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Evelin y Gustavo Quebedo han hecho la declaración de la renta cada año durante más de una década.
El hecho de ser migrantes indocumentados no los ha disuadido de hacerlo.
“Nuestro pensamiento ha sido que, si algún día hay una reforma de la migración y la posibilidad de legalizar nuestra situación, podemos demostrar que declaramos nuestros impuestos, que no somos una carga, que hacemos lo correcto”, dijo Quebedo, mecánico de automóviles, que vive con su familia en Los Ángeles.
Pero a medida que se acercaba el 15 de abril de este año, la pareja, que llegó a Estados Unidos procedente de Centroamérica, se debatía entre declarar o no.
Sus temores, compartidos por muchos de los millones de personas indocumentadas que presentan declaraciones de la renta, tienen su origen en la decisión adoptada el año pasado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) de facilitar a los funcionarios de inmigración las direcciones de las personas sujetas a deportación, lo que representa una ruptura con las prácticas habituales de la agencia tributaria.
El cambio causó conmoción en el IRS, una agencia en la que la privacidad del contribuyente ha sido un artículo de fe, y en las comunidades de migrantes, donde la presentación de declaraciones de la renta se consideraba una forma de que las personas indocumentadas demostraran que cumplían las leyes fiscales del país.
El fisco federal podría verse afectado. A muchos migrantes indocumentados se les retienen impuestos en cada nómina, pero a los expertos les preocupa que algunos puedan comenzar a trabajar sin declararlo. Otros con ingresos menos formales podrían omitir la declaración de la renta y, por tanto, no pagar impuestos federales. El Laboratorio Presupuestario de Yale, un centro de investigación no partidista, prevé una pérdida de ingresos fiscales de unos 300.000 millones de dólares en una década.
Las consecuencias del acuerdo del IRS con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) son cada vez más claras a medida que se acerca el plazo anual para presentar la declaración de la renta, según varias organizaciones que ayudan a los migrantes a presentarla.
En el Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown, en Los Ángeles, voluntarios certificados ayudan a los residentes con bajos ingresos a preparar sus declaraciones gracias a una asociación con el IRS. Los migrantes indocumentados presentan sus declaraciones utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente, o ITIN, un identificador de nueve dígitos emitido por el IRS para quienes no tienen número de Seguro Social.
Este año, solo el 10 por ciento de los clientes de las clínicas fiscales gratuitas del centro de Koreatown han sido titulares de un ITIN, frente a aproximadamente un tercio en años anteriores, dijo Audrey Casillas, una de las directoras.
Una semana antes de que venciera el plazo para presentar la declaración de la renta, el 15 de abril, los Quebedo se encontraban entre los migrantes que acudían a la clínica en busca de ayuda, pero se sentían ansiosos.
“No sé si podemos confiar en que este gobierno no venga a buscarnos”, dijo Quebedo, mirando a su hija, nacida en Estados Unidos, y a su hijo, traído al país de pequeño.
Durante décadas, el IRS animó implícitamente a los contribuyentes indocumentados a presentar la declaración como parte de su misión más amplia de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Antes del acuerdo entre el IRS y ICE, los migrantes no autorizados pagaban unos 60.000 millones de dólares anuales en impuestos federales, según una estimación del Instituto de Fiscalidad y Política Económica, un grupo de reflexión de tendencia progresista. Gran parte se destinaba al Seguro Social y a Medicare, programas de los que no pueden beneficiarse los migrantes indocumentados.
Salvo contadas excepciones, la información sobre los contribuyentes se mantenía aislada de otras agencias gubernamentales, y eso se ganó cierta confianza entre muchos migrantes indocumentados. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, el esfuerzo por encontrar la mayor cantidad de migrantes posible para que sean deportados hizo que el gobierno tratara de explotar esa confianza.
El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al ICE, solicitó por primera vez la ayuda del IRS a principios de 2025, poco después de que el presidente Trump regresara a la Casa Blanca y lanzara su campaña de deportación masiva. En un principio, el IRS se mostró reticente a la solicitud, que pedía información sobre unos 700.000 migrantes. Varios altos funcionarios del IRS dimitieron porque temían que colaborar con el ICE para detener a migrantes pudiera ser ilegal.
Sin embargo, el ICE no cedió y, en primavera, la agencia había llegado a un acuerdo para obtener información del IRS, que había pasado por una serie de dirigentes y había sufrido un éxodo de empleados de carrera.
Durante el verano, el ICE buscó las direcciones de unos 1,3 millones de migrantes, y el IRS entregó información sobre unos 47.000 de ellos antes de que los jueces federales ordenaran el cese de la práctica.
“Está enviando el mensaje a los migrantes indocumentados y a las familias con estatus mixto de que estar en la sombra es más seguro”, dijo Louis DeSipio, politólogo de la Universidad de California en Irvine.
El IRS no respondió a una solicitud de comentarios.
John Koskinen, quien fue comisionado del IRS de 2013 a 2017, dijo que las posibles consecuencias de compartir datos fiscales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) eran evidentes.
“Nuestro trabajo consistía en recaudar los impuestos adeudados, no en hacer cumplir las leyes de migración”, dijo Koskinen. “Ese era el trabajo del DHS Y para mí estaba claro que, si los migrantes pensaban que se iba a compartir su información, muchos dejarían de presentar sus declaraciones de la renta”.
