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La pasada Navidad, decenas de ecuatorianos que regresaban al país por la temporada de fiestas vieron cómo los zapatos, prendas, joyas, celulares y otros objetos, que ellos insistían eran “regalos para sus familias”, fueron incautados por la Aduana Nacional (Senae). La entidad recalcó entonces que había un incremento desproporcionado en la cantidad de mercancías que los viajeros intentaban ingresar al país, superando “lo permitido para uso personal y familiar, y evidenciando que esta mercancía tenía otro fin”.
Por entonces la noticia pasó casi inadvertida, y la cantidad de operativos e incautaciones fue tomada por medios locales como circunstancial, debido al flujo de viajeros por la temporada. Pero Alfredo Velazco, director de Usuarios Digital, observó algo más inquietante. En mayo de 2025 el Senae y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) firmaron un contrato con Palantir Technologies, la compañía que más preocupación causa en activistas de seguridad en la región, debido a su creciente poder global.
Como bien explica Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales de Chile, Palantir es una de las compañías líderes en el procesamiento y análisis masivo de datos. No los recolecta propiamente. Esa es una tarea que ya hacen los gobiernos a través de toda la información que como ciudadanos les entregamos: registros de salidas y entradas del país, historiales médicos en el sistema de salud pública, transacciones financieras, registros vehiculares e incluso interacciones en redes sociales. Lo que hace Palantir es, mediante sus plataformas de software como Gotham o Foundry, conectar esos miles de millones de puntos de datos dispersos e inconexos que habitan en los servidores estatales para sacar conclusiones.
El sistema limpia, organiza y fusiona esa información para crear un perfil hiperdetallado en tiempo real de individuos o redes enteras. A través de algoritmos de inteligencia artificial, la herramienta no solo permite a las autoridades rastrear patrones de comportamiento del pasado, sino también predecir conductas futuras. En el caso de la aduana ecuatoriana, el software podría ser capaz de cruzar la frecuencia de viajes de un ciudadano con sus declaraciones de ingresos y sus conexiones familiares para alertar, de forma automatizada, qué viajero tiene una alta probabilidad de estar ingresando contrabando, convirtiendo la burocracia estatal en una máquina de vigilancia de precisión quirúrgica.
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Por ahora el gobierno ecuatoriano no ha admitido que haya ejecutado los programas de Palantir en sus operaciones de aduanas. Todo lo relacionado con el contrato, como explica Velazco, ha sido opaco. Ante las dudas de cómo hace el Senae sus operaciones, su director, Sandro Castillo, dijo que la agencia “cuenta con mecanismos de trazabilidad y control sobre las compras realizadas en almacenes Duty Free, tal como lo establece la ley. Esta información se integra a los sistemas de control aduanero, permitiendo realizar cruces de información y análisis posteriores. Gracias a estos registros oficiales, el Senae identificó estos casos”.
“No hay pruebas, pero tampoco dudas, como dice el dicho, de que están usando Palantir para procesar toda esa información”, dice Velazco.
Luego de Ecuador siguió Argentina. El dueño de la compañía, Peter Thiel, compró una megamansión en el mejor barrio de Buenos Aires, y hasta fue al superclásico. Se reunió con el asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, buscando concretar un contrato para la modernización de los sistemas de inteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional y en la digitalización de la seguridad fronteriza. Luego vino Chile. Thiel sostuvo encuentros con figuras claves del nuevo gobierno, cuyos detalles se desconocen. Y la semana pasada fue Paraguay. Thiel se reunió con el presidente del país, Santiago Peña.
La compañía está penetrando cada vez más en la región, en países que comparten una característica: gobiernos con discursos autoritarios. La pregunta que se haría cualquier ciudadano ajeno a lo que ha hecho Palantir es: ¿por qué una alianza (entre la inteligencia artificial y la administración pública) puede ser mala? ¿Por qué estar en contra si prometen usar datos para mejorar la seguridad y los delitos como el contrabando? Y si los productos incautados en Ecuador eran en realidad contrabando, la herramienta muestra efectividad, ¿no? No es tan sencillo.
La cultura popular nos lo explicó primero. Thiel, cabe destacar, tomó el nombre “Palantir” directamente de las “piedras videntes” (Palantír) de la saga de “El Señor de los Anillos”, artefactos que permitían ver lo que ocurría en cualquier lugar del mundo y comunicarse a la distancia. La misma saga nos da una luz de lo que ocurre cuando un poder así es usado de manera incorrecta, pues Sauron, el antagonista, que de por sí tenía una vigilancia natural, usaba las piedras para vigilar profundamente y corromper al mundo de Tierra Media.
La vida real también nos advierte de esto, con casos más crudos. Palantir ha sido ampliamente documentada por proveer la infraestructura de análisis de datos utilizada por el ejército israelí en Gaza para la identificación automatizada de objetivos y la toma de decisiones militares basadas en patrones predictivos. El peligro de delegar la seguridad pública a los algoritmos predictivos de Palantir radica en su margen de error y en su sesgo de diseño.
