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Las tensiones entre Estados Unidos y México aumentaron (aún más) la semana pasada cuando el Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y de narcotráfico.
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Un comunicado de la fiscalía señaló que Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios o altos funcionarios del gobierno y de cuerpos policiales habrían establecido una alianza con el Cártel de Sinaloa con el objetivo de distribuir grandes cantidades de narcóticos en territorio estadounidense.
Entre las personas mencionadas en la lista figuran Enrique Inzunza, entonces presidente municipal de Culiacán (capital del estado); Juan de Dios Gámez, vicefiscal estatal; Dámaso Castro, vicefiscal general del estado de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del estado.
Rocha Moya pertenece al partido oficialista Morena, el mismo del que hacen parte la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador encabeza el tercer estado más violento de México, con una tasa de homicidios de 52,17 por cada 100.000 habitantes, según fuentes federales citadas por AFP.
Asimismo, las autoridades estadounidenses afirman que Rocha Moya habría sido electo con el apoyo de una facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, conocida como Los Chapitos. También lo acusan de haber permitido el uso de instituciones públicas en Sinaloa para favorecer al grupo criminal, facilitando su operación a cambio de sobornos multimillonarios.
¿Se trata de una persecución política?
El político ha negado estas acusaciones categóricamente; cuando fue consultado por la prensa mexicana sobre los señalamientos en su contra, este respondió: “Siento ser una persona limpia”.
Además, este ha sido respaldado por el gobierno mexicano. Sheinbaum cuestionó las intenciones de estas acusaciones, afirmando que las pruebas que tiene Estados Unidos son poco contundentes y que puede tratarse más bien de una persecución política.
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“Si la fiscalía general (…) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina del jueves 30 de abril.
Sheinbaum minimizó ciertas evidencias de los estadounidenses, incluyendo la supuesta entrega de sobornos a los funcionarios acusados. “Es llamativo, se trata de una simple hoja”, comentó.
Explicó también que los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores revisaron el caso y concluyeron que “no hay pruebas”, pero enfatizó que, según la normativa mexicana, la fiscalía general de la República debe llevar a cabo la indagatoria correspondiente.
Es la primera vez, admitió Sheinbaum, que autoridades acusan de lazos con el narcotráfico a un gobernador, un senador y un presidente municipal en funciones. “No protegeremos a nadie”, aseguró la mandataria, al insistir en que se respetarán las leyes mexicanas previo a cualquier trámite con Estados Unidos.
La presidenta además afirmó haber hablado por teléfono con Rocha Moya, donde le aseguró que si no hay pruebas no hay nada que temer. “Le manifesté: si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas”.
Además, Sheinbaum precisó que dialogó con su equipo de seguridad sobre la forma en que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajarán en conjunto con funcionarios estadounidenses para evaluar la petición de arresto provisional de los implicados, con el objetivo de extradición.
El gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, clasificó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista y exige a México que detenga el flujo de drogas hacia su territorio, especialmente el fentanilo. Como medida de presión, Trump ha advertido con aplicar aranceles o desplegar tropas para combatir a los narcotraficantes en suelo mexicano.
Rocha Moya pidió licencia en medio de acusaciones
En medio de esta coyuntura, el gobernador Rocha Moya anunció el viernes que pidió una licencia al Congreso local para separarse temporalmente del cargo mientras la FGR investiga la acusación en la que el Gobierno de Estados Unidos le atribuye delitos de narcotráfico y armas.
Este sábado por la mañana, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia indefinida (por más de 30 días) presentada por el gobernador. Sin embargo, Rocha sigue negando las acusaciones en su contra y afirmó que esta decisión no es una forma de asumir la culpa sino de facilitar la investigación de las autoridades.
“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, afirmó Rocha.
El dirigente enfatizó que no permitirá que este caso se utilice para dañar el movimiento político de izquierda impulsado por el partido Morena.
📅 No se pierda esta semana…
Nuestro cubrimiento especial del aniversario sacerdotal del papa León XIV, sucesor del papa Francisco.
Nacido en Chicago en 1955, el pontífice, ilustre hijo de inmigrantes, fue investido como el 267.º papa el 8 de mayo de 2025, marcando un hito en su trayectoria sacerdotal.
Además, el pontífice cumple un año en el Vaticano en un contexto mundial álgido, marcado por la guerra contra Irán y el Líbano, así como tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, a pesar de compartir nacionalidad, han chocado en posiciones clave.
Lea más aquí: “No tengo miedo de la administración estadounidense”: el papa León XIV en tensión con Trump
Trump ha criticado abiertamente al papa, manifestando su disgusto por su tono al referirse al conflicto con Irán y acusándolo de permitir que Teherán desarrolle armas nucleares. Por su parte, el pontífice ha defendido la paz, declarando que “Dios no está del lado de quien lanza las bombas”.
😬 No es el fin del mundo
En medio de crecientes tensiones geopolíticas globales, una de las rivalidades más antiguas —entre Venezuela y Estados Unidos— muestra signos de distensión con la reanudación de vuelos comerciales directos de American Airlines entre Miami y Caracas este jueves 30 de abril.
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Esto responde al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se habían roto en 2019 durante el gobierno de Nicolás Maduro, tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a reanudar los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambos países.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha estado levantando de manera progresiva las sanciones impuestas a Venezuela. En respuesta, Caracas modificó sus legislaciones sobre hidrocarburos y minería, permitiendo la entrada de inversión privada en un país con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial.
La aerolínea American Airlines anunció la operación de vuelos Miami-Caracas con aeronaves Embraer 175, a cargo de su subsidiaria Envoy Air. La compañía detalló que arrancará con un vuelo ida y vuelta por día, incrementándose a dos diarios desde el 21 de mayo.
Esto es especialmente importante, ya que en Miami se encuentra una gran parte de la diaspora venezolana, personas que han estado separadas de sus familias y que anterior a este anunció tenían muy pocas (o ninguna) opción de visitar de nuevo su país.
👀 En qué estamos
Recomendamos especialmente la crónica En Ucrania, una tumba de nieve sobre uno de los muchos mercenarios colombianos que han muerto en Ucrania en medio de la ofensiva rusa.
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EL relato se centra en el colombiano Hernán Emilio Padilla, un hombre que combatía una guerra ajena cuando fue sorprendido por la muerte. Una llamada a su esposa, Kelly, le confirmó lo que ya temía: su esposo había muerto en combate. La crónica explora el duelo atravesado entre trámites y burocracia, en el proceso de reclamar una indemnización a la que tiene derecho.
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Por Laura Henao Arévalo
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