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El próximo martes, hace dos años, Gabriel Boric ganaba la segunda vuelta presidencial en Chile, con el plebiscito constitucional como una de sus grandes banderas. Se trataba de la esperanza de la mayoría de un país, particularmente de una nueva generación posdictadura, que veía la necesidad de cambiar la Carta Magna que dejó el régimen de Augusto Pinochet. El sentimiento transformador se había exacerbado con las manifestaciones de 2019, un estallido social que exigía cambios políticos, sociales y económicos.
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Boric se posesionó en marzo de 2022 con la materialización del acuerdo político y el mandato popular de reformar la Constitución como uno de sus retos más urgentes e importantes. La derrota, no obstante, fue estrepitosa unos meses después, el 4 de septiembre del mismo año, cuando en las urnas, con el 62 % de los votos, triunfó el “Rechazo” a un proyecto que fue criticado por vago y porque no respondía a las nuevas realidades pospandemia (aumentos en el costo de vida y la percepción de inseguridad por las nubes, entre otras), pero alrededor del cual también se denunció una campaña de desinformación de la oposición.
La salida para conjurar el impasse resultó aún más desfavorable para el gobierno. “Este proceso es distinto, monopolizado por la derecha que jamás tuvo que llegar a consensos con el oficialismo”, explica Simón Rubiños Cea, asesor e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. En efecto, en el consejo constitucional que fue elegido por voto popular para redactar el nuevo proyecto se impuso la derecha, particularmente la del Partido Republicano.
¿Qué está en juego?
Las repercusiones que el resultado de este domingo tengan sobre conquistas como el acceso al aborto bajo tres causales, así como sobre la población migrante irregular (pues se plantea su expulsión en el menor tiempo posible), son materia de preocupación para los sectores más liberales o progresistas. Una de las promotoras más visibles del “En contra” ha sido la expresidenta Michelle Bachelet, quien en diálogo con este diario explicó que entre los puntos que más le preocupan de la nueva propuesta están los efectos para las mujeres, las finanzas municipales, entre otros.
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La exmandataria señaló que, en general, le inquieta que por la vía constitucional se estén reformando asuntos que serían del resorte legislativo, en materia de pensiones y salud, por ejemplo. Más aún, le preocupa el hecho de que la igualdad salarial no quede consignada en la nueva Constitución; asimismo, que a la paridad electoral se le ponga un coto de apenas dos elecciones. Pero si hay algo que en particular alarma es la posible amenaza para el acceso al aborto bajo las tres causales que se lograron despenalizar en Chile.
“Sobre las tres causales (en la propuesta constitucional) está escrito “niño es todo menor de 18 años” y “el derecho de quien está por nacer”. En la Constitución dice “el que está por nacer”. Puede parecer una sutileza, pero con eso trataron de que no se aprobara la ley (de las tres causales) y luego cuando se aprobó la llevaron al tribunal con esos argumentos para que fuera declarada inconstitucional. Por eso no soy fantasiosa cuando digo que hay un riesgo ahora, porque son las mismas personas que escribieron este texto las que han tratado de (tumbar las tres causales)”, explicó en su entrevista con El Espectador.
¿Qué se juega Boric?
Mientras que en el anterior proceso el gobierno de Boric fue un claro promotor del “Apruebo”, en este caso más bien ha guardado las distancias. “La apuesta del gobierno no está por su aprobación, hecho que (de darse) podría terminar de minar toda capacidad de transformación de aquí al término de su mandato”, dice Rubiños. No obstante, sí considera que la apuesta está en el rechazo para evitar que la Constitución “sea parte de su legado y se vea obligado a ceñir su agenda a implementar un texto ajeno”.
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Como escribió Paulina Abramovich para AFP, “desde la oposición, la elección se ha planteado como un referéndum sobre la gestión de Boric, quien en marzo llegará a la mitad de su mandato de cuatro años. “¡Boric vota en contra; Chile vota a favor!”, señala la publicidad opositora”. Rubiños, no obstante, advierte que “pase lo que pase no va a colapsar el país”.
Las encuestas más recientes anticipan una nueva victoria del “En contra” (con el 55 % de los votos o más), aunque el margen es relativamente estrecho (solo una dio una diferencia de más de 20 puntos porcentuales entre las opciones). Y debido al alto número de indecisos, no se descarta una victoria del “A favor”.
¿Hacia dónde irá Chile?
Si gana el “En contra”, por el desgaste que han dejado cuatro años de esfuerzos, “los ánimos no dan para impulsar un nuevo proceso”, afirma Rubiños. “Lo han dicho el gobierno y los partidos, que el tema constitucional quedaría en stand by, al menos hasta la siguiente administración. Independientemente, lo que siga deberá contar con un acuerdo político de entendimiento que permita disminuir la polarización y una mejor relación entre oficialismo y oposición”, agrega.
Si la opción de aprobación da como resultado vencedora, “en el corto plazo Chile pasaría por un momento de tensiones, más políticas que sociales, debido a la agenda de reformas (al menos 40) y la profundización del modelo económico que trae consigo la propuesta. A su vez, que las protestas de 2019 culminen con una Constitución de ultraderecha podría acentuar las contradicciones y eventualmente llevar, en el mediano plazo, a nuevas manifestaciones”, señala el analista.
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