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El rechazo a la salida de Fernando Lugo ha sido común en los países del Mercosur, al punto de que en la cita del organismo, que se celebra actualmente en Mendoza (Argentina), fue excluida la representación del nuevo gobierno de Asunción, encabezado por quien hasta la semana anterior fuera el vicepresidente, Federico Franco.
El canciller de Brasil, Antonio Patriota, adelantó que el viernes los presidentes del grupo tomarán una decisión que hasta el momento se inclina por suspender a Paraguay de los órganos del bloque. La eventual determinación, calificada de “lamentable”, se argumenta en la inexistencia de una plena democracia en el país, lo que va en contravía del Protocolo de Usuhaia (Argentina), que acogió el Mercosur en 1998.
No obstante, los demás países miembros (Argentina, Brasil y Uruguay) desestimaron que la crisis política de Paraguay vaya a derivar en una expulsión del organismo, como dejó en claro el canciller argentino Héctor Timerman. El senador Uruguayo, Alberto Curiel, aseguró que en el encuentro del viernes los presidentes van a ratificar la suspensión paraguaya, “una medida que seguramente será levantada si el gobierno que asuma en agosto de 2013 surge de un proceso verdaderamente democrático”.
El documento de sanciones será presentado después en la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que también se celebrará el viernes en la ciudad de Mendoza. En ese sentido y antes de partir hacia Argentina, el presidente de Ecuador, Rafael Correa ha demostrado su total rechazo a la destitución de Fernando Lugo, anunciando que su país no reconocerá a un gobierno ilegítimo, nacido de «una clara ruptura de la democracia». Una postura similar a la que hasta ahora expuesto el gobierno de Venezuela a través de su canciller Nicolás Maduro, quien participó de la redacción del documento de sanciones para Paraguay.
A pesar de la suspensión de Paraguay de las reuniones regionales, presidentes como el uruguayo, José Mujica, adelantan que se opondrán a cualquier tipo de sanción económica contra ese país, porque «cuando se aplican las sanciones los que cargan con el costo son las mayorías de gente pobre, que en abundancia existen en esa sociedad». Dicha posibilidad fue descartada también por el vicepresidente brasileño, Michel Tremer, quien aseguró que castigar económicamente “sería castigar al pueblo”.