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Mucho antes de ser reconocido como un “paraíso para migrantes” en América Latina y liderar el ranquin de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en solidaridad e integración para personas refugiadas, Argentina fue escenario de cientos de abusos y atropellos contra la población migrante.
Los hechos más intensos se presentaron poco antes del Mundial de Fútbol de 1978, cuando se dio la expulsión forzada de migrantes, especialmente bolivianos y paraguayos, durante la dictadura militar. Amparada en un marco legal amplio, que luego se conoció como la Ley Videla, que permitía que la Dirección Nacional de Migraciones ostentara un poder de policía migratorio, la Junta Militar ordenó la deportación exprés de habitantes extranjeros de las villas para imponer una imagen de “orden y bienestar”. Los migrantes eran asociados con la criminalidad y el deterioro económico, pese a que las cifras contradecían estas teorías.
“Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca”, dijo el entonces intendente porteño, Guillermo Del Cioppo.
La situación de residencia irregular no era vista solo como una falta administrativa, sino que conllevaba una alta criminalización y la amenaza constante de detención y expulsión. En sus estudios, la antropóloga María Cristina Cravino recuerda que los ciudadanos bolivianos fueron obligados a renunciar a su residencia transitoria permanente y fueron subidos a trenes con dirección a Bolivia en compañía de al menos un centenar de sus niños que habían nacido en Argentina.
Pero una vez cayó la dictadura la escena no fue diferente. Para inicios de los 90, la gran mayoría de la población, según encuestas de la época, consideraba que la migración perjudicaba al país y la mitad estaba a favor de las expulsiones. A finales de esa década convulsa el gobierno de Carlos Menem impulsó una ley todavía más estricta con la “imposición de multas a empleadores que den trabajo a inmigrantes indocumentados o a las personas que los alojen” y la “asignación de un porcentaje de esa suma a quienes denuncien esa situación”, según el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En otras palabras, se promovía una cacería de brujas con esto último. El proyecto fue calificado como xenófobo por el diputado Juan Pablo Cafiero, “el gobierno intenta justificar el problema de la desocupación echándoles la culpa a los trabajadores inmigrantes, cuando se sabe que esa masa laboral no representa un impacto negativo para la economía del país”.
Fue apenas en 2001, cuando la crisis económica empujó un giro de mentalidad, que las cosas empezaron a cambiar. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, en una época de fuerte reivindicación de los derechos humanos, se derogó el Decreto-ley 22.430 de la dictadura y se promovió la Ley 25.871, aprobada en 2003, que reconoció la migración como un aporte cultural y económico, y no como una amenaza.
Esta ley se convirtió en el modelo regional al establecer que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el derecho a migrar y el acceso universal a derechos básicos, independientemente de la situación administrativa del migrante. Argentina fue pionera en impulsar la libre circulación y la regularización en el marco del Mercosur, lo que facilitó los trámites de residencia a los ciudadanos de los países vecinos.
A partir de allí, y gracias también a la ayuda de la Iglesia, con pastores como Guido Bello y más recientemente con arzobispos como Ángel Rossi y la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes (CEMI), el país empezó a posicionarse como un lugar de integración para migrantes en las siguientes dos décadas.
La provincia de Córdoba, por ejemplo, lidera hoy por hoy los proyectos de la ONU en la región sobre atención a mujeres migrantes y campañas de donación. El trabajo ha sido tal, que la Organización Internacional para la Migración la posicionó como modelo mundial en el trabajo con migrantes. Pero no ha sido fácil sostener este cambio, pues la dirigencia política ha tratado varias veces de volver a la lógica de la dictadura. Y no empezó con este gobierno.
En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usó el “Caso Brian”, de un adolescente migrante que le disparó a un argentino, para endurecer las políticas migratorias, argumentando que se necesitaba “mano dura”. A partir del Decreto 70/2017 la migración se vio más securitizada. Ahora Bullrich, de nuevo en el poder, ha dado otros pasos en esta agenda.
En un giro abrupto hacia el pasado, el gobierno de Javier Milei, de la mano de Bullrich, quien hasta el martes fue su ministra de Seguridad, anunció la creación de una Agencia Nacional de Migraciones para ejecutar la política migratoria, con poder de policía y bajo el seno del Ministerio de Seguridad, como pasaba en la época de la dictadura. Se trataría de un modelo similar al del Servicio de Control y Aduanas de EE. UU. (ICE), que persigue a migrantes en ese país.
Antes de esto Milei anunció también la expulsión de extranjeros condenados y el cobro de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, así como un impuesto para estudiantes extranjeros no residentes y medidas más severas para obtener la residencia. También cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Todo es parte de un paquete de retóricas más duras contra los migrantes, siguiendo el ejemplo de su aliado estadounidense, Donald Trump.
Las últimas acciones del gobierno argentino preocupan a organizaciones como la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y a los miembros de la Iglesia. Como señalaba el pastor Bello a “Página 12” en los 90, “el inmigrante siempre hace un esfuerzo sobrehumano para ser aceptado por la sociedad”. Pero al llegar se encontraba con una xenofobia ya está instalada en la sociedad que resultaba en ataques. Con los prejuicios arraigados contra estas comunidades, basta un discurso incendiario, como el de Milei, para reavivar las conductas xenófobas protagonistas del pasado. La Iglesia y organizaciones de acogida, entretanto, intentan sostener sus ayudas, como la Colecta Nacional de Ayuda al Migrante, que se realizará este domingo.
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