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A finales de marzo pasado, un incendio provocó una tragedia en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México: cuarenta personas fallecieron. Allí estaban recluidos 68 hombres (entre ellos un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos), que serían deportados a sus países de origen. En un primer momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó responsabilizar a las personas de lo sucedido. Sin embargo, desde la sociedad civil y la justicia mexicana se han llevado a cabo diversas acciones alrededor del tema.
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Por mencionar unos ejemplos, el domingo partieron cerca de 2.000 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos venezolanos, colombianos y haitianos, desde Chiapas hacia Ciudad de México, con la intención de protestar contra el incendio que tomó lugar hace casi un mes. “Hoy salimos simbólicamente denunciando un crimen de Estado. Nos faltan 40 migrantes muertos que no hicieron nada”, le dijo el activista Irineo Mújica a la AFP. Él, quien denomina a la caravana Viacrucis Migrante, también pidió la desaparición del Instituto Nacional de Migración, “no solo de nombre, sino de manera estructural para cortar la corrupción”.
En paralelo, el juez Juan José Chávez ordenó la prisión preventiva del director de inmigración del estado de Chihuahua, Salvador González, en espera de juicio. Según informó Associated Press (AP), el juez dijo que había evidencia de que González no cumplió con su deber de proteger a los migrantes. “Al final, todo depende del jefe [funcionario]. No cumplir con los estándares, sí tiene sus resultados”. El juez también ordenó que el funcionario sea juzgado por cargos de homicidio, lesiones e incumplimiento de sus deberes.
A lo anterior se suma que la Fiscalía General de la República informó hace algunas semanas que procederá en contra de González, teniendo en cuenta que un abogado presentó una denuncia contra él por presuntamente ordenar a sus subordinados que no abrieran la celda donde estaban encerrados los migrantes. Por el momento, otros cinco funcionarios del Instituto Nacional de Migración, un guardia del centro y el migrante venezolano acusado de iniciar el incendio están detenidos por cargos de homicidio.
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Francisco Garduño, principal funcionario nacional de la agencia de inmigración, también está bajo la lupa judicial. A mediados del mes de abril, la Fiscalía anunció que procederá penalmente en su contra. De hecho, la audiencia por su caso estaba programada para el 21 de abril, pero fue reprogramada para la próxima semana. En ella, se esperaba que el abogado y político mexicano fuera imputado ante un juez por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, que es sancionado con una pena de dos a siete años de cárcel. Mientras eso sucede, el funcionario sigue en su cargo.
Al respecto, a través de una declaración pública del 13 de abril, López Obrador comentó: “No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados. Se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios”. El mandatario agregó que “el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que se haya cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie”.
El informe “Bajo la bota”, apoyado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), informó que la estrategia que implementan los militares para controlar a los migrantes que pasan por México tiene como objetivo, “en la frontera sur, disuadir el paso de personas migrantes, y en el norte impedir que abandonen el territorio nacional. El objetivo es impedir que los migrantes se acerquen a Estados Unidos”. El texto habla sobre la militarización en medio del fenómeno de la migración y detalla que, en abril de 2022, el Gobierno mexicano aumentó a más de 28.000 uniformados el número de elementos de las Fuerzas Armadas para vigilar las dos fronteras. Casi tres veces más de los más de 8.000 efectivos destinados para esta labor en 2019. En ese intento de control del flujo migratorio se enmarcan los centros como el que se incendió en Ciudad Juárez.
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