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Un estruendo resonó en el aire sin viento de la tarde. Segundos después, empezó a salir humo del mar como si el horizonte estuviera en llamas.
Observando desde la orilla el 6 de noviembre, Erika Palacio Fernández sacó su teléfono, dijo, sin saber que lo que estaba grabando era el único video verificado e independiente conocido hasta la fecha de las secuelas de un ataque aéreo en la campaña del gobierno de Donald Trump contra lo que llama “narcoterroristas”.
Dos días más tarde, en esa misma orilla, vararía una embarcación calcinada de 30 metros de largo. Luego, dos cuerpos destrozados. Después, bidones carbonizados, chalecos salvavidas y decenas de paquetes que fueron observados por The New York Times y que eran similares a otros que se han encontrado tras operaciones antidroga en la región. La mayoría de los paquetes estaban vacíos, aunque en el forro de algunos se encontraron restos de una sustancia que parecía y olía a marihuana.
Los restos flotantes chamuscados parecen ser la primera prueba física de la campaña estadounidense que ha destruido 29 embarcaciones y matado a más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico oriental. Se supone que todas las demás embarcaciones alcanzadas se han hundido junto con su tripulación y su carga. El ejército estadounidense no ha ofrecido pruebas de que las embarcaciones que ha destruido transportaran sustancias ilícitas o pertenecieran a redes delictivas.
Un análisis del Times determinó que los restos de la embarcación correspondían a los de una que aparecía un video publicado por el secretario de Defensa Pete Hegseth la noche del 6 de noviembre, horas después de que Palacio grabara su video. Hegseth describió el ataque como dirigido contra una embarcación en el Caribe operada por una “organización terrorista designada” no identificada. Dijo que el ataque mató a tres personas y tuvo lugar en aguas internacionales.
El análisis del video de Palacio realizado por el Times indica que el ataque tuvo lugar en el golfo de Venezuela, donde Colombia y Venezuela se disputan desde hace tiempo su frontera marítima. El análisis no pudo determinar el lugar exacto del ataque.
La forma de los restos, un diseño delgado típico de las lanchas rápidas, coincide con la de la embarcación atacada en el video compartido por el departamento de Defensa, según el análisis del Times, y muestra daños en el casco y la estructura interior de la embarcación consistentes con el impacto de un ataque aéreo. El video militar muestra la embarcación explotando e incendiándose bajo una gran columna de humo.
El hecho de que salgan a la luz pruebas tan raras y tangibles casi dos meses después del ataque de principios de noviembre es un testimonio tanto de la lejanía de la península de La Guajira, donde se encontraron los restos, como de la falta de una presencia considerable del Estado colombiano en la zona. La región está gobernada de forma semiautónoma por una comunidad indígena, los wayú, cuyos más de medio millón de habitantes se extienden a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La campaña del ejército estadounidense contra las embarcaciones que según el gobierno de Trump trafican con drogas se ha desplazado en gran medida al Pacífico desde noviembre. El ataque del 6 de noviembre frente a la península de La Guajira tuvo lugar durante una fase anterior, cuando la campaña parecía estar dirigida contra embarcaciones venezolanas, en lugar de colombianas.
Una amplia gama de expertos jurídicos afirma que los ataques estadounidenses son ilegales porque el ejército tiene prohibido atacar deliberadamente a civiles, aunque se crea que han cometido un delito, a menos que supongan una amenaza inmediata. Venezuela desempeña un papel menor en el tráfico mundial de drogas comparado con otros países de la región. En privado, los funcionarios del gobierno de Trump afirman que su principal objetivo es expulsar del poder al líder de Venezuela, Nicolás Maduro.
La árida península de La Guajira es el saliente más septentrional de Sudamérica y desde hace tiempo es conocida como punto de partida de contrabandistas para todo tipo de mercancías ilegales, desde café hasta productos electrónicos y drogas. Para llegar a ella por tierra hay que atravesar un laberinto de caminos de tierra llenos de surcos que no están señalizados en absoluto, lo que hace imposible el paso sin un guía local. Buitres merodean por el cielo y serpientes de cascabel se esconden en la maleza.
Los restos de la lancha rápida y luego los dos cadáveres fueron encontrados el 8 de noviembre por pescadores que llamaron a Aristótele Palmar García, inspector de policía wayú responsable de ese tramo de playa. Palmar dijo que apenas tiene formación ni herramientas y que cuando llegó a la playa solo llevaba unos guantes médicos porque su hermana trabajaba en una clínica local.
