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Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”.
La decisión, que fue tomada por la jueza Baloísa Marquínez, analizó «la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte», dijo en un comunicado el Órgano Judicial (OJ) de Panamá.
“Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad”, precisó el OJ.
La orden de detención hacia Martinelli era esperada tras la sentencia a más de 10 años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales. Fue luego de que la condena quedara en firme que el expresidente solicitó el asilo alegando que además de ser un perseguido político hay un plan desde el Gobierno para asesinarlo.
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Ese asilo concedido por Nicaragua fue condenado por Estados Unidos ya que, según dijo en redes sociales el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, esta es otra medida del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para “socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia”.
La familia Martinelli ha enfrentado la Justicia estadounidense: los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, confesaron en Estados Unidos haber blanqueado 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y, tras pagar cárcel por ello, fueron deportados a Panamá el año pasado, una situación similar a la de su padre en 2018, cuando fue extraditado tras pasar un año preso en el país norteamericano por el caso ´Pinchazos´, del que fue absuelto dos veces en Panamá.
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Tras la deportación de los hijos del expresidente, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Martinelli prohibiéndole la entrada a territorio estadounidense, así como a sus familiares, y lo acusó de estar involucrado en “corrupción a gran escala”.
En cuanto a la inhabilitación política de Martinelli, que tenía previsto presentarse como candidato presidencial a las próximas elecciones del 5 de mayo con muchas posibilidades de victoria según las encuestas, el Tribunal Electoral había aclarado que una vez tuviera la copia de la sentencia en firme contra el exmandatario, se procedería “al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establece la Constitución”.
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