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En diciembre de 2010, dos armas recuperadas de la escena del crimen del asesinato del agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Brian Terry, hicieron saltar las alarmas. Luego de varias investigaciones se determinó que las dos armas pertenecían al programa secreto de Estados Unidos Fast and furious, que se había puesto en marcha, en 2009, en la frontera mexicana. La gota que derramó la copa, según reveló la organización Public Integrity, fue que los investigadores demostraron que el agente estadounidense fronterizo, Jaime Zapata, fue víctima del disparo de una pistola comprada poco antes en Texas.
Cansados de los pocos resultados de las operaciones contra el tráfico y venta de armas desde Estados Unidos a los carteles mexicanos, la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de los EE.UU. decidió cambiar de estrategia y planeó la operación Fast and furious, que permitió deliberadamente que cientos de armas fueran compradas por cientos de supuestos traficantes. La operación, planeada en Phoenix (Arizona), pretendía seguir a los delincuentes para desmantelar las principales organizaciones culpables del delito.
La operación fue duramente criticada por agentes fronterizos, quienes advirtieron que las armas, como las AK-47, incrementarían el peligro en la zona. “Estas armas se traducirán en décadas de crímenes concretados en ambos lados de la frontera”, sostuvo John Dodson, agente fronterizo de 39 años de edad. “Con el número de armas que dejamos pasar, nunca sabremos cuánta gente será asesinada, violada, asaltada… No hay nada que podamos hacer para recuperar esas armas. Están perdidas”.
La información causó mucha molestia en el gobierno mexicano, que ha incautado en los últimos cuatro años más de 60.000 armas compradas en EE.UU. El gobierno de Felipe Calderón pidió explicación “inmediata” a su homólogo Barack Obama por el operativo secreto.
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