Los fallos algorítmicos asociados a la tecnología militar han resultado en la destrucción de objetivos civiles, como escuelas y hospitales. A diferencia de otras empresas tecnológicas, como Anthropic, que han intentado marcar “líneas rojas” éticas frente al Pentágono para limitar ciertos usos de su inteligencia artificial, Palantir carece de ellas. El software hace exactamente lo que el gobernante de turno le pida que haga, sin importar las consecuencias en derechos humanos.
Hay razones profundas para preocuparnos de que esta tecnología se asiente en el vecindario. Lara advierte que la región corre el riesgo de convertirse en un nuevo campo de experimentación para Silicon Valley.
“América Latina ha sido por largo tiempo un laboratorio de ideas y productos para muchas industrias, porque cuando los marcos regulatorios y los resguardos institucionales no exigen precauciones, la investigación es más libre. Todo lo que Palantir aprenda de nuestros datos le servirá para empaquetar nuevos servicios y venderlos en otros mercados”, explica Lara.
El experto chileno pone énfasis en los objetivos militares de la “guerra contra las drogas”. La narrativa de seguridad ya no solo implica vigilar, sino justificar la fuerza letal automatizada basándose en meras sospechas algorítmicas, saltándose cualquier garantía de debido proceso. En nuestra región, como en Oriente Medio, las consecuencias de esta doctrina kinética y violenta ya no son teóricas.
Lo que vimos el último año con los bombardeos de algunos botes en el Caribe es apenas una muestra de lo que podría convertirse en una forma mucho más distribuida de ataques violentos contra lo que el Estado, o un software, perciba como una amenaza. Un algoritmo decidiría quién es un criminal por su red de contactos o su ubicación sin haberlo procesado. Pero las amenazas no terminan ahí.
Por otro lado, mientras el gobierno ecuatoriano estrecha lazos comerciales con la firma estadounidense, los ciudadanos del país andino ya han sufrido los efectos de la tecnología de Palantir, pero en el hemisferio norte. Velazco recuerda el escándalo global cuando se reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) utilizaba el software de Palantir para coordinar redadas masivas.
“Porcentualmente, la población migrante ecuatoriana en Estados Unidos ha sido una de las más afectadas por esas redadas”, señala el activista, y nada asegura que los datos que le entrega el gobierno a la compañía no van a ser utilizados para fortalecer los operativos de ICE en Estados Unidos, pues se sabe que estos datos son entregados a terceros.
Palantir, además, no vende licencias de software tradicionales: vende una dependencia tecnológica de la que los Estados difícilmente pueden escapar. Al integrar sus sistemas en las bases de datos públicas, la empresa privada se vuelve el custodio y el intérprete de la información estratégica de una nación, como lo son, en nuestro caso, las reservas energéticas en el “Triángulo del Litio”.
Para las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley y los contratistas de defensa de Washington, el litio es el nuevo oro blanco. Acceder a los datos de la infraestructura de seguridad y recursos naturales de la región es parte de su objetivo principal.
“La explotación de las tierras en general en países más grandes en territorio como Brasil y Argentina puede también estar sujeta a análisis de cómo pueden utilizar esas tierras para optimizar explotación, sin necesariamente mejorar las condiciones que faciliten que eso sea para un beneficio de la sociedad, sino más bien pensando en la inversión y, por tanto, en el retorno de la inversión. Así que es básicamente poner una capa tecnológica a una aspiración de impulso económico que probablemente está marcado por tendencias políticas de momento que esperan un crecimiento económico más bien rápido que sostenible o bien equitativo para la población”, dice Lara.
El avance del “Ojo de Sauron” en el continente ocurre en gran medida por la preocupante falta de prioridad que el poder Legislativo le da a la soberanía de datos. Mientras los contratos se firman bajo la mesa amparados en la “seguridad nacional”, las alertas en los congresos de la región son prácticamente inexistentes. Chile es tal vez la excepción en este desierto de fiscalización. Allí, el diputado Gonzalo Winter levantó la voz de manera oficial y exigió transparencia total al gobierno.
Al mirar hacia Colombia, un país que navega en pleno ciclo electoral y bajo la constante tentación de abrazar discursos de seguridad de mano dura, la reflexión de Lara es tajante: el país no necesita que llegue Palantir para inaugurar un problema de vigilancia masiva. Colombia ya cuenta con un problema estructural y una trágica memoria histórica de “chuzadas” e interceptaciones ilegales. El riesgo radica en que la infraestructura de Palantir, históricamente financiada y respaldada por el ala más dura de la cooperación militar estadounidense, encuentre en el terreno colombiano el ecosistema perfecto para instalarse.
Entonces, cualquier propuesta política que pretenda automatizar la seguridad a través de estos gigantes tecnológicos debe ser sometida a un escrutinio público previo, con evaluaciones de impacto en derechos humanos y la participación de la sociedad civil, según concluyen los expertos.
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