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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado el jueves a más de 27 años de prisión por formar parte de una conspiración golpista fallida tras perder las elecciones de 2022, una sentencia histórica para el país más grande de América Latina.
Bolsonaro fue declarado culpable de orquestar una vasta conspiración que incluía anular la votación, desmantelar tribunales, otorgar poderes especiales a los militares y asesinar al presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones.
Bolsonaro negó haber tramado un golpe de Estado o haber planeado matar a su rival político. Acusó al magistrado del Supremo Tribunal Federal que supervisó su juicio, el juez Alexandre de Moraes, de atacarle injustamente a él y a su movimiento derechista.
La sentencia supone la primera vez que Brasil, una nación con un largo historial de golpes de Estado, responsabiliza a un dirigente que intentó subvertir su democracia. Pero no está claro si en realidad Bolsonaro terminará tras las rejas.
Su condena también podría agravar la tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos, que se intensificó después de que el presidente Donald Trump intentara ayudar a Bolsonaro, un aliado, aplicando aranceles y sanciones a Brasil.
Bolsonaro puede recurrir su condena, pero no el veredicto
Los abogados de Bolsonaro expresaron su “indignación” por el veredicto y calificaron la sentencia de “absurdamente excesiva y desproporcionada”, prometiendo interponer apelaciones tanto en tribunales brasileños como internacionales.
El caso fue supervisado por un grupo de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal. Cuatro votaron a favor de la condena y uno votó a favor de la absolución. Según la legislación brasileña, los cuatro votos condenatorios significan que Bolsonaro no puede recurrir directamente el veredicto ante el pleno de 11 magistrados del tribunal. Para apelar, dos jueces tendrían que haber votado a favor de la absolución.
El equipo de defensa de Bolsonaro sí tiene derecho a presentar dos rondas de peticiones legales ante el alto tribunal, que podrían originar una reducción de la condena o cambios en el modo en que se aplica su sentencia.
Los mismos cinco jueces que se pronunciaron sobre el caso también revisarán estos recursos legales. La primera apelación debe interponerse en un plazo de cinco días a partir de la publicación oficial de la decisión, que se espera que sea en un plazo de 60 días.
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El único magistrado disidente cuestionó por qué el caso no estaba siendo decidido por el pleno. Esto, según los analistas, puede darle a Bolsonaro una ventana para apelar su caso por motivos técnicos. Pero la mayoría de los jueces han respaldado sistemáticamente las decisiones del juez Moraes, por lo que es probable que la condena se mantenga.
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Es poco probable que Bolsonaro pase años en prisión
Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión. Pero es poco probable que pase mucho tiempo entre rejas.
Se espera que sus abogados soliciten que Bolsonaro, de 70 años, cumpla su condena en casa debido a problemas de salud que él atribuye a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018.
Bolsonaro ya está bajo arresto domiciliario, lleva un monitor en el tobillo y está vigilado de cerca por la policía porque el juez Moraes consideró que existía riesgo de fuga.
No es la primera vez que un exmandatario brasileño se enfrenta a la cárcel. Lula, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2010, fue condenado a más de una década de prisión en 2017 tras ser declarado culpable de recibir sobornos de una empresa constructora.
Después de que Lula pasara 580 días en prisión, el Supremo Tribunal Federal anuló el veredicto tras determinar que el juez que supervisaba el caso original había sido parcial. Otro expresidente, Fernando Collor, también cumple condena por corrupción en su casa por problemas de salud.
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El veredicto puede aumentar las tensiones entre Estados Unidos y Brasil
Durante semanas, Trump había intentado intimidar a Brasil para que retirara el caso contra Bolsonaro, un aliado político.
Citando el caso de Bolsonaro, ha aplicado aranceles del 50 por ciento a Brasil, a pesar de que Estados Unidos tiene un superávit comercial con la mayor economía de América Latina. Y aunque Brasil ha capeado el impacto de los gravámenes encontrando nuevos mercados, los aranceles han perjudicado a algunas industrias clave, al tiempo que han provocado una fuerte subida de los precios para los consumidores estadounidenses de productos brasileños como el café y la carne de vacuno.
Además, Trump ha impuesto duras sanciones contra el juez Moraes en materia de derechos humanos, acusándolo de censurar las voces conservadoras.
Tras el veredicto del jueves, Trump dijo que estaba “muy descontento” por la condena de Bolsonaro. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de injusta la decisión del tribunal, calificándola de persecución política. “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, dijo en las redes sociales.
Cuando se le preguntó sobre posibles reacciones a la sentencia, Lula insistió en que no temía nuevas sanciones estadounidenses y dijo que Brasil estaba preparado para tomar represalias si fuera necesario. “Un país no puede interferir en las decisiones soberanas de otro país”, declaró a un medio de comunicación brasileño tras la condena de Bolsonaro.
No obstante, Brasil ha comenzado a prepararse para nuevas medidas punitivas de Estados Unidos dirigidas contra otros miembros del máximo tribunal brasileño o contra las instituciones financieras del país. También ha actuado con rapidez para ampliar el comercio con otros países, como India, México y China.
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