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El gobierno colombiano anunció una nueva medida migratoria: el PEP Tutor, un mecanismo que busca regularizar a migrantes custodios de niños y niñas de Venezuela que ya cuenten con un Permiso por Protección Temporal (PPT). Se trata de un proyecto de decreto que ha sido presentado para comentarios de la ciudadanía.
“Nos permitirá regularizar a representantes legales o custodios de más de 270.000 niños, niñas y adolescentes. Podrán acceder a un documento de identidad que les permitirá acceder a servicios sociales y financieros del Estado”, dijo Fernando García, director de Migración Colombia.
El funcionario subrayó esta iniciativa como una medida de integración de migrantes “en condiciones dignas”. Agregó que regularizar “es un primer paso para que la población venezolana pueda integrarse a la sociedad colombiana, trabajar, poder acceder a servicios y distanciarse de redes ilegales”. Según él, la población en situación de permanencia irregular muchas veces “no tiene otra alternativa que moverse en mercados informales”.
Recordó, además, que integrar a la población migrante trae beneficios, incluso a largo plazo, cuando las perspectivas hablan de un declive demográfico en nuestro país en los próximos años.
Sin embargo, el anuncio parece ir en contravía de los llamados que han hecho la comunidad migrante y la academia en Colombia para integrar a esta población en la sociedad con los beneficios que eso implica para el país. Para hacerse una idea, se calcula que la población migrante en Colombia, compuesta en un 98 % por ciudadanos venezolanos, aporta cerca de US$500 millones en impuestos anualmente, según un reciente estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Konrad-Adenauer (KAS).
“El PEP (Permiso Especial de Permanencia) es un documento con niveles de reconocimiento muy bajos, no integrados a los sistemas del país, a las EPS en la mayoría de los casos; no los reconoce la empresa privada ni está en los sistemas bancarios, lo que sí se ha logrado con el Permiso por Protección Temporal (PPT). ¿Por qué no abrir nuevamente el PPT?”, cuestionó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede.
La de esta organización es solo una de las voces que con insistencia han pedido que se vuelva a abrir la posibilidad de acceder al PPT, implementado por el gobierno anterior. Se trata de un documento de identidad con vigencia de 10 años que logró consolidar su reconocimiento en el sector público y privado, y que permite acreditar la permanencia en Colombia para la obtención de una visa.
Según la directora de la fundación, la medida anunciada no logra un proceso de reunificación familiar efectivo, ni tampoco garantiza los derechos de los menores de edad en cuestión. Si lo padres no acceden a un regularización efectiva, “como lo hemos venido diciendo, un niño no tiene acceso completo a sus derechos fundamentales, pues sus padres no pueden generar ingresos, no tienen capacidad de darles acceso a los servicios básicos a sus hijos”.
En un sentido similar comentó Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para él, este nuevo PEP es un “nombre más en el ecosistema; es un retroceso”. Señala que llevará a que “tanto las oficinas públicas como privadas entren en nueva curva de aprendizaje, con menor acceso a derechos por parte de la población venezolana, como la educación y la salud, para quienes veían en Colombia la posibilidad de construir su hogar”.
Agrega que la administración actual puede estar tratando de “diferenciarse” del gobierno de Iván Duque, “lo que termina dificultando la vida del ciudadano en situación de movilidad humana”. Recordó que un primer intento, con el certificado del PPT puesto en marcha por la nueva administración de Migración Colombia, “no dio ningún resultado […] Confundió más y dificultó el proceso de regularización”.
Ahora, para el vocero, “regresar a un permiso especial de permanencia no logra resolver el problema de fondo”. Insiste en que se trata de una población que “viene de una emergencia humanitaria compleja y prolongada”, que ha expulsado a siete millones de personas hacia diferentes países del mundo y que se podría agravar con las elecciones del próximo 28 de julio en las que Nicolás Maduro aspira a un nuevo mandato. Ante este panorama, “la repuesta de Colombia se queda corta”.
Se espera que el borrador del documento sea publicado este miércoles para comentarios de la ciudadanía.
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