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Javier Milei lleva apenas dos semanas y media en la Casa Rosada, pero ya se ha enfrentado a la segunda gran convocatoria de protestas contra su gobierno este miércoles. La razón: el decreto de necesidad y urgencia que firmó y que contiene unas 300 reformas que son vistas por sus detractores como el desmantelamiento del Estado por vías inconstitucionales.
Los sindicatos se sumaron este miércoles a otras organizaciones sociales que ya se habían manifestado contra la nueva administración la semana pasada. Se concentraron en la zona conocida como Tribunales, en Buenos Aires.
Al tiempo, bajo la consigna “el que la hace la paga”, el gobierno implementó el llamado protocolo antipiquetes, puesto en marcha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para contener las protestas y evitar bloqueos con el despliegue de la Fuerza Pública. Aunque la aglomeración efectivamente se concentró en las aceras, no faltaron los retrasos e impactos en el tránsito.
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Desde las 11 de la mañana, hora local, y hasta pasada la 1 de la tarde, integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otras, se reunieron para protestar en inmediaciones de la sede del Poder Judicial. Varias ciudadanos advirtieron que esto es apenas un abrebocas y que irán por el paro general.
Se prevé que las centrales obreras se vuelvan a reunir este jueves para definir su “plan de lucha”.
¿Qué dicen las reformas?
Hace una semana, Milei presentó el contenido de su decreto de necesidad y urgencia (DNU), un mecanismo que le permite al Ejecutivo tomar medidas con fuerza de ley ante coyunturas de urgencia. El gobierno ha invocado la difícil situación económica del país, cuya inflación anual se encuentra cerca del 160 %.
El paquete busca desregular la economía, liberar precios, abrir la puerta a la privatización de unas 60 empresas públicas, permitir las operaciones en dólares, flexibilizar el sistema laboral y el sanitario (lo que es visto por los opositores como la vulneración de las garantías para los trabajadores y la ciudadanía en general), entre otros.
Se espera que las reformas tengan un impacto en la cotidianidad de la gente al, por ejemplo, derogar la ley de alquileres, que no tendrán plazo ni tope de precio, que podría ser transado en cualquier moneda.
En suma, según anunció el presidente hace una semana, el objetivo es “desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico” del país.
El papel del Legislativo
Aunque este tipo de decretos son promulgados por el Ejecutivo, y en este caso se prevé que entre en vigor el próximo 29 de diciembre, el Congreso tiene la facultad de refrendarlo o tumbarlo, si así lo considera.
El Legislativo, que fue llamado a sesiones extraordinarias a partir del martes para analizar la batería de reformas gubernamentales, podría rechazarlas con mayoría simple en cada una de las Cámaras. Sin embargo, si solo una de ellas aprueba el decreto, este sería válido, al igual que si ninguna de las dos estudia el DNU.
El partido del presidente, La Libertad Avanza, tiene 40 de los 257 escaños de diputados y siete de 72 senadores, mientras que la oposición peronista es la primera minoría en ambas cámaras.
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“Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Su partido, La Libertad Avanza, está confiado de que lo logrará”, escribió Constanza Lambertucci, para El País.
El arranque, no obstante, no fue el mejor, pues el ambiente está tenso no solo por el contenido de las reformas, sino por las palabras del presidente. “A esos que les gusta tanto la discusión, discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. ¡Cuidado! Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, dijo Milei el martes en la noche en una entrevista en el canal LN+.
Este miércoles, en repuesta, legisladores opositores retaron al primer mandatario a que, si tiene pruebas de las coimas a las que se refiere, denuncie ante la justicia.
La vía judicial
Es precisamente la vía judicial la que queda para tumbar el DNU, confían las organizaciones. Tras el anuncio del paquete de reformas, empezaron a llover los anuncios de litigios en contra del decreto presidencial.
El primero se conoció la semana pasada, cuando varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia invocada por el Ejecutivo para adoptar las drásticas medidas económicas.
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, citado por Efe, asegura, por ejemplo, que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cree que el decreto de desregulación económica es “completamente legítimo”. “¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas”, reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
Como explica la agencia española, “los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país”.
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La Corte Suprema se ha pronunciado ya en por lo menos dos ocasiones y ha señalado la necesidad de que estos sean validados por el Congreso y de que el Gobierno los emplee con carácter “excepcional”.
Un plebiscito (no vinculante)
El presidente Milei, en la misma entrevista con la LN+, advirtió que si el Legislativo no pasa el paquete de reformas, llamará a una plebiscito para que se la gente la que decida.
No obstante, este miércoles, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, citado por Clarín, admitió que dicho mecanismo no sería vinculante. “Es no vinculante, indica conformidad o disconformidad del electorado, una gran encuesta nacional”, indicó en declaraciones a la radio Urbana Play.
* Con información de AFP y EFE.
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