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“Que se vayan todos y no quede ninguno”, esta, al unísono, fue la consigna de cientos de personas que salieron a las calles por todo Perú exigiendo la renuncia de los “corruptos” que permean las instituciones de poder en el país tras el último escándalo entre el Ministerio Público (la Fiscalía) y el Congreso.
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Por esta controversia, cayó suspendida por seis meses la fiscal general Patricia Benavides, acusada por una de sus subalternas, Marita Barreto, de supuestamente ser la cabeza de una red de corrupción que negociaba favores de la Fiscalía con congresistas.
La gente en las calles también reclamaba, como hace un año, la salida de Dina Boluarte de la presidencia, al cumplirse el primer aniversario del autogolpe fallido de Pedro Castillo. También le cobran la represión gubernamental contra simpatizantes de Castillo en las protestas vividas desde enero hasta marzo, las cuales dejaron por lo menos 68 manifestantes muertos.
“La sangre derramada jamás será olvidada, siempre de pie nunca de rodillas” y “Dina asesina, el pueblo te repudia”, fueron algunas de las consignas gritadas en ciudades como Arequipa, Tacna, Juliaca, Cusco, Puno y Abancay.
“Esos crímenes han ingresado a la memoria colectiva del pueblo peruano, han ingresado a la historia del Perú, así como ingresaron las víctimas inocentes de la lucha contra el terrorismo en décadas pasadas. Acordarnos de diciembre de 2022 y enero de 2023 da dolor, duele de verdad, da muchísima pena; creo que, en primer lugar, por lo burdo, lo absurdo, lo innecesario”, afirma Daniel Parodi, historiador político y profesor de la Universidad Católica del Perú.
Y como si les sobraran motivos, la excarcelación del miércoles último de Alberto Fujimori desató la ira de los sectores que se oponían a la restitución del indulto por razones humanitarias por parte del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, el Palacio Presidencial en Lima aún es custodiado por al menos 6.000 efectivos de la policía. Pese a que hasta las horas de la noche la jornada era pacífica, por lo menos frente a lo que fueron las de inicio de año, Boluarte sigue custodiada, aislada del pueblo descontento. Y esto no es nada más que un reflejo de cómo el Ejecutivo y las demás ramas del poder en Perú están: solas.
“Yo diría que más que no es que solamente está aislada por la falta de apoyo popular, sino que tampoco tiene voluntad de ir un poco más allá de esta agenda de supervivencia, que es la que creo que ha marcado su mandato y que le ha hecho incluso superar algo que no se ha visto en la historia republicana del Perú, que es la cantidad de fallecidos en protestas sociales”, afirma el analista político José Carlos Requena.
Para el analista, el único apoyo que tiene Boluarte es del Congreso, en un tácito pacto de no agresión que garantice la supervivencia de ambos poderes hasta 2026, cuando acaba el periodo legislativo.
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Requena destaca que otros analistas habrían metido en la misma cesta de no agresión al Ministerio Público, pero resalta que “la fiscal investigó al primer ministro Alberto Otárola y a la presidenta por casos de violación de derechos humanos. Entonces no es que haya sido una alianza sólida, pero sí existía un pacto de no agresión. En el caso de la Fiscalía eso ha cambiado”.
Le da peso a este argumento las declaraciones de Patricia Benavides, quien aseguró que hay “motivaciones políticas que han confluido para suspenderla y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a instalarse en el Ministerio Público”.
Requena asegura que con todo así es incierto lo que pase en las siguientes semanas, pues de momento Pablo Sánchez, quien fuera Fiscal general entre 2015 y 2018, asumió como segundo en jerarquía dentro del Ministerio, pero según El Comercio, renunciará el lunes, pues no quiere ser de nuevo titular de la cartera.
No se sabe quién puede ser el fiscal provisional, pero El Comercio asegura que podría ser el siguiente habilitado, Juan Carlos Villena. Es incierto si Villena, o quien quede a cargo, decidirá emprender acciones contra el Ejecutivo u otra fuerza que haya estado detrás de las revelaciones contra Benavides.
En palabras de Requena, si esto ocurre: “Si los aliados del Congreso ven que no les conviene estar de aliados, pues podrían terminar quitándole su apoyo. Eso es una situación, digamos, que podría afectar la supervivencia que hasta hace dos o tres semanas parecía un hecho casi consumado”.
Y como si el poder estuviera aislado dentro del país, la libertad de Fujimori los dejó muy mal parados a nivel internacional. Según afirmó en X Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch: “Con la liberación de Fujimori, en abierta violación de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Perú se aísla en el escenario internacional. Su actuación en contra del sistema interamericano de derechos humanos lo equipara a Venezuela y Nicaragua”.
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Si ya Perú había quedado deslegitimado con su represalia a los manifestantes, ir en contravía de los llamados de la CIDH le quita aún más legitimidad. “Creo que algo importante por resaltar es el doble discurso que el actual gobierno ha manejado a nivel internacional. Hace poco, en la asamblea de la ONU, Boluarte aseguró que su régimen respeta la democracia y el derecho internacional, pero con la decisión de acatar la liberación de Fujimori, está demostrando que su gobierno no acata las normativas internacionales de derechos humanos que establecen que los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos no pueden tener la gracia del indulto”, explica mejor Graciela Tiburcio, periodista peruana.
De momento este viernes también se esperan manifestaciones, mientras que para los trámites de normalización en la Fiscalía se tendrá que esperar hasta el lunes, puesto que el viernes, al igual que en Colombia, es un día festivo.
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Por Hugo Santiago Caro
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