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La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida este lunes de su cargo, luego de que el pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras un audio que se filtró este fin de semana en el que se escucha, presuntamente, al jefe de su partido pedirle a Camones agilizar la aprobación de una ley.
La moción, que fue presentada con la firma de 23 congresistas de agrupaciones de izquierda, recibió 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. La moción fue presentada por los legisladores de Perú Democrático, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, entre otras bancadas.
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En el pedido se indicó que los audios, publicados por el portal de investigación periodística Epicentro, contienen “pruebas suficientes” de que el líder de su partido, César Acuña, pide a Camones que acelere la aprobación de la ley de creación de un distrito. Esto, al parecer, para favorecer su candidatura a gobernador de la región norteña de La Libertad.
“En su condición de presidenta de la Mesa Directiva, es la que lleva el desarrollo de la agenda de las sesiones plenarias y decide qué proyectos de ley pasarán al debate y aprobación, todo ello de conformidad con el contenido de los audios propalados donde se escuchan las órdenes y exigencias de una persona ajena al Legislativo”, se lee en la moción de censura.
“Lady Camones mantiene una conversación directa y personal con el señor César Acuña Peralta, presidente del Partido Alianza Para el Progreso y actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, donde de manera expresa le rinde explicaciones de las labores que ejerce en este Poder del Estado”, agregaron.
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Se pidió que sea censurada por esos fundamentos, así como “por atentar contra la Constitución política” y los “principios rectores que caracterizan” a la democracia y el orden constitucional en Perú.
La moción fue presentada un día después de que el Ejecutivo peruano pidiera la renuncia de toda la mesa directiva del Congreso y que la Fiscalía y otros organismos intervengan para investigar el contenido de los audios.
El primer ministro, Aníbal Torres, consideró que había pruebas de “una actividad que linda con el delito”, mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, sostuvo que existían “elementos de prueba, no elementos de convicción, que dan razón de la comisión de presuntos ilícitos” penales.
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