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El 55% de los 14,3 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, el 49% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, no hay inversión en proyectos sólidos de educación, salud, infraestructura y vivienda. Los niveles de desempleo son altos, pero lo son aún más los de la inseguridad, con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, justo el viernes, un día antes de que el general Otto Pérez Molina asumiera la Presidencia de Guatemala, un diputado electo, Óscar Valentín Leal, fue asesinado a tiros por sicarios.
Según testigos, hombres en motocicletas dispararon contra el vehículo en que viajaban el diputado, su hermano Érick y un policía de seguridad personal, quien resultó herido, en pleno centro histórico de Ciudad de Guatemala, a escasos metros del edificio del Congreso.
“Lamentamos muchísimo que estas situaciones se estén dando, por la violencia e inseguridad que no respeta a nadie. Es parejo lo que se está dando en todos lados”, aseguró Pérez, con el compromiso de combatir con mano dura el crimen organizado, que convirtió el país en uno de los más violentos del mundo.
Pérez asume con una promesa difícil de cumplir: tras cuatro años de gobierno de Álvaro Colom, el militar prometió que en los primeros seis meses reducirá la pobreza, pero sobre todo la inseguridad. Un tema muy complicado, dicen políticos del país, teniendo en cuenta que según el Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), América Latina es la región del mundo con más violencia y que Centroamérica vive la peor situación con un promedio de 33,3 homicidios por cien mil habitantes.
Para analistas de Guatemala, los países que sufrieron guerras civiles en las últimas décadas del siglo pasado son los que están siendo agobiados hoy por la pobreza y la violencia del crimen organizado y las pandillas. El próximo lunes 16, El Salvador conmemorará el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz con que terminó su guerra civil y Guatemala celebró, el 29 de diciembre pasado, los 15 años de sus convenios de pacificación.
“Ninguno de estos países supo cómo tratar el tema de las maras (pandillas) y del narcotráfico, el problema creció y ahora está desbordado”, explicó Miriam Pérez, del Centro de Estudios centroamericanos.
Pérez también exigió a la Fiscalía una investigación y rechazó datos dados por Colom, quien sostiene que en cuatro años de gestión disminuyó la tasa de homicidios. Bajo fuertes medidas de seguridad, que incluyen a 2.000 policías apoyados por militares, Pérez tomará posesión en un polideportivo ubicado en el sur de la capital, con la presencia de diez jefes de Estado.
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