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Apenas habían pasado algunos minutos desde que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la disolución del Congreso cuando Rafael Correa, asilado en Bélgica, salió a calificar la movida como un golpe de Estado.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución”, dijo en Twitter. Más temprano, el mandatario ecuatoriano había decretado el mecanismo conocido como “muerte cruzada”, por grave crisis política y conmoción interna.
Pese a que para Correa el decreto de Lasso fue una escapatoria del juicio político que el presidente conservador venía enfrentando, también es “la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”.
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Se refiere a que con la “muerte cruzada” tanto Lasso como los asambleístas deben salir de sus cargos, pues es necesario convocar a elecciones anticipadas. Hasta el 24 de mayo hay plazo para que la autoridad electoral anuncie la fecha de los comicios, que deben hacerse este año.
¿Fue un golpe de Estado?
No es solo el correísmo el que ha criticado la medida de Lasso. El martes, Esteban Torres, líder opositor del Partido Social Cristiano, presentó una demanda a la Corte Constitucional por la decisión del jefe de Estado.
“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República que, ilegítima e inconstitucionalmente, disuelve la Asamblea Nacional”, explicó Torres.
Algunos analistas coinciden en que el mecanismo aplicado, puesto en marcha en 2008, precisamente durante el gobierno de Rafael Correa, es legítimo, pero que, sin duda, se aplicó para escapar del juicio político en la Asamblea, de mayoría opositora.
“Es una estrategia arriesgada de Lasso porque es pedirle a la población renovar los cargos legislativos y el ejecutivo sabiendo que no cuenta con la mayoría en la aprobación popular”, dice Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Y agrega: “Es la última apuesta porque está contra la pared. La figura le permite escapar del juicio político, pero con un costo político muy alto porque es posible que no sea elegido ni que su partido logre obtener más escaños para su bancada y, así, mayor gobernabilidad”.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, con lo sucedido queda demostrado que la Constitución funciona, pero señala que el espíritu de la “muerte cruzada” no se está “respetando”.
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¿Gana el correísmo?
Ahora: ¿lo que ha sido leído como un suicidio político para Lasso es realmente una victoria para el correísmo o la oposición, mayoritaria en el Legislativo?
Para González, de la Universidad Javeriana, “es una oportunidad para el correísmo de volver, hacerlo mejor que Lasso y decirles a los ecuatorianos que el giro a la derecha no fue lo más correcto en términos políticos y electorales”.
En esto, no hay que olvidar que, con un Guillermo Lasso desgastado, la oposición barrió en las más recientes elecciones locales: Revolución Ciudadana (partido de Correa) se quedó con Quito y Guayaquil, así como con las prefecturas de siete de las provincias más pobladas.
“Lasso terminó siendo víctima de su propia victoria al asumir un gobierno cuando llegó el COVID, se incrementaron las tasas de homicidios y la incidencia de los grupos criminales”, señala González. De otro lado, el correísmo viene “mucho más preparado”.
Pero no todos lo ven así. Para Jaramillo, “no es una victoria total para la oposición porque llegaría a gobernar un periodo relativamente corto y cuando ocurran las elecciones según el calendario electoral corren el riesgo de tener un desgaste de un año o un año y medio, que puede terminar pasando factura en las urnas”.
El analista se refiere a que, con la muerte cruzada, las elecciones anticipadas se convocan para terminar el mandato actual, que termina en 2025, cuando tendrá que haber un nuevo llamado a las urnas.
Es verdad que quien llegue a gobernar tendrá que lidiar con los problemas del país, que no se resolverán de la noche a la mañana. La seguridad, por ejemplo, es uno de los problemas más críticos, con una disparada solo en la tasa de homicidios de un 83 % entre 2021 y 2022.
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Por otro lado, hay que recordar que Correa es requerido por la justicia ecuatoriana por una condena de ocho años de prisión por el llamado “caso sobornos”. Sin embargo, aspira a que su caso sea revisado por Naciones Unidas y así, según analistas, seguir la senda de Lula da Silva en Brasil.
Por el momento, la relativa solidez del correísmo opositor podría llevarlos de nuevo al liderazgo del país, “no con la figura de Correa, pero sí con otros candidatos”, señala González.
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