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El gobierno de Donald Trump está intentando deportar a un grupo de ocho migrantes a Sudán del Sur, un país que se encuentra al borde de la guerra civil.
Se cree que los hombres, que proceden de países como Vietnam, Cuba y México, actualmente se encuentran retenidos en una base militar estadounidense en la nación de Yibuti, en África Oriental, luego de que un juez federal ordenara al gobierno que no los entregara a las autoridades de Sudán del Sur.
En algunas circunstancias, la ley de migración estadounidense permite el envío de personas a países que no son el suyo. Sin embargo, en gobiernos anteriores esto no ha sido frecuente.
El gobierno de Trump está intentando hacer algo más amplio: enviar potencialmente a grupos grandes de personas a lugares peligrosos como Sudán del Sur, Libia o una prisión de máxima seguridad en El Salvador, con escasas o nulas garantías procesales, incluso si sus países de origen están dispuestos a recibirlos de vuelta.
“La trifecta de ser enviado a un tercer país, más la escala que se pretende alcanzar, más el enfoque del castigo como objetivo; esas tres cosas combinadas, eso se siente como algo muy nuevo”, dijo Sarah R. Sherman-Stokes, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
En última instancia, dicen los expertos, el objetivo del gobierno podría ser usar el miedo para moldear el comportamiento de otros migrantes.
La deportación a países asolados por la guerra, dijo Muneer Ahmad, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, es una “estrategia concertada” cuya intención es “tanto desincentivar que la gente venga a Estados Unidos como incentivar que se autodeporte”.
Esto es lo que hay que saber sobre los deportados y por qué el gobierno de Trump está intentando enviarlos a Sudán del Sur y a otros países.
¿Quiénes son los deportados?
Una revisión de los registros judiciales realizada por The New York Times reveló que los ocho hombres trasladados a Yibuti han sido condenados por delitos violentos.
Funcionarios del gobierno dijeron que los hombres recluidos en Yibuti son “monstruos bárbaros” y publicaron un documento de 70 páginas con sus antecedentes penales. Los expertos afirman que esto podría formar parte de una estrategia deliberada para poner a la opinión pública en contra del poder judicial por ralentizar los agresivos planes de deportación del gobierno.
Los antecedentes penales de los deportados contrastan marcadamente con los de los más de 100 venezolanos que fueron deportados a El Salvador. La mayoría de los venezolanos no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro lugar, y algunos fueron deportados basándose en poco más que sus tatuajes y su ropa.
Uno de los hombres enviados a Yibuti, Thongxay Nilakout, ciudadano de Laos, disparó y mató a una turista alemana en 1994, cuando tenía 17 años. Cuando Birte Pfleger, hija de la víctima, se enteró de que Nilakout podría estar pronto en Sudán del Sur, experimentó dos emociones, según afirmó en una declaración: impotencia por la pérdida de su madre y consternación por la manera de proceder del gobierno.
Los ocho hombres son “criminales condenados por delitos atroces”, dijo. Pero, añadió, eso no justificaba lo que ella consideraba que era el gobierno “violando” su derecho al debido proceso. “Si consentimos en ignorar los derechos fundamentales de algunas personas”, dijo, “¿quién puede asegurar que esos derechos se aplicarán a nosotros y quién decide cuándo y para quién se aplican los derechos?”.
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¿Por qué Sudán del Sur?
El presidente Trump confirmó el 22 de mayo que los migrantes se encontraban en Yibuti camino a ser deportados a Sudán del Sur, un país que se encuentra al borde de la guerra civil. Decenas de miles de personas se han visto desplazadas por los recientes enfrentamientos.
Los hechos que convirtieron a Sudán del Sur en un destino potencial para las deportaciones a terceros países comenzaron a principios de abril, cuando Sudán del Sur dijo que no aceptaría a un hombre que iba a ser expulsado de Estados Unidos. Al día siguiente, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, anunció la cancelación de todos los visados para ciudadanos de Sudán del Sur porque las autoridades no querían “aceptar la repatriación de sus propios ciudadanos”, aunque posteriormente se informó que el hombre procedía de la República Democrática del Congo.
Posteriormente, el país permitió que el hombre entrara en el país, aludiendo a “el espíritu de las relaciones amistosas existentes”. Sin embargo, la prohibición de las visas se mantuvo vigente.
Sudán del Sur ahora está intentando que se levante la prohibición. El país también depende en gran medida de la ayuda financiera y humanitaria estadounidense, que se ha visto afectada por los recortes del gobierno de Trump a la ayuda exterior.
Un portavoz del gobierno de Sudán del Sur no respondió a las solicitudes de comentarios.
¿Qué otros países están involucrados?
El Salvador: El presidente Trump deportó en marzo a una prisión de máxima seguridad de El Salvador a casi 140 hombres de Venezuela a los que el gobierno acusaba de ser miembros de bandas, utilizando una ley poco utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Estados Unidos ha pagado millones de dólares a El Salvador por encarcelar deportados.
Más de una decena de familiares de los deportados han demandado al gobierno salvadoreño, acusándolo de mantener a sus seres queridos tras las rejas ilegalmente. Los abogados de estos hombres afirman que la operación del 15 de marzo eludió el debido proceso y arrestó a personas que no son miembros de pandillas.