Brian Pastori, que ayuda a los migrantes indocumentados a presentar la declaración de la renta en New Bedford, Massachusetts, dijo que el año pasado notó por primera vez un descenso de las declaraciones, después de que se conociera la noticia de que el ICE estaba solicitando información al IRS. “El año pasado tuvimos un descenso significativo, y no nos hemos recuperado”, dijo Pastori, que es subdirector del Centro de Desarrollo Económico Comunitario del Sureste de Massachusetts.
“El daño ya está hecho”, dijo.
Unos 14 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos en 2023, la última estimación disponible, y alrededor del 70 por ciento de ellos formaban parte de la población activa, según el Centro de Investigación Pew, un grupo de reflexión no partidista.
Desde la creación del ITIN en 1996, el IRS ha emitido 31 millones de ellos; unos cinco millones estaban activos en octubre de 2025. En 2022, unos 3,8 millones de declaraciones de la renta incluyeron al menos un ITIN, y esas declaraciones supusieron unos 17.000 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta ese año, según datos del IRS.
No todos los titulares de un ITIN son migrantes indocumentados. Algunos son estudiantes extranjeros u otros no ciudadanos que tienen la obligación de declarar impuestos porque obtienen ingresos en Estados Unidos.
Muchos de los migrantes indocumentados trabajan en empleos en los que se retienen impuestos en cada nómina. Pueden haber utilizado un número de la Seguridad Social falso, caducado o robado para obtener ese empleo, pero utilizan el código de nueve dígitos que les proporciona el IRS para documentar sus pagos de impuestos.
Para esos trabajadores, presentar la declaración supone la oportunidad de recibir un reembolso si pagaron demasiados impuestos, y eso puede representar un impulso para los presupuestos familiares.
Ahora, algunas de esas familias se lo van a perder, dijo Luz Arévalo, abogada que presentó una demanda para bloquear el intercambio de información sobre los contribuyentes en nombre del Centro de Desarrollo Económico Comunitario del Sureste de Massachusetts y otros grupos.
“La gente está renunciando a las devoluciones, y a menudo se trata de dinero que han ingresado”, dijo Arévalo.
Otros migrantes indocumentados pueden cobrar en efectivo, de forma extracontable, o trabajar como contratistas independientes, por lo que no se les habrán deducido impuestos a lo largo del año. Si deciden no presentar declaración, no pagarían impuestos.
Los migrantes indocumentados ya estaban excluidos de la mayoría de las ventajas fiscales federales, como el crédito fiscal por ingresos del trabajo. Pero la ley fiscal republicana del año pasado suprimió la desgravación fiscal por hijos, a la que podían acogerse las familias si un hijo era ciudadano estadounidense.
En Huntington Park, una ciudad predominantemente latina del condado de Los Ángeles, hace poco unos carteles anunciaban oficinas de preparación de impuestos entre tiendas de vestidos de quinceañera y taquerías.
La zona fue objeto de grandes redadas migratorias el año pasado, incluida una en la que Kristi Noem, quien en ese entonces era la secretaria de Seguridad Nacional, se presentó a observar.
Javier Oviedo es propietario de Ov Professional Services, uno de los varios preparadores de impuestos que reportaron un fuerte descenso del negocio. “Tenemos clientes que se han autodeportado”, dijo.
Organizaciones sin fines de lucro como United Ways of California, que pone en contacto a trabajadores de bajos ingresos con centros de preparación de impuestos como el de Koreatown, y grupos como el National Immigration Law Center se han visto inundados de preguntas sobre lo que deben hacer los migrantes esta temporada de impuestos.
“Nunca habíamos recibido tantas preguntas ni habíamos visto este nivel de preocupación y confusión”, dijo Ben D’Avanzo, estratega principal del Centro Legal de Inmigración.
En su sitio web, la organización sin fines de lucro ofrece algunas orientaciones: “Si el ICE ya tiene tu dirección, la declaración no aumenta tu riesgo”.
“No tienes que presentar una declaración de la renta a menos que tus ingresos superen el mínimo de declaración o debas impuestos por cuenta propia”, dijo, “pero presentar la declaración de la renta puede ayudarte si piensas solicitar la tarjeta de residencia o la ciudadanía”.
La última vez que se presentó en el Congreso un proyecto de ley de inmigración bipartidista, exigía una prueba de “buen carácter moral” para obtener la residencia permanente. Y la última amnistía de inmigración, en 1986, exigía que los solicitantes demostraran que habían vivido y trabajado en Estados Unidos durante varios años.
María García, que vende cosméticos y ropa en un puesto del centro de Los Ángeles, está entre quienes han decidido no presentar la solicitud.
“En todos los años que llevo en este país, nunca había experimentado lo que está ocurriendo ahora”, dijo García, quien lleva más de 30 años viviendo en Estados Unidos. A principios de este año, evitó por poco ser detenida durante una redada contra vendedores ambulantes.
“Toda mi vida está aquí. Mi anciana madre está aquí. Mis dos hijos están aquí. No quiero separarme de ellos”, dijo García.
En la clínica fiscal de Koreatown, muchos migrantes dijeron que sentían el deber de cumplir la ley.
“Quiero demostrar que soy íntegro”, dijo Manuel Aranguiz, técnico informático sudamericano, después de declarar sus impuestos. “Espero que algún día uno de mis hijos pueda ayudarme a obtener la tarjeta verde”.
Los Quebedo completaron su declaración hacia las 8 de la tarde, y la metieron en el bolso marrón de Quebedo junto con años de declaraciones anteriores.
“Lo pensamos mucho antes de venir”, dijo Quebedo.
Su devolución prevista: menos de 200 dólares.
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