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Este miércoles 23 de agosto la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua fue anulada por el gobierno de Daniel Ortega. Por medio de La Gaceta, el diario oficial del gobierno nicaragüense, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, alega que los jesuitas no cumplen con sus obligaciones de acuerdo con la ley.
De acuerdo con la ministra, los jesuitas no reportaron sus Estados financieros en 2020, 2021 y 2022, y tenían una Junta Directiva vencida desde el 2020. El texto determina que con estas acciones la Compañía de Jesús no promueve “políticas de transparencia en la administración y manejo de la Asociación, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acordes a sus objetivos y fines”.
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Con la orden del Ministerio de Gobernación, los bienes de los jesuitas serán traspasados al Estado de Nicaragua. Los colegios Loyola y Centroamérica, así como las escuelas de Fe y Alegría, serán confiscados por el gobierno.
El 18 de agosto, un juez había ordenado la confiscación de los bienes de la Universidad Centroamericana de Managua (UCA), una institución educativa jesuita, por acusaciones de ser “un centro de terrorismo, que organiza grupos criminales”. Todos los bienes de esta serían traspasados al gobierno.
El día siguiente, la policía allanó la casa residencial de los jesuitas en Managua, argumentando que la vivienda era propiedad del Estado de Nicaragua. Aunque los religiosos mostraron las escrituras de la propiedad, los agentes les ordenaron abandonar la casa, de acuerdo con un comunicado publicado por la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
La respuesta internacional
La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) publicó una carta en la que condenan la “acción injusta e ilegal” tomada por el gobierno nicaragüense para incautar y confiscar los bienes de la UCA.
“Nos unimos a la Provincia Centroamericana para hacer una petición al Gobierno de Nicaragua para que deje sin efecto su injusta y drástica orden, cese la creciente agresión gubernamental contra la Universidad y sus miembros, y se busque una solución raciones en la que prevalezca la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad académica”, dice la carta de la IAJU.
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Asimismo, la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia, rechazó en un comunicado las acciones del gobierno de Ortega, que cercenan el trabajo de los jesuitas en Nicaragua. En ella, destacan el “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, lugar de la memoria del país y la región; así como con centros y programas de investigación en biología, reducción de la pobreza, brechas de género y el desarrollo industrial”.
El gobierno colombiano emitió una nota de protesta ante el cierre de la UCA, frente a la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense señaló que rechazaba “categóricamente la posición intervencionista (…), expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados, por la Cancillería Colombiana”.
Contra la iglesia católica
Martha Patricia Montenegro, abogada y defensora de derechos humanos, escribe en su libro Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? que desde el 2018, el gobierno orteguista ha emprendido 529 ataques contra la Iglesia, entre los que se encuentran amenazas de muerte a sacerdotes, asedios y asaltos a parroquias, y medidas de prohibición contra las celebraciones de la fe católica. Los feligreses e integrantes de la Iglesia en Nicaragua han sido esenciales para denunciar las injusticias y violaciones a derechos humanos por parte de la dictadura orteguista.
Uno de estos casos es el de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien denunció las faltas del Ministerio de Salud para atender a enfermos de covid-19. Álvarez fue hostigado y “secuestrado” por las autoridades en la Curia Arzobispal de Matagalpa. Lo condenaron a más de 26 años de cárcel por “traición a la patria”. Ortega lo llamó un hombre “desquiciado, energúmeno y rabioso” por negarse a ser exiliado a Estados Unidos.
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“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseguró el papa Francisco en una entrevista en marzo.
El papa también ha condenado las medidas que Daniel Ortega ha tomado contra la Iglesia católica, entre las que están haber echado al representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stalislaw Sommertag, prohibir las procesiones de Semana Santa y congelar las cuentas bancarias de la Iglesia.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que se compone de organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos, entre el 20 de junio y el 31 de julio de este año, un sacerdote y 10 personas que pertenecen a ONG católicas o a la feligresía fueron capturados por motivos de persecución política. Según Molina, 77 religiosos han abandonado el país.
Tanto Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo han hecho comentarios despectivos sobre la Iglesia católica y sus integrantes, a los cuales llaman “manipuladores” en sus intervenciones oficiales diarias en medios. “Los obispos, los curas, los Papas son una mafia. Miren cuántos crímenes han cometido. Crímenes por tener regulaciones absurdas”, dijo el presidente en un mitin político.
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