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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no quiere perder el control de la narrativa en su país, mucho menos ahora que se avecinan las elecciones regionales. Por eso, mostrando su mejor cara, el mandatario anunció el miércoles la firma de un “memorándum de entendimiento” con la Corte Penal Internacional, con el que se comprometía a cooperar con el tribunal en la búsqueda de la verdad sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, en las que murieron más de cien personas.
Pero lo que dijo Maduro no es nada más que un eufemismo para lo que en realidad pasó. Karim Khan, fiscal de la CPI, anunció que el tribunal abrirá una investigación formal contra Venezuela, luego de dar por culminada la investigación preliminar que comenzó en 2018. El objetivo de esta investigación formal, dice Khan, es determinar la veracidad de las denuncias contra el gobierno de Maduro y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona. Esto quiere decir que quienes estuvieron detrás de la violencia contra la oposición están más cerca de rendir cuentas a la justicia.
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El anuncio fue bien recibido por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW). José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, dijo que la investigación les “da esperanza a los cientos de víctimas de represión brutal del régimen de Maduro”.
También es un reconocimiento a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que ha denunciado cómo las investigaciones contra las cadenas de mando en los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia se han dilatado para proteger a los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, dijo que con el anuncio de la CPI “se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente en las últimas semanas”.
¿Qué significa la declaración para el oficialismo?
Según Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la decisión de la CPI “no va a influir mucho en las elecciones que se avecinan en Venezuela, por el carácter local que las caracteriza. Ahí no está en juego el control del Estado venezolano, ni el Ejecutivo ni el Legislativo; por lo que la incidencia es más simbólica”.
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Nicmer Evans, politólogo venezolano y fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, coincide en que esta decisión tiene un gran simbolismo que adorna los comicios del próximo 21 de noviembre. “Ahora está la observación internacional en Venezuela. El hecho de que todos los ojos están posados en lo que está sucediendo en el país pone contra la pared a Maduro y presiona a las Fuerzas Armadas para que lo piensen dos veces antes de ejecutar las instrucciones de Maduro”.
A largo plazo, la apertura de la investigación sí podría tener efectos sobre la cúpula chavista. Como dice Rodríguez, el caso sobre Venezuela tiene una ventaja para las víctimas: “Esta es la dictadura latinoamericana de la que más se tiene registro e información, porque la vulneración a los derechos humanos ha quedado registrada en videos y fotos. Es una dictadura en la era de los smartphones y hay varias organizaciones de la sociedad civil que han documentado qué ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, en las protestas”.
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