Ruanda: Este mes, el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda dijo que el país estaba iniciando conversaciones con el gobierno de Trump para recibir migrantes deportados de Estados Unidos. Ruanda se ha posicionado durante mucho tiempo como socio de las naciones occidentales, como el Reino Unido, que intentan frenar la migración, y se ha ofrecido a dar asilo a los migrantes o a albergarlos mientras esperan su reasentamiento en otro lugar, a veces a cambio de una remuneración.
Los críticos afirman que enviar personas a Ruanda es peligroso, aludiendo a sus antecedentes negativos en materia de derechos humanos, sus recursos limitados y la intimidación y vigilancia de migrantes y refugiados realizadas anteriormente por las autoridades. Los tribunales del Reino Unido e Israel han bloqueado los esfuerzos de estos países por enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
Libia: El gobierno de Trump planeaba transportar a un grupo de migrantes laosianos, vietnamitas y filipinos a Libia en un avión militar estadounidense, pero desistió ante una orden judicial. Representantes de los gobiernos enfrentados de Libia han negado haber llegado a ningún acuerdo para aceptar deportados de Estados Unidos.
Libia está inmersa en una larga guerra civil. Grupos de derechos humanos han dicho que las condiciones en su red de centros de detención de migrantes son “horribles” y “deplorables”.
México: El 24 de mayo, el juez Brian Murphy, del Tribunal Federal de Distrito de Boston, ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de un guatemalteco que había sido deportado a México. El juez criticó al gobierno por los errores cometidos en el caso y dictaminó que era probable que el hombre, que temía ser perseguido si era deportado, “lograra demostrar que su expulsión carecía de cualquier apariencia de debido proceso”.
¿Cuáles son las cuestiones legales?
Los abogados que representan a los deportados han estado luchando contra los programas del gobierno de Trump con demandas y mandamientos judiciales.
En abril, Murphy ordenó al gobierno que avisara a los deportados con al menos 15 días de anticipación antes de enviarlos a un tercer país y que les diera la oportunidad de decir a un tribunal si temían ser perseguidos o torturados en sus destinos.
A pesar de esa orden, el Departamento de Seguridad Nacional deportó a los ocho hombres. Según sus abogados, les dijeron que se dirigían a Sudán del Sur.
Murphy estaba furioso. “Las acciones del Departamento en este caso violan incuestionablemente la orden de este tribunal”, dijo en una audiencia celebrada el 21 de mayo, advirtiendo que los funcionarios del gobierno que permitieron las deportaciones podrían enfrentar sanciones penales.
La ley federal estadounidense prohíbe específicamente que el gobierno deporte a personas a países donde su vida o su libertad se verían amenazadas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o donde haya una alta probabilidad de que sean torturadas.
¿Cuál es el objetivo de Trump?
En su campaña, el presidente Trump prometió iniciar un programa de deportación a gran escala. Ya en el cargo, ha tomado medidas para desmantelar los programas gubernamentales que protegen de la deportación a determinados inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos, lo que ha provocado varias impugnaciones judiciales en el marco de la ofensiva más amplia de su gobierno contra la migración.
El gobierno de Trump también ha ampliado el grupo de personas que pueden ser objeto de expulsión, acelerando el proceso de deportación y endureciendo las normas para algunos inmigrantes legales. Parece que los funcionarios del gobierno se arriesgan a entrar en conflicto con varios jueces. Al menos tres de ellos —Murphy, el juez James Boasberg y la jueza Paula Xinis— han planteado la posibilidad de declarar a funcionarios del gobierno en desacato penal.
Es posible que el gobierno crea que las deportaciones tendrán un mayor efecto disuasorio si los migrantes son enviados a países que son evidentemente peligrosos o violentos. En otras palabras, dicen los expertos, el objetivo podría ser precisamente generar miedo.
Las deportaciones también podrían tener implicaciones más amplias para la capacidad de los tribunales de controlar el poder presidencial.
Andrew O’Donohue, investigador no residente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que las luchas legales sobre cuestiones populares pueden ser una forma de presionar a los tribunales para que debiliten los contrapesos institucionales. Él estudia los enfrentamientos entre los tribunales y los dirigentes electos de todo el mundo, y llama a esta estrategia “provocación judicial”.
Hasta ahora, los tribunales federales han frenado algunos de los intentos del gobierno de Trump de ampliar el poder presidencial. Sin embargo, un enfrentamiento legal sobre la deportación de delincuentes violentos podría ser una forma de presionar a los tribunales.
*Reportería adicional por Hamed Aleaziz, Alan Feuer, Abbie VanSickle y Parin Behrooz. Alain Delaquérière y Susan C. Beachy colaboraron con investigación.
Abdi Latif Dahir es el corresponsal para África Oriental del Times, con sede en Nairobi. Cubre una amplia gama de asuntos, incluyendo geopolítica, negocios, sociedad y artes.
Amanda Taub es autora de TheInterpreter, una columna y boletín que explica los sucesos internacionales. Reside en Londres.
Reportería adicional por Hamed Aleaziz, Alan Feuer, Abbie VanSickle y Parin Behrooz. Alain Delaquérière y Susan C. Beachy colaboraron con investigación.
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