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Presos venezolanos piden al Papa interceder si se reúne con Chávez

El mandatario sostiene que en Venezuela no existen presos políticos sino políticos presos.

AFP
27 de marzo de 2012 – 08:32 a. m.

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Un grupo de reos venezolanos que se identifican como presos políticos pidió en una carta enviada al papa Benedicto XVI que «interceda» por su «liberación» si llega a reunirse durante su visita a La Habana con el presidente Hugo Chávez, que se trata de un cáncer en la isla.

«Nos atrevemos humildemente a pedirle que, de encontrarse con el presidente Chávez, Su Santidad interceda por los presos y perseguidos políticos» en el país, reza la carta enviada el martes a los medios de comunicación y firmada por poco más de una veintena de presos, familiares, abogados y defensores de derechos humanos.

«Nos dirigimos a usted, confiados y esperanzados, porque estamos convencidos que sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, podrían infundir al presidente Chávez iniciativas que sirvan para rescatar la paz, la unión y la concordia que tanto añoramos los venezolanos», añade la misiva enviada a la Nunciatura Apostólica de La Habana.

«Entre las iniciativas que nuestro país clama con mayor insistencia se encuentran la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, y el cese de la persecución a la disidencia», agrega.

Chávez sostiene que en Venezuela no existen presos políticos sino «políticos presos».

Este martes crecían las especulaciones sobre la posible presencia de Chávez en un eventual encuentro entre el líder cubano Fidel Castro y el Papa en La Habana, adonde el mandatario venezolano llegó el sábado para tratarse del cáncer que padece.

Sin embargo, ninguna solicitud de audiencia ha sido formulada a la delegación del Papa, según dijo el domingo el portavoz del Vaticano.

Entre los firmantes de la carta destaca la jueza María Luisa Afiuni, detenida desde hace más de dos años por haber puesto en libertad condicional a un banquero acusado de corrupción, que luego se fugó a Miami.

Chávez exigió públicamente la pena máxima para la magistrada, es decir, 30 años.La jueza denuncia que su caso está viciado y ha recibido el apoyo de varios organizaciones humanitarias, mientras las Naciones Unidas han calificado su detención de «arbitraria».

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