“La lancha olía a carne quemada”, recuerda Palmar, de 31 años. “Y los cadáveres, tuvimos que enterrarlos porque los samuros y los perros empezaron a comerlos”.
Dijo que llamó a la policía regional, “pero nada pasó por días, o semanas”.
Uno de los cadáveres había quedado reducido a piel y huesos, dijo Palmar. Describió el otro como hinchado, blanqueado por el sol y con quemaduras importantes, sin orejas y con un brazo amputado a la altura del codo.
Palmar dijo que él y los pescadores locales utilizaron palos para empujar los restos hacia las tumbas de metro y medio de profundidad que habían cavado en la playa. Siguiendo la tradición wayú, rociaron las tumbas con chirrinchi, un licor local destilado de la caña. Luego colocaron cactus espinosos sobre ellas para evitar que los perros los desenterraran.
La directora regional de Medicina Legal, que es la red nacional de laboratorios forenses del gobierno colombiano, Erika Patricia Vargas Sánchez, dijo al Times que los restos de dos personas habían sido desenterrados de la misma zona descrita por Palmar y trasladados a la custodia de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla los días 16 y 17 de diciembre, cinco semanas después de que llegaran a la orilla. Dijo que aún no se había realizado la autopsia a ninguno de los dos cuerpos.
Los paquetes de plástico que aparecieron en Castilletes, una comunidad costera situada a pocos kilómetros al sur de los restos del naufragio, justo en la frontera con Venezuela, desconcertaron a los lugareños. La mayoría de los que vieron los periodistas del Times que viajaron a la zona estaban parcialmente quemados o derretidos y estaban vacíos, salvo por la arena. Estaban reforzados con cinta de embalar y parecían tener etiquetas que se habían borrado.
Varios paquetes tenían restos de marihuana en su interior, incluido uno que estaba alojado dentro de un chaleco salvavidas quemado. Una funcionaria de la policía antidroga de Colombia en la capital, Bogotá, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa, dijo que ni ella ni sus contrapartes de La Guajira con quienes había hablado tenían conocimiento de los paquetes.
Expertos en el tráfico local de drogas dijeron que el contrabando conjunto de marihuana y cocaína era habitual en la península de La Guajira y en otras zonas de la costa colombiana. Transportar las dos drogas juntas, dijeron, indicaba a menudo que los contrabandistas operaban a menor escala, y no como parte de grandes carteles. Al menos en media decena de embarcaciones de contrabando interceptadas por las autoridades colombianas el año pasado se han encontrado ambas drogas, según informes de la prensa local.
“El mercado de la cocaína y la marihuana en La Guajira está gestionado tanto por pequeñas empresas comunitarias como por grupos armados”, dijo Estefanía Ciro, quien dirige un instituto de investigación colombiano que estudia el narcotráfico. “Esta narrativa de los cárteles, de Pablo Escobar, no nos permite ver que en muchos lugares esto es la vida cotidiana. Un día llevan marihuana, otro cocaína, otro pescado”.
Sin embargo, la mayoría de los habitantes de La Guajira no están vinculados al tráfico de drogas, sino que se ganan la vida pescando y pastoreando ganado. Mexi Misael Rincón, pescador, utiliza una embarcación casi idéntica a la atacada el 6 de noviembre que estaba anclada a pocos metros de donde yacían los restos en la playa. Desde el ataque, solo se atreve a aventurarse en aguas poco profundas, donde pesca langostas.
La madre de Rincón, Carmelena González, de 76 años, dijo que, desde el naufragio, otros cuatro de sus hijos, que también se dedican a la pesca, habían abandonado La Guajira en dirección a centros urbanos distantes para buscar otras formas de ganar dinero. Esto se debe en parte a que el pescado, esencial para ganarse la vida, está más lejos.
Vicente Fernández, otro pescador de la zona y tío de Palacio, quien grabó el video de las secuelas del ataque dijo: “Dejamos las mallas por semanas porque tenemos miedo de recuperarlas”.
Fernández dijo que el precio del marisco en los mercados locales se había desplomado porque los lugareños, debido a supersticiones, tenían miedo de consumir cualquier animal que pudiera haber comido carne humana.
Tampoco, añadió, iba a arriesgarse a navegar más allá de unos cuantos kilómetros de la costa. Dijo que, en las semanas transcurridas desde el ataque de noviembre, había visto de vez en cuando drones sobrevolando su barco.
“Parecen avioncitos”, dijo. “Como pájaros persiguiendo su presa”.
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