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Más de 30 organizaciones de la sociedad civil en Bolivia solicitaron al Estado colombiano adoptar medidas de protección para los manifestantes durante las protestas que se desarrollan en el país. Las solicitudes también están dirigidas a la Fuerza Pública para “ejercer su rol constitucional de brindar las condiciones de seguridad para que las mayorías descontentas y desesperadas por la pobreza, la enfermedad y el conflicto encuentren condiciones para manifestarse pacíficamente”.
“Pedimos al señor presidente Iván Duque que tome todas las medidas necesarias para detener el baño de sangre que Colombia está viviendo, y en ese sentido ordene cesar de inmediato las acciones de represión armada de la protesta pacífica y la militarización de las ciudades”, sostienen las organizaciones.
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Este miércoles 5 de mayo se cumple una semana desde que empezaron las protestas convocadas por el Comité de Paro Nacional. Pese a que el presidente Iván Duque decidió retirar la propuesta de reforma tributaria el domingo, y el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo, un gran sector de la población sigue inconforme con muchas medidas tomadas hasta ahora. La Defensoría del Pueblo entregó un balance de 24 fallecidos en las últimas seis jornadas de protestas. Mientras que la cifra que emitió el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es de 31 muertos.
“Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía (…) son parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. En este sentido, es inaceptable el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública”, se lee en el comunicado emitido por organizaciones bolivianas como el Instituto de Desarrollo Humano (IDH), la Fundación Colectivo Cabildeo, y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
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“Nos preocupan las denuncias sobre intervención del Ejército Nacional en los escenarios de protesta como ocurrió en el oriente antioqueño, en el municipio de Bello (Antioquia) y en Cali, a donde fueron enviados, según palabras del propio Ministro de Defensa, 300 soldados, así como en anuncio hecho por el presidente de la República de militarizar las ciudades”, se lee en el documento. Cali ha sido la ciudad donde más manifestaciones y problemas de orden público se han presentado. En total, 16 personas han muerto en la ciudad, uniendo las cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo y por la Alcaldía de la ciudad.
Las organizaciones bolivianas pidieron a los partidos políticos, los gremios y a las iglesias “reforzar sus acciones para convocar al gobierno a tomar medidas en favor de la dignidad de la vida y que se abstengan de emitir declaraciones estigmatizantes”. También rechazaron la violencia: “a las mayorías que intentan acciones violentas como vehículo de protesta para crear confusión y deslegitimar la protesta legítima, para sus acciones, incluidas aquellas que se hacen a través de las redes sociales. La violencia genera violencia. Esta lección sufrida en tantos años de conflicto tiene que aprenderse”.
Rechazo internacional
A Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado y otras organizaciones que ya se pronunciaron en contra de los abusos policiales y los hechos de vandalismo en varias ciudades de Colombia, se suman otras voces que piden respetar la protesta.
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Jessica Ramos, la senadora estatal por Nueva York, de origen colombiano, aseguró en su cuenta de Twitter: “Despertar para ver graves violaciones de derechos humanos en Colombia, especialmente en Palmira y Cali, donde vive la familia de mi padre. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) está siendo acusado de matar al menos a 35 personas, 31 personas están desaparecidas, cientos detenidas y una mujer violada”.
Mientras que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la vulneración de derechos humanos en ciudades como Cali. “Expresamos nuestra solidaridad con aquellos que han perdido sus vidas, o han sido heridos, así como con sus familias”, manifestó.