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La fiscalía de Ciudad de México solicitó los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según consta en expedientes. Muchas de las personas vigiladas dicen que se les siguió por razones políticas.
Una destacada candidata presidencial. El encargado de las aduanas del país. Al menos tres alcaldes de la capital. La lista incluye a poderosos integrantes del gobierno de México.
Y, según consta en registros judiciales, todos fueron vigilados hace poco por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la fiscalía general indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregase registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.
Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en un documento judicial, revisado por el Times, que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este año. La vigilancia incluyó tanto a opositores como a aliados del partido gobernante, Morena.
Los requerimientos de la fiscalía de Ciudad de México indican que la información se buscaba en conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones.
No obstante, la oficina de la fiscalía dice que no tiene carpetas de investigación por tales delitos y que “desmiente categóricamente” haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos mencionados en la documentación.
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“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, dijo la fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
A pesar de estas negativas, un juez federal dijo este año que la oficina de la fiscalía general de Ciudad de México había de hecho solicitado a Telcel que entregara los registros. La valoración del juez se incluyó en una demanda contra la fiscalía presentada por el alcalde de una delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos.
Muchas de las personas nombradas en dichos requerimientos dicen que la verdadera razón por la que se les señaló era porque son blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
México ha sido conmocionado por escándalos de vigilancia en repetidas ocasiones, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal dirigida a los mexicanos. Durante mucho tiempo, el presidente criticó a sus antecesores por esas prácticas.
Pero su gobierno ha empleado algunas de las mismas tácticas que condenaba. En la presidencia de López Obrador, el ejército del país ha utilizado en diversas ocasiones el programa espía Pegasus para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso altos funcionarios de su propio gobierno.
El sistema de justicia se está empleando en contra de los políticos, aseguró Santiago Taboada Cortina, el alcalde que presentó la demanda de amparo. Taboada, integrante de la oposición política, ha anunciado que planea presentarse como candidato a la jefatura de gobierno de la capital en las elecciones del próximo año.
Comentó que no era “normal” que esto sucediera como resultado de sus aspiraciones.
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En los casos de emergencia en donde hay una vida en peligro —como en los secuestros— la legislación mexicana permite que los investigadores obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden.
Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez federal a las 48 horas de hacer el acercamiento a las empresas de telecomunicaciones, algo que la fiscalía no llevó a cabo. En los registros judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de un juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados.
Telcel no respondió a pedidos de comentario.
Higinio Martínez Miranda, uno de los principales senadores de Morena, legislador por el Estado de México, recordó la promesa del presidente de que en su gobierno no se iba a espiar a nadie. La fiscalía general de Ciudad de México obtuvo sus datos de telefonía celular de octubre de 2021 a enero de 2021, según los expedientes de Telcel.
Martínez calificó de condenables estas acciones y rechazó haber cometido algún delito. Dijo que no tenía idea de que estuviera siendo investigado hasta que se enteró por periodistas del Times.
Taboada, el alcalde de delegación, fue objeto de vigilancia en 2021, pero, dijo, no fue sino hasta un año después que un amigo lo alertó al contarle que en la fiscalía de Ciudad de México lo estaban investigando.
Alarmado por la noticia, Taboada presentó una demanda para obligar a que la fiscala general de Ciudad de México y Telcel respondieran a la acusación.
En el expediente vinculado a la demanda, Telcel reconoció que había brindado los registros telefónicos de Taboada a la fiscalía de la capital en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros y a la fiscalía del estado de Colima por un requerimiento.
En los requerimientos también se incluían decenas de otros números telefónicos, indicó Telcel, entre ellos los de personalidades poderosas de Morena, el partido gobernante, y algunos de sus opositores.
En los documentos judiciales, la fiscalía de Colima indicó que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una persona anónima brindara su número, y el de otros usuarios, en conexión con un caso local de secuestro. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de investigación no había brindado nada de relevancia y que habían procedido a destruir los registros telefónicos.
En la misma demanda, la fiscalía de Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos de Taboada.
Taboada rechazó cualquier participación en los secuestros.
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Según dos juristas, las acciones de la oficina de la fiscalía general de Ciudad de México fueron ilegales. Otro experto comentó que tal vez no hayan sido ilegales, pero que claramente eran un abuso de autoridad.
“El sistema es fácil de manipular. Los fiscales pueden inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.
“Definitivamente es un sistema que está diseñado para el abuso y que está siendo abusado”.
Las empresas de telefonía tienen la expectativa legal de colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar las peticiones abusivas”, dijo García. No obstante, estas empresas dependen de las licencias gubernamentales y a menudo cumplen más de lo debido con los requerimientos, tal vez, por temor a represalias, afirmó.
No es la primera vez que una fiscalía haya podido hacer mal uso de su poder. En 2016, la oficina de la fiscalía general de México solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense que investigaban la masacre de 193 personas, arguyendo que las mujeres estaban vinculadas a una indagatoria de secuestro.
El monitoreo ordenado por los fiscales manda un mensaje, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue objeto de vigilancia en 2016: que puede usarse el sistema de justicia penal contra los defensores, los periodistas, los expertos y los opositores y que, añadió, no habrá consecuencias.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en ese momento era el titular de Agencia Nacional de Aduanas de México en 2022.
También fueron monitoreadas, según los requerimientos y el expedientes revisados por el Times, la senadora conservadora Lilly Téllez, hasta hace poco una de las principales aspirantes de la oposición a la presidencia, así como Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora y franca opositora de Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de Ciudad de México y la candidata presidencial del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año.
La fiscalía general de Ciudad de México acusó a Rojo de la Vega de delitos electorales el año pasado, lo que Rojo de la Vega dijo era una venganza política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. El caso fue desestimado por una jueza posteriormente.
Un portavoz de Sheinbaum, quien era jefa de gobierno de la capital en el momento en que se solicitaron los registros telefónicos, declinó hacer comentarios.
Rojo de la Vega, molesta por el monitoreo, dijo que ese tipo de vigilancia debería ser utilizado más bien para investigar a los verdaderos criminales. Afirmó que esa debería ser la labor de la fiscalía, pero que estaban ocupados persiguiendo a la gente que los incomodaba.
Téllez y Rojo de la Vega, cuyos datos de telefonía celular fueron solicitados en siete ocasiones en 2021 y en 2022, negaron cualquier involucramiento en casos de secuestro.
Los fiscales también requirieron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de Ricardo Amezcua, integrante de la judicatura de la Ciudad de México. No respondieron a pedidos de comentario.
Se espera que Ernestina Godoy Ramos, fiscala general de Ciudad de México, sea reafirmada en su cargo en algún momento de este año.
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