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Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de derechos humanos venezolano, salía de un edificio residencial en Bogotá cuando, el 13 de octubre de 2025, fue víctima de un atentado. Dos hombres no identificados dispararon contra él y el analista político colombovenezolano Luis Alejandro Peche Arteaga, en un crimen que permanece impune y que mostró los riesgos que corren los líderes sociales del país vecino incluso en el exterior. Porque ese no ha sido el único ataque que él, fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, ha sufrido. Antes, en su país, fue objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura. Le anularon el pasaporte y tras huir a Colombia, donde esperaba su reconocimiento como refugiado, fue agredido en un posible caso de represión transnacional. Su historia fue recordada en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional, que reveló cómo las libertades están bajo asedio en América Latina y cómo la represión y el cierre del espacio cívico se están enraizando en varios rincones de la región.
“No debemos permitir que se avance hasta llegar al peor escenario posible”, expresó Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de dicha organización: “Nuestro llamado es a tomar las alertas tempranas para contener” los esfuerzos que apuntan a atacar el tejido social y a los lazos de solidaridad entre comunidades, algo que se ha visto con fuerza, por ejemplo, en El Salvador y Nicaragua. Nayib Bukele evitó que periodistas de El Faro entraran a las ruedas de prensa, luego sometió al medio a una investigación por evasión de impuestos y lavado de dinero y llegó a criminalizar a los reporteros, muchos en el exilio. Daniel Ortega, por su parte, no solo apresó a los opositores, sino que a cientos de ellos les quitó la nacionalidad.
Se trata, entonces, de distintos grados en los cuales el espacio cívico se ha ido cerrando en los últimos años y que, en esos dos casos particulares, que tal vez son de los más extremos, han llevado a la clausura de más de 5.600 organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil (iglesias, universidades y grupos de derechos humanos) y a la aprobación el año pasado de una ley salvadoreña que les impone a ese tipo de agrupaciones un impuesto del 30 % sobre las donaciones y fondos extranjeros, además de que hay individuos privados de la libertad por defender los derechos humanos. Allí hay necesidades urgentes, como también las hay en sitios críticos de la región, entre ellos Venezuela.
De hecho, lo que sucede en suelo venezolano no es aislado y responde a un “patrón de actuación estatal”, según detalló Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional para ese país: “No son violaciones que se pueden entender de forma individual. Estamos ante crímenes de lesa humanidad y hay una relación en cadena de cada uno de ellos. Es decir, hay una coordinación dentro del Estado para perseguir y castigar a la disidencia, ya sea real o percibida”, y eso sigue vigente en 2026 con las detenciones arbitrarias. Y es que, para finales del año pasado, 806 personas estaban privadas de la libertad y, a la fecha, más de 400 siguen bajo detención. Esto no es un fenómeno del pasado reciente. Al contrario, hace parte de una red de violaciones a los derechos humanos en la que también hay desapariciones forzadas (por lo menos 63 fueron registradas a finales de 2025) y se ve el uso del poder judicial como parte del aparato represor.
“La crisis todavía persiste”, enfatizó Rojas, quien mencionó que siguen los reclamos por condiciones de vida, especialmente asociados a derechos laborales y al acceso a una vivienda digna. La migración de unos ocho millones de venezolanos, entonces, ha surgido como consecuencia de ello, además de que dos millones de personas dependieron el año pasado de la ayuda humanitaria internacional, en medio de un contexto en el que se sabe que la cooperación se restringe. Su preocupación tiene muchos frentes: por un lado, las excarcelaciones que no tienen garantías plenas de libertad y de acceso a los derechos. Por el otro, la Ley de Amnistía que, según el análisis, se está construyendo como un elemento más del aparato represivo.
“¿Por qué tiene que importarme Venezuela?”, es una pregunta sobre la cual ella ha sido crítica desde hace años: “Porque eso se puede terminar replicando. Porque si yo veo que mi vecino u otro en la región tiene estas prácticas represivas y no le pasa nada, yo también puedo empezar a reproducirlas. Eso es lo que viene pasando”. El panorama se ha vuelto más complicado aún con un elemento adicional que mencionó Ballesta y que tiene que ver con la retórica marcada desde Estados Unidos: “Eso está generando una cámara de eco para las violaciones a los derechos humanos y para atacar al multilateralismo, donde ellos tenían un lugar primordial”. Con ello se refirió a los ataques impulsados por Washington en aguas del Caribe y del Pacífico, los cuales, según advirtió, son ejecuciones extrajudiciales que se han realizado “con total impunidad” y que muestran cómo se está empleando el uso intencional de la fuerza letal en la región.
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