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La anunciada llegada a la capital de Perú de los manifestantes provenientes del sur, que completan 44 días de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, desembocó en desmanes y patrimonio físico en llamas en una jornada denominada “la toma de Lima”.
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La comunidad del “Perú profundo”, el bastión electoral del depuesto presidente Pedro Castillo en su llegada a la Casa de Pizarro en 2021, siguen alzando la voz contra el gobierno de Dina Boluarte, pidiendo su renuncia, la disolución del congreso y la puesta en marcha de una asamblea constituyente. Un reseteo total de la institucionalidad peruana.
Como si no fueran suficientes las voces que se han regado en las calles de todo el país, encontrando la represión del cuerpo policial peruano, el Instituto de estudios políticos del Perú reveló una encuesta donde el 71 % de los ciudadanos rechaza la gestión de Boluarte, mientras que al parlamento lo rechaza un 88 %.
Justamente la relación de Boluarte y el congreso, que comenzó fortalecida desde la posesión de la mandataria, es objeto de un desentendimiento, al caer en los parlamentarios la responsabilidad de fijar la fecha para unas nuevas elecciones.
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Boluarte busca independencia de un parlamento controlado por mayorías de derecha y centro-derecha, y que ha sido objeto de rechazo por el pueblo y del gobierno que escogieron. Cabe recordar que el autogolpe de estado de Castillo fracasó al tratar de disolver el congreso.
Sin embargo, esta independencia también establece una fría relación con los manifestantes que precisamente llegaron a Lima, con el clamor popular que votó para que fuera su vicepresidenta y hoy pide su renuncia.
“El problema de la renuncia de Boluarte es que si no hay un adelanto de elecciones pronto, según la línea constitucional, el poder recae en José Williams Zapata, que es alguien a figura cercana al fujimorismo. Este señor tiene sindicaciones de violaciones a los derechos humanos. Es alejar aún más al gobierno del mandato con el que fue elegido Pedro castillo. El error de ella no está en no renunciar, es que no respetó el mandato con el que fue elegida, la gente que votó por esa fórmula.”, asegura Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario.
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Contrario a una búsqueda de diálogo, lo que ha encontrado el pueblo en las calles es represión policial, violencia. La cifra de personas fallecidas en el paro nacional ya asciende a más de 50 personas y Boluarte ha señalado a los manifestantes de ser influenciados políticamente y de ser “engañados” en su proclama de exigir una asamblea constituyente.
Perú.- Boluarte considera que los manifestantes que piden una Asamblea Constituyente está siendo “engañados”. “No corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo. Los están engañando al decir que es Boluarte la que tiene que resolver el tema de la asamblea constituyente”, aseguró la presidenta.
De esta forma, Boluarte se mantiene reticente a renunciar y le delega, así como con las elecciones, la responsabilidad de tramitar una asamblea constituyente al Congreso. ¿Por qué una constituyente? Los manifestantes rechazan que una nueva constitución sea forjada por un congreso desacreditado y de mayorías de tendencias políticas opuestas a las que ellos escogieron en las urnas en 2021.
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Tanto para las elecciones, como para el tema de la constituyente, la Comisión de Constitución del Congreso peruano debería presentar proyectos que busquen la celeridad de esos procesos, así como aprobaron en diciembre último que las elecciones se adelantaran de 2026, cuando terminaba inicialmente el periodo de Castillo, a abril de 2024, recortando el periodo que ahora le corresponde a Boluarte.
Sin embargo, la exigencia en las calles es que se realicen elecciones en este 2023. De momento, Williams, cabeza del Congreso, pidió que en la legislatura que arranca el próximo 15 de febrero, el tema de las elecciones sea tratado con urgencia. Seguramente detrás del inminente proyecto venga la discusión de una asamblea constituyente.
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Por Hugo Santiago Caro
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