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Hace pocas semanas se escuchó decir en boca de Daniel Ortega que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua, y lo hizo, según dijo en medio del aniversario número 47 de la Revolución Sandinista, para que la oposición no intente “atrapar el poder”. La reforma constitucional impulsada por el régimen debe iniciar en septiembre y, a la par, los disidentes, muchos de ellos en el exterior, presentaron un plan para la transición de la dictadura hacia la democracia. Ahí se habla de un equipo técnico transitorio con poderes del Ejecutivo y el Legislativo, de la formulación de una nueva Constitución, de comicios y del restablecimiento del Estado de derecho, entre otros asuntos más, en un momento en el que dentro del país la represión continúa, pero que a nivel internacional algunos ven en las acciones de Estados Unidos en Latinoamérica un termómetro de lo que podría suceder con Managua.
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“El intento del régimen para cercenar y terminar de sepultar los últimos vestigios de la democracia es un show político de la dictadura”, aseguró Alfredo Gutiérrez, exdiputado y actual coordinador de Liberales Nicaragua, una de las organizaciones detrás de la hoja de ruta propuesta para una transición pensada de 24 meses: “Ellos van a continuar en esa línea, pero lo que nos queda a nosotros es la lucha desde el exilio y la articulación de las bases sociales que aún tenemos dentro del territorio, a través de un mecanismo sigiloso que evite que vayan a la cárcel o que sean asesinadas”.
El panorama no es fácil. De hecho, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) manifestó en un análisis publicado esta semana que en Nicaragua la dupla de Ortega y su esposa Rosario Murillo, que es copresidenta del país, ha intentado imponer una “dictadura dinástica” desde hace años. Para ello reformaron la Carta Magna, con la idea de subordinar a la Presidencia todos los poderes del Estado, además de los gobiernos municipales y regionales, y limitaron el derecho de los ciudadanos para postularse a cargos públicos si se les considera “traidores a la patria”. Eso, más el reciente anuncio de poner fin a las elecciones, es “mucho más grave porque sienta un precedente para Latinoamérica y para el resto del mundo”, aunque desde hace tiempo se ha alertado sobre cómo los procesos electorales nicaragüenses han dejado de ser competitivos, transparentes y justos.
Para el Cetcam, además, “la comunidad internacional, especialmente el hemisferio americano, tiene una responsabilidad ineludible: respaldar decididamente los esfuerzos de toda la sociedad nicaragüense para restablecer la democracia o asumir lo que le corresponde por haber permitido que una nueva dictadura familiar se instalara en América”. Algo parecido mencionó Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político y coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, quien cree que en el campo internacional es donde la oposición tiene margen de acción. Debido a ello, celebró la decisión de este miércoles de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de aprobar la reunión de cancilleres para actuar ante la suspensión de las elecciones en el país centroamericano: “Con eso estamos contrarrestando la ofensiva diplomática de la dictadura de haberse salido de ahí. Perdió, entonces, el objetivo de ser ignorada”.
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El plan de la oposición contempla la liberación inmediata de los presos políticos, el restablecimiento de libertades y derechos, la reorganización de las instituciones electorales y judiciales, y el desmontaje de las estructuras represivas. También que personas vinculadas al régimen, excepto aquellas que hayan sido acusadas y condenadas por delitos comunes, que estén vinculadas a violaciones a los derechos humanos o que estén afiliadas a cuerpos militares, policiales o paramilitares señalados por crímenes de lesa humanidad, sean parte del equipo técnico de la transición nacional. Eso, de acuerdo con lo dicho por Chamarro, parte de la premisa de que “la vida de ellos puede seguir en Nicaragua”. Es, en el fondo, un mensaje político “que busca generar dudas ante el proyecto dinástico que prácticamente no tiene solución de continuidad”.
Gutiérrez aseguró que están a la espera de una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que prevé que sea en las próximas semanas, y confesó que el proyecto de transición ve en el gobierno de Donald Trump, y específicamente en su agenda frente a Latinoamérica, una oportunidad. Chamorro, por su parte, está a la espera de saber qué va a pasar con Cuba, que está asfixiada por el bloqueo y las sanciones estadounidenses: “Eso será un buen indicador”. Él no cree que algo como lo del 3 de enero en Venezuela se repita en su país, pues “ya no aplicaría el factor sorpresa”. Aunque distintas voces han dicho que el ataque que culminó en el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro debilitó el orden internacional, concluyó que su preocupación “es el sufrimiento del pueblo nicaragüense, producto de la dictadura que busca mantenerse dinásticamente en el poder”.
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