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El 21 de abril, casi un mes antes de las elecciones presidenciales en Colombia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, dará a conocer el fallo del tercer caso de Nicaragua contra Colombia, en lo que se denominó como “supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”. Esta vez no está en riesgo ningún territorio o delimitación, sino la defensa de los derechos de pesca de los raizales.
“La Corte está llamada a resolver cuáles son los derechos de pesca que tienen los habitantes (colombianos) del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua”, le comentó a este diario Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la Universidad Javeriana, el 20 de septiembre del año pasado, día que comenzaron las audiencias orales en La Haya.
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Durante esas audiencias, Colombia pretendía demostrar que no hubo violación de espacios marítimos, “y que lo único que se ha hecho es garantizar los derechos de la comunidad raizal, para que estos puedan seguir pescando en sus zonas tradicionales”, explicó en ese momento Édgar Fuentes, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y la UNAD.¿Por qué este caso llegó a la CIJ?
En 2007, en un fallo sobre excepciones preliminares luego de la primera demanda que presentó Nicaragua contra Colombia en 2001, la CIJ resolvió que el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, entre otras islas y cayos, pertenecían a Colombia. Sin embargo, el caso se extendió hasta noviembre de 2012, cuando la CIJ emitió un fallo de fondo: decidió que aproximadamente 75.000 km² de espacio marítimo pasarían a ser parte de la ZEE de Nicaragua.
Colombia, disconforme con el fallo de ese año, se retiró del Pacto de Bogotá, tratado por el que varios países reconocieron la competencia de La Haya para dirimir las controversias de orden jurídico entre las partes. Pero para que esa salida se hiciera efectiva, era necesario esperar un año. En otras palabras, todavía existía un espacio para que Nicaragua presentara nuevas demandas, y eso fue lo que pasó.
En 2013, ese país demandó a Colombia dos veces más: en la segunda demanda, presentada en septiembre, pidió que se le otorgara una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas de su costa. Un caso que todavía está pendiente y que, según explica Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado, seguirá su curso normal, independientemente del fallo que la CIJ dará a conocer en abril próximo. Por otro lado, la tercera demanda, presentada en noviembre de ese año, Nicaragua solicitó a la Corte declarar que Colombia violó el derecho internacional por amenazar con usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses y mantener su presencia en esas zonas. Es sobre este caso que la Corte emitirá un fallo el 21 del próximo mes.
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¿Qué pasó en las audiencias orales?
Nicaragua sostuvo que el Estado colombiano incumplió el fallo de 2012. Alegó, además, que la Armada colombiana, al parecer, evitó que barcos nicaragüenses pescaran en la ZEE de Nicaragua. También sostuvo que el decreto del expresidente Juan Manuel Santos de 2013, que creó la Zona Contigua Integral, con el que aseguró que realizaría actividades para la protección del Caribe colombiano, es contrario al derecho internacional. Ese país alega que la Zona Contigua no puede exceder las 24 millas náuticas de las que habla la Convemar.
“Nicaragua asegura que Colombia no tiene derechos en su ZEE. Por el contrario, Colombia sostuvo que la ZEE lleva tal nombre porque la única exclusividad de derechos es precisamente económica. Colombia alega, por ende, tener derechos de navegación y sobrevuelo, así como otros consuetudinarios no explícitamente reconocidos en la Convemar”, explicó Cárdenas al finalizar las audiencias.
Un fallo en época electoral
Para Fuentes, lo que digan los candidatos presidenciales acerca del fallo, sea favorable o no para Colombia, daría luces sobre la política exterior que adoptaría quien llegue a gobernar (quien, sin duda, tendría que enfrentar los efectos del fallo) “en materia de relaciones internacionales, sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de los fallos de organismos internacionales”. Y esto importa, agrega, porque en el marco de la cooperación internacional, convenios, entre otros, los entes involucrados “revisan el grado de cumplimiento” del país como referencia. Básicamente, tiene implicaciones en la reputación internacional de Colombia.
Por otro lado, Fuentes señala que la comunicación de la noticia será clave para evitar caer en la idea equivocada de que la favorabilidad o desfavorabilidad del fallo es imputable a un gobierno, pues el pleito se remonta a varios años atrás, pero, además, corresponde a un asunto de Estado y no de una administración. Precisamente allí es donde Cano señala falencias de Colombia: para él, el país ha cometido dos grandes errores en el proceso. El primero es no haber dado continuidad ni fortalecido el equipo de defensa de Colombia en el caso, y el segundo, también de vieja data, es la falta de una política de Estado en materia de fronteras, algo que el país carece y que, en palabras de Cano, ha estado en segundo plano en los más de 200 años de vida republicana.
La decisión de los jueces de La Haya se conocerá el 21 de abril, a las 10:00 a.m., hora de Países Bajos (3:00 a.m., hora de Colombia). La Cancillería de Colombia ha dicho que hasta que se conozca el fallo, el equipo jurídico del país se pronunciará al respecto.
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