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Con un fallido autogolpe de Estado, Pedro Castillo con prisión preventiva por 18 meses, cuatro apuestas de adelantar las elecciones generales y cuatro que fracasaron, 69 personas que han muerto en las manifestaciones antigubernamentales y una presidenta, Dina Boluarte, a quien el 74 % de los peruanos, según la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, quieren que dé un paso al costado, la incertidumbre en Perú sigue. Hoy se cumplen dos meses desde que se iniciaron las manifestaciones, con cuatro demandas sobre la mesa, pero sin que ninguna se cumpla (la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente), y la crisis continúa.
Dentro del Legislativo, la exigencia de la renuncia de Boluarte ha dado de qué hablar. En diálogo con “El Comercio”, el congresista César Revilla, vocero alterno del Partido Fuerza Popular, dijo que una eventual renuncia de la presidenta, como salida a la crisis, será una decisión particular de la jefa de Estado. Sin embargo, el bloque no está de acuerdo con ese escenario. “No estamos en la línea de apoyar la desestabilización del país pidiendo renuncias. Queremos que se llegue a un consenso y que se vaya al adelanto (de elecciones) en un plazo razonable. Se tiene que seguir buscando el diálogo”.
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Por su parte, el congresista José Arriola, vocero alterno del Partido Acción Popular, también opinó ante el medio de comunicación peruano que la salida de la mandataria no es la solución. “Boluarte no debería renunciar al cargo, por ahora. Sobre el adelanto de las elecciones, 2024 se debió haber mantenido, fue un plazo técnico según lo planteado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Debería buscarse consenso, pero respetando la fecha”.
No obstante, otras opiniones rondan entre los miembros del Legislativo. Por ejemplo, Podemos Perú publicó un comunicado el domingo, en el que afirmó que “exige a la presidenta su renuncia inmediata para evitar más enfrentamientos, muertes y la quiebra de millones de pequeños microempresarios”. Esta misma petición la han hecho algunas fuerzas de izquierda, como Perú Libre, Cambio Democrático-JP, Perú Democrático y Perú Bicentenario.
Para el profesor Mauricio Jaramillo Jassir, la dimisión de Boluarte no aliviaría la crisis peruana. “La renuncia, si es para que llegue José Williams Zapata, que es quien le sigue según el orden constitucional, que además es una persona comprometida en violaciones a los derechos humanos y es cercano al fujimorismo, ahondaría la crisis. La única forma en la que la renuncia de Boluarte funcionaría es si lo hace para adelantar los comicios. Si eso no ocurre, no va a servir de nada. La crisis de legitimidad de la dirigencia peruana es muy grande”.
De hecho, Cecilia Méndez, historiadora y profesora principal en la Universidad de California, le dijo al diario “El País” de España, que la figura de Pedro Castillo muestra que Perú poco ha cambiado desde que el fujimorismo dejó el poder en el 2000, cuando el expresidente decidió viajar a Japón y enviar su renuncia por fax. “Por eso se votó a Alejandro Toledo con una esperanza de cambio, renovación. Lo mismo ocurrió con Alan García y con Ollanta Humala. Esos cambios que se prometían en campaña no se cumplían, el Estado no se preocupaba por las necesidades básicas de las personas. Al revés, los presidentes se acomodaban a las reglas del juego del neoliberalismo y las privatizaciones. Castillo es uno más en esa tradición”. Y no es solo que el país ha tenido cinco presidentes desde 2018, cuatro por sucesión constitucional, incluida Boluarte, sino que el mismo Castillo, en poco más de un año de gobierno, tuvo cerca de 70 ministros.
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“Si no hay una fecha de elecciones, va a haber más inestabilidad”, agrega Jaramillo Jassir. “Entre más salidas se presenten y se aborten, va a ser peor para el país. Lo que debería haber es un gran pacto Boluarte-Congreso para que, cuanto antes, se adelanten los comicios. El problema es que hay una cuestión de tiempos, pues se tiene que aprobar en dos legislativas, pero entre más cambios de promesas drásticas haya, va a haber más violencia y, en consecuencia, podría haber más muertos”.
A lo largo de estos dos meses de protestas, 69 personas han fallecido. “Este número es altísimo para el tiempo que llevan las manifestaciones”, dice el docente de la Universidad del Rosario. “El Estado peruano es responsable de esto porque, frente a la protesta social, respondió con la militarización. Además, ha venido diciendo, desde que se murieron las primeras personas en la región de Apurímac, que corresponden a gente que los políticos estaban instrumentalizando. Entonces, tiene que haber un esquema de administración de justicia en el que los responsables políticos rindan cuentas, como pasó con Fujimori en la masacre de la Cantuta, por la cual está condenado a 25 años de cárcel”.
Hace un mes la Fiscalía anunció que la mandataria y su círculo más cercano serían investigados, luego de que la congresista Ruth Luque denunciara que ellos son los responsables de los fallecimientos en medio de las protestas, que en ese entonces sumaban 28. “Los denunciados están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, dice el documento presentado por ella.
En medio de ello, Jaramillo Jassir dice que “la única salida a largo plazo es que haya un cambio en la Constitución. El problema de elegir a un nuevo Congreso o a un nuevo presidente es que va a pasar lo mismo: los congresistas no tienen incentivos para hacer coaliciones con el gobierno o para trabajar en la gobernabilidad. Son kamikazes. Si no hay una reforma estructural, va a ser difícil que Perú supere esta convulsión social tan extensa”.
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