar. Si en las elecciones a la presidencia, del gobernador, de los municipios, muchos no salimos a votar, por jueces a lo mejor menos”.
Naranjo admitió que él mismo no votó durante las elecciones presidenciales de 2018, que ganó López Obrador, porque no tuvo tiempo de estudiar las campañas. Manilla, la estudiante que apoya la propuesta de ley, dijo: “nunca hay una certeza total de que las mayorías tomen las decisiones correctas”. Pero añadió: “si el pueblo se equivoca, también el pueblo va a poder rectificar”.
Otros mexicanos dijeron que les preocupaba que faltaban piezas importantes en el debate.
Laura Álvarez, de 38 años, gerente de un restaurante en Monterrey, en el noroeste de México, dijo que la elección de un juez podría mejorar la confianza pública. Dijo que había tenido una terrible experiencia con el sistema judicial cuando su hija fue abusada sexualmente y el caso fue desestimado antes de que llegara a un juez. Aun así, cree que la propuesta judicial necesita más explicaciones por parte de los políticos.
“No te están diciendo: ‘esto es lo que quiero cambiar y esto es lo que te voy a ofrecer’”, dijo. “Ese es el punto por el que yo me encuentro en medio. Quiero transparencia”.
Independientemente de sus diferencias en el plan, muchos mexicanos coincidieron en gran medida en que hace tiempo es necesario librar al sistema de lo que dijeron son privilegios, nepotismo y corrupción.
Javier Martín Reyes, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la mayoría de las interacciones de los mexicanos con el poder judicial no son a nivel federal sino a nivel local —por ejemplo en litigios laborales, familiar o civiles— y que es aquí donde se necesitan “más reformas”.
Pero dijo que dos partes importantes del sistema judicial que el mexicano promedio trata más a menudo —la policía y los fiscales—no fueron abordadas en la propuesta. “Si México hoy es un país con enormes tasas de impunidad, pues es en buena medida porque la inmensa mayoría de los delitos no se investigan y algunos que se investigan no llegan a conclusiones”, dijo Reyes. “Y los que llegan a conclusiones muchas veces se trata de casos que no están lo suficientemente bien armados o investigados para después sostenerse en un tribunal o en una corte”.
Después de vivir durante mucho tiempo en un sistema que describió como plagado de problemas, José Luis Valderrama, un empacador de 68 años en Monterrey, dijo que valía la pena probar con algo nuevo, especialmente si los votantes pueden elegir entre personas calificadas. “Las cosas cambiarán, posiblemente”, dijo. “En realidad no sabemos. Es cuestión de probar”.
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