ONU pide a Corte Suprema venezolana que reconsidere su decisión

El organismo, en cabeza de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que la separación de poderes «es fundamental para que funcione la democracia».

AFP
31 de marzo de 2017 – 10:07 a. m.
Los estudiantes participaron de una protesta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas. /AFP
Los estudiantes participaron de una protesta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas. /AFP

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que «reconsidere su decisión» de asumir los poderes del parlamento. (Lea: Venezuela, ¿un callejón sin salida?)

“Exhorto firmemente a la Corte Suprema a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia», añadió Zeid. (Lea también: Crisis en Venezuela: Colombia ordena regreso de embajador en Caracas)

En la noche del miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retiró las competencias de la Asamblea Nacional y la inmunidad parlamentaria de sus miembros, argumentando que la institución se encontraba en desacato. 

Zeid «tomó nota» asimismo del involucramiento regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la situación en Venezuela.

Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Canadá y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, Panamá y Guatemala) también han denunciado la decisión de la corte venezolana. (Lea: Colombia rechaza que Tribunal Supremo de Venezuela asuma funciones de Parlamento)

“Las continuas restricciones a las libertades de movimiento, asociación, expresión y protesta pacífica no sólo son profundamente preocupantes sino contraproducentes en un país extremadamente polarizado que sufre una crisis económica y social”, puntualizó Zeid. 

El gobierno de Nicolás Maduro desató una avalancha de críticas de la comunidad internacional por la medida, calificada como un «golpe de Estado» por la oposición venezolana.

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