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Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, cumple siete meses en el cargo, suficientes para haber presenciado y digerido la desoladora realidad de la región: todo el continente está en crisis. En entrevista con El Espectador, a propósito de su visita a Bogotá para publicitar la campaña #BuscarSinMiedo, que reconoce a las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, habló sobre los desafíos generales para la región.
¿Cuál ha sido la escena más impactante para usted en los siete meses de trabajo como directora de Amnistía Internacional para las Américas?
No es una pregunta fácil. Lo que más nos ha preocupado como equipo en Amnistía Internacional para las Américas es la tendencia al cierre del espacio cívico en muchos países de la región. Incluso en naciones que no esperábamos, las organizaciones de la sociedad civil están siendo atacadas y, en algunos casos, se están creando leyes que dificultan su funcionamiento.
Menciona que incluso hay amenazas en naciones donde no las esperaban, ¿a qué países se refieren?
No sé si se puede calificar como una sorpresa, pero en el caso de Perú ha habido protestas masivas desde hace un año, que han derivado en una represión brutal, con muertes y el uso de la acción militar, no solo policial. En julio de este año, publicamos un informe en el que afirmamos que se debería investigar la responsabilidad penal de toda la línea de mando, hasta la presidenta Dina Boluarte, por esos crímenes. Ese informe llevó a una estigmatización de las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas que protestan. Entonces, no es exactamente una sorpresa, pero ha habido una deriva hacia una represión cada vez más brutal.
El caso más preocupante es el de Venezuela. Hace solo una semana tuvimos una nueva legislación que sirve como otro mecanismo represivo contra la oposición. Las críticas de los gobiernos vecinos fueron casi nulas. ¿Por qué tanto silencio?
Nosotros en Amnistía Internacional hemos intentado exponer esta situación, especialmente desde las elecciones. El debate internacional ha girado en torno a la legitimidad de las elecciones y al aspecto político relacionado. Lo que hemos intentado resaltar es que, sin desmerecer la importancia de ese debate, hubo una nueva oleada represiva en el contexto de una crisis de derechos humanos y humanitaria que ya venía desde hace años. Más de 20 personas han muerto y más de 2.000 han sido detenidas, con denuncias de tortura, incluso niños de 15 a 16 años fueron torturados. Eso de alguna manera se ha empezado a invisibilizar. Hemos documentado estos casos y estamos impulsando dos vías de justicia internacional: la investigación de la Corte Penal Internacional y la que se inició en Argentina, basada en la jurisdicción universal por los probables crímenes de lesa humanidad cometidos, sobre los que hay elementos para probarlos. Es fundamental que se siga visibilizando esta situación y que la comunidad internacional ponga el acento en eso y proteja a la sociedad civil que sigue defendiendo los derechos humanos en Venezuela.
¿Cuál es el peor escenario para los migrantes: el endurecimiento de las barreras como en México, donde los militares, que no están capacitados para labores migratorias, ahora tienen esas competencias, o el retroceso y abandono de los mecanismos de ayuda, como en el caso de Colombia, que hace unos años era pionera en la cooperación?
No sabría decir qué es peor. Son dos ejemplos extremos de su realidad. Y peor aún: muchas de estas personas son solicitantes de asilo, no solo migrantes. Están huyendo de catástrofes en sus países. Eso es algo que se ha dejado de reconocer y se les trata como a migrantes, cuando no tienen la posibilidad real de volver a sus países de manera segura. Entonces, cuando, por una parte, tienes una legislación que no reconoce eso y no les da soluciones expeditas para acceder a las protecciones que les corresponden como solicitantes de asilo, y por otra tienes estas medidas represivas y militarizadas en todas las fronteras de la región, la situación se ve muy compleja. Y volviendo a la elección de Donald Trump, esto empeora todo. Su idea de deportaciones masivas solo va a poner en riesgo a más personas y aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos, siendo las mujeres doblemente afectadas porque si no encuentran protección al ser mujeres, mucho menos como solicitantes de asilo.
Hablando de elecciones, ¿qué significaría para la región la reelección de Nayib Bukele?
