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En Ecuador, la eliminación del subsidio al combustible diésel llevó a que miles de personas se manifestaran en contra de esta medida y de la inseguridad que enfrentan en las avenidas por robos y extorsiones. Los manifestantes bloquearon vías, incendiaron objetos e impidieron la entrada y salida de personas que transitaban por allí.
Ante esta reacción, el presidente Daniel Noboa declaró, este martes 16 de septiembre, el estado de excepción en siete provincias debido a una “grave conmoción interna”. El decreto regirá por 60 días para las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Esto significa que, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 134, se restringe el derecho a la reunión y se otorga el control del orden público a la Policía y las Fuerzas Armadas.
Durante el estado de excepción, las autoridades restringen las concentraciones en espacios públicos de forma permanente, con la finalidad de frenar la interrupción de servicios y evitar que se vulneren los derechos, libertades y garantías del resto de la población.
Daniel Noboa argumentó que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta” y afectando el “derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
No obstante, el decreto precisa que esto no supone una limitación al derecho a la protesta, siempre que se realice pacíficamente y sin vulnerar los derechos, libertades y garantías de los demás ciudadanos.
“El riesgo de normalizar el estado de excepción en Ecuador es alto porque, aunque la Constitución lo concibe como una medida extraordinaria, se ha vuelto frecuente en distintos gobiernos. Al limitar derechos como asociación, reunión o circulación, reduce el espacio democrático, genera desconfianza en las instituciones y profundiza la polarización”, aseguró Carolina Bazante, directora de Lupa Media, organización especializada en verificación de información y educación mediática.
Las tensiones iniciaron el 12 de septiembre, cuando Noboa anunció la eliminación de un subsidio de US$1.100 millones en combustible diésel, usado mayormente por el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola. Como resultado, el precio de este combustible se incrementó desde el sábado 13 de septiembre, pasando de US$1,80 a US$2,80 por galón (3,78 litros).
“Los subsidios son un tema sensible en Ecuador tras más de 50 años de vigencia. El alza del diésel impacta directamente en transporte y producción, generando especulación en alimentos, aunque por ahora las protestas son focalizadas y no alcanzan la magnitud de 2019 o 2022”, explicó Bazante.
A pesar de las protestas y los llamados del gremio transportista, el gobierno aseguró que está abierto al diálogo, pero no cederá en su decisión de eliminar el subsidio, ya que esos fondos se usarán para “quienes realmente lo necesitan”.
Sindicatos de diversos sectores anunciaron que intensificarán sus movilizaciones, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la organización más influyente de su tipo en el país, advirtió que el gobierno de Noboa “está agotando la paciencia del pueblo”.
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El gobierno creó el Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES), una ayuda económica única de US$1.000 destinada a 100.000 familias vinculadas a actividades agropecuarias, especialmente en zonas rurales y costeras. Fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 125 para mitigar el impacto económico de la eliminación del subsidio al diésel.
Durante esta coyuntura, 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiarios del bono, que puede recibirse sin trámites presenciales, buscando fortalecer la soberanía alimentaria, la economía rural y la inclusión financiera.
A pesar de estas soluciones, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, responsabilizó al mandatario por la subida de los precios del transporte público, asegurando que “el transporte público es una política social”.
Las tensiones sociales permean Ecuador
Noboa autorizó a las fuerzas policiales y militares a “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana”.
“El estado de excepción limita el derecho a la protesta y genera autocensura, mientras el despliegue de la fuerza pública incrementa el riesgo de abusos y criminalización del disenso”, afirmó Bazante.
Además de las protestas por la subida del combustible, se añadieron reclamos ciudadanos por otras causas. En Cuenca, más de 100.000 personas participaron en la llamada Marcha por el Agua, en oposición al proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, posicionando a la ciudad como uno de los principales focos de movilización nacional.
Por su lado, los dirigentes indígenas concedieron al presidente Noboa un plazo de ocho días para responder a sus exigencias, advirtiendo que, de no hacerlo, convocarán a un levantamiento popular, según el medio ecuatoriano Expreso.
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Aún hay mucha expectativa sobre cómo el presidente Noboa manejará la situación en el país y si el estado de excepción será realmente la solución, ya que el descontento del gremio no puede resolverse con un decreto. Además, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya anunció nuevas marchas para el 23 de septiembre.
“El decreto de Noboa no cumple con los estándares internacionales, pues al normalizar el estado de excepción y usar fuerzas de seguridad como primera respuesta, limita la protesta pacífica y se aparta de las recomendaciones de la ONU y la CIDH”, añadió Bazante.
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Por Laura Henao Arévalo
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