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El Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de una causa penal contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, después de que EE. UU. lo acusó de participar en actos de corrupción significativos y prohibió su ingreso a ese país.
En concreto, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso “investigar los hechos con relación a la declaración” del embajador de EE. UU. en el país, Marc Ostfield, en la que se ponen en “conocimiento hechos que pueden ser de relevancia penal” y que hacían referencia a Velázquez, explicó ese despacho en un comunicado.
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El organismo investigador indicó que los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, serán los encargados de la causa.
Consultado al respecto, Velázquez explicó a la Radio Monumental que debido a que el Ministerio Público no tiene una denuncia sobre el hecho que se le atribuye, “la única manera de solicitar los antecedentes a la embajada es abriendo una causa”.
“Es la posibilidad de saber de qué se trata lo que yo no sé de qué se trata”, argumentó.
Por su parte, Alcaraz indicó a la misma emisora que, al no contar con una denuncia sobre un supuesto soborno que involucre al vicepresidente, la pesquisa tiene como punto de partida las declaraciones de Ostfield. Igualmente, confirmó que formularon el lunes un “requerimiento de cooperación jurídica” a EE. UU. basado en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
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El pasado 12 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte, ahora exasesor de la entidad binacional Yacyretá (EBY), de participar en actos de corrupción, entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en procesos públicos.
Ostfield afirmó entonces en una conferencia de prensa en Asunción que Duarte, a pedido del vicepresidente Velázquez, “ofreció un soborno de más de un millón de dólares” a un funcionario público, con la presunta intención de “obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”.
Poco después del anuncio del Departamento de Estado, Quiñónez ordenó realizar un “análisis técnico jurídico” de esa declaración para determinar si existen “hechos con relevancia penal” y si procedía la apertura de una investigación.
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Velázquez, quien en principio se declaró dispuesto a abandonar el cargo, desistió el jueves pasado de formalizar su renuncia y alegó que solicitaría “a los organismos correspondientes” pruebas de las acusaciones. En un comunicado difundido ese día, Velázquez dijo haber recibido la confirmación de que el Ministerio Público no tiene una causa abierta en su contra.
Sin embargo, el funcionario retiró su precandidatura a la presidencia del país por el oficialista Partido Colorado, en la que fue reemplazado por el ahora exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.
Consultado sobre la situación de su segundo a bordo, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, declaró el domingo en una entrevista con el canal Telefuturo “que lo correcto es renunciar”, pero admitió que respeta absolutamente la decisión de Velázquez.
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