El pasado diciembre sacamos un informe muy completo de toda la gama de violaciones a derechos humanos que pudimos documentar en el contexto del gobierno de Nayib Bukele. La mayor preocupación es que cuando se alza el modelo Bukele como algo positivo, porque dice que permitió controlar la delincuencia o dar mayor seguridad a la población, se olvida que parte esencial de ese modelo ha sido detener masivamente a personas sin juicio justo y que muchos de ellos viven en situación de pobreza, vulnerables desde diferentes puntos de vista, y quienes eran además los más vulnerables a la violencia de pandilla, solo que ahora son también vulnerables a la violencia del Estado. Parte de su modelo también ha sido desdibujar el sistema de pesos y contrapesos, que permite que el Estado tenga un control de lo que hace y que haya transparencia. Entonces, conseguir sus objetivos de seguridad a costa de los derechos humanos de la población es un camino que no es sostenible y que a la larga pone en riesgo a la población también. Nos preocupa que en un nuevo gobierno de Bukele es que haya una profundización de todo esto.
Ha mencionado algo clave: la exaltación de la mano dura. Bukele es extremadamente popular, lo que contribuye al mito de que a la sociedad le gusta esa dureza. Sin embargo, no miden las consecuencias de lo que ese camino significa. ¿Por qué ha sido tan popular el autoritarismo?
No es una respuesta fácil. Partamos de que los niveles de violencia e inseguridad en estas sociedades son altísimos. Es de alguna manera esperable que las personas busquen soluciones para tener una vida tranquila y poder salir a la calle, cuando gobiernos anteriores no le han dado respuesta a eso. Esto deja a la población en una situación muy compleja porque quieren soluciones. Ahora, si la única solución que se les pone sobre la mesa es una en la que se violan los derechos humanos, ¿qué hacen? No es que necesariamente la población quiera renunciar a los derechos humanos, es que simplemente no ven otras soluciones. Y ahí es desde donde tenemos una tarea desde la sociedad civil y la clase política que cree en los derechos humanos de construir soluciones que de verdad muestren que los derechos humanos son parte de la seguridad. Que sin derechos humanos tampoco vamos a tener seguridad. Si te van a detener porque vives en cierto sector o porque tienes tatuajes, sin importar las pruebas, tampoco vas a tener seguridad. Pero lo que pasa con modelos como el de Bukele es que pones a la gente en la necesidad de elegir: o sacrificas tus derechos humanos o no tienes seguridad. Y esta es una dicotomía que no debería existir.
En este contexto, cuando nos ponen esa dicotomía, la desinformación es muy importante. ¿Han investigado cómo las campañas de estos gobiernos autoritarios operan en línea?
Hemos mirado el rol de las redes sociales en la estigmatización de personas. Por dar un ejemplo, encontramos en Venezuela que cuando aumentaba la estigmatización en redes sociales por parte de cuentas asociadas al Estado, en contra de defensores de derechos humanos, al poco tiempo esto se traducía en ataques físicos a esas personas. Hay una correlación entre lo que ocurre en el mundo digital y en cómo eso se traducía en el mundo real. El mundo de las redes sociales va minando el discurso de derechos humanos de distintas formas.
Hemos hablado de muchas crisis: todo el continente tiene problemas. ¿Qué se nos escapa? ¿En qué más están trabajando?
Se me ocurren varias cosas. Lamentablemente, son muy pocos los países que no viven una situación parecida a una crisis. En Centroamérica, por ejemplo, no hemos mencionado a Nicaragua, un gobierno con prácticas autoritarias históricas. Hay una persecución a fiscales que investigaban casos de corrupción en Guatemala. En Honduras también se está avanzando hacia medidas autoritarias, y en Cuba el régimen continúa violando derechos humanos y hay personas presas por motivos políticos. En Sudamérica, la situación en Perú y Ecuador también está siendo monitoreada, especialmente con las elecciones del próximo año.
Tenemos un panorama pesimista…
Aunque no es un buen momento para la región, para terminar con una nota optimista he visto en todos los países, sin excepción, que hay muchas organizaciones de la sociedad civil defendiendo los derechos humanos con una resiliencia impresionante. Esto nos da esperanza.
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