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La aparición en los archivos de la Casa Blanca de una fotografía alterada digitalmente, en la que se observa al presidente Gustavo Petro con uniforme de prisionero volvió a tensar, por cuarta vez en el año, las relaciones entre Washington y Bogotá.
“Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de EE. UU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, escribió Petro, luego de conocer la imagen, y sugiriendo un llamado a consultas del embajador de Bogotá en Washington, Daniel García-Peña.
El lunes, con mayor calma y tratando de desescalar la crisis, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, comunicó desde Santa Marta que no se llamará a consultas al embajador, pero sí se dejará una nota verbal sobre el episodio, y se pidieron explicaciones del caso.
Más tarde la directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Randim, a quien le solicitó su mediación para fortalecer el diálogo entre ambos países.
Pero a pesar de las solicitudes diplomáticas de Colombia, la mediación para resolver este nuevo traspié no parece tener futuro. El mismo Randim reconoció recientemente en una entrevista con “El País” de España que su función no es juzgar a los Estados y evitó cuestionar la legalidad de los ataques estadounidenses, lo que sugiere que no piensa confrontar a Washington en sus acciones.
Del lado estadounidense, además, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, intentó minimizar el episodio, declarando que “no hay que creer todo en lo que sale en medios”, sin ofrecer mayor explicación sobre por qué había llegado ese “dossier” a la Casa Blanca y, en su lugar, lanzando nuevas pullas a Petro.
“Es triste ver las declaraciones del presidente de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, y obviamente no lo es”, dijo.
Finalmente, un episodio anterior, del primer gobierno de Trump, sugiere que habrá pocas respuestas sobre lo ocurrido, al menos oficialmente desde la Casa Blanca. En 2019, el entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue fotografiado sosteniendo un cuaderno en una intervención pública con la frase “5.000 tropas a Colombia”. El asesor económico Larry Kudlow finalmente apartó las notas de las cámaras, pero el gesto fue interpretado como una amenaza velada en el marco de la crisis venezolana y no un simple torpe descuido.
“El mensaje parece, sin duda, intencional y, por ahora, puramente político, no táctico”, escribió en su momento Sophia Tesfaye del medio político “Salon”.
Durante semanas la imagen alteró el debate de seguridad en la región. Colombia, entonces bajo el gobierno de Iván Duque, trató de bajarle el tono a la crisis. La Cancillería emitió un comunicado ambiguo diciendo que no había acuerdos militares con EE. UU. para recibir tropas, pero evitó condenar la insinuación de Bolton. Luego de esto la escena simplemente perdió valor y no se habló más de ella. Sin embargo, hay razones para tomarse este nuevo episodio con más cautela.
La diferencia entre ese “cuidadoso descuido” de Bolton en 2019 y la foto alterada de Petro es que esta vez hay un plan detrás, y no un arrebato aislado que promovía una mayor presión militar. El “dossier” en el que aparece el presidente colombiano está acompañado del rótulo “Doctrina Trump”, una hoja de ruta ideológica escrita en un documento más amplio, el Proyecto 2025, que busca rediseñar el poder Ejecutivo de Estados Unidos bajo la premisa de “recuperar el control del Estado para el pueblo estadounidense”.
El Proyecto 2025, impulsado por la Fundación Heritage y exfuncionarios del primer gobierno de Trump, es un documento escrito antes de las elecciones de 2024, que articula una política exterior basada en la noción de “América Primero”, el fortalecimiento del hemisferio occidental como “zona de seguridad estadounidense” y la reducción de la influencia de China y Rusia en América Latina.
En sus líneas dedicadas a las relaciones internacionales, el documento sugiere una reinterpretación contemporánea de la Doctrina Monroe con Estados Unidos como garante del orden en la región, incluso a través de “acciones preventivas” frente a amenazas percibidas, como está ocurriendo en este momento en el Caribe.
Esa reinterpretación tiene consecuencias directas para países como Colombia. Aunque Washington sigue calificando a Bogotá como “socio estratégico”, el nuevo marco doctrinal redefine esa relación en términos de subordinación funcional: aliados útiles en la contención del narcotráfico, las migraciones y la influencia de potencias externas (como China), más que socios soberanos que toman sus propias decisiones.
Para Colombia, atrapada entre el discurso soberanista del gobierno y la dependencia histórica de Washington, el margen de maniobra es estrecho. Las herramientas multilaterales parecen insuficientes.
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