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Cuando esta semana se iniciaron las redadas de migración en la ciudad de Nueva York, con la visita de la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que apareció con chaleco antibalas hablando de “sacar la basura de las calles”, era difícil ver hacia dónde se dirigían todas estas redadas.
En los primeros días de la segunda presidencia de Donald Trump, sigue sin estar claro hasta qué punto este tipo de fuerza equivale a una exhibición de autoridad frente a una expresión de compromiso con ella. El martes se practicaron 39 detenciones en la ciudad de Nueva York y sus alrededores, donde se ha hecho hincapié en perseguir a los miembros de pandillas y a otros sospechosos de violencia, y donde la economía depende tanto de la mano de obra de los trabajadores indocumentados como las fábricas de la luz solar. Ante la perspectiva de una deportación masiva —la expulsión de trabajadores que no sean asesinos, violadores, traficantes de drogas u otros peligros—, las consecuencias para la economía de Nueva York podrían ser bastante graves.
Una gran parte de la retórica política reciente ha conseguido retratar a los indocumentados como personas empujadas a delinquir y no a contribuir, lo que oculta ciertas realidades. Como grupo, los migrantes indocumentados pagaron 3100 millones de dólares en impuestos estatales y locales de Nueva York en 2022, por ejemplo, una suma equivalente al presupuesto de educación infantil de la ciudad para el año fiscal en curso.
Esta cifra no procede de un grupo de derechos humanos de izquierda que pretende fomentar la simpatía por quien cruzó ilegalmente la frontera, sino del Instituto de Fiscalidad y Política Económica, un grupo de ideas no partidista de Washington. La investigación de la organización también nos dice que, a nivel nacional, más de un tercio de los impuestos pagados por los migrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre las nóminas, que se usan para respaldar programas de derechos a los que estos trabajadores no tienen derecho a acceder.
Otros datos: en la ciudad de Nueva York, según datos municipales, más de la mitad de los migrantes indocumentados han estado en este país más de una década; el 41 por ciento ha asistido a la universidad, y una cuarta parte cuenta con una licenciatura.
El año pasado, un informe de la oficina del alcalde que analizaba la demografía de los migrantes reveló que el 80 por ciento de los residentes indocumentados formaban parte de la población activa, en comparación con dos tercios de los neoyorquinos nacidos en EE. UU., en parte porque la mayoría de los migrantes están en edad de trabajar, entre los 18 y los 64 años. (Esto es especialmente significativo porque la población de la ciudad está envejeciendo: entre 2000 y 2023, la proporción de quienes tienen 65 años o más creció un 53 por ciento, 17 veces más deprisa que la población en general).
Los negocios de alimentación y restaurantes constituyen una categoría en la que la pérdida de trabajadores se dejaría sentir de forma severa. Según un nuevo informe del Instituto de Política Fiscal (FPI por su sigla en inglés), otro grupo de investigación no partidista, más de 42.000 chefs, cocineros, preparadores y camareros indocumentados trabajan en todo el estado, por no hablar de los repartidores que hacen posible la insaciable cultura a la carta de la ciudad.
El cuidado infantil es otro sector que se vería afectado. Hay 7000 cuidadores indocumentados en el estado, según Emily Eisner, economista del FPI Los costos promedio del cuidado de niños en Nueva York ya habían aumentado en unos 5000 dólares por niño entre 2018 y 2023.
Hace poco le pregunté de qué manera podría repercutir el agotamiento de determinadas reservas de mano de obra. El informe del grupo concluyó que si solo una de cada 10 personas indocumentadas fuera deportada o enviada a un campo de detención, el resultado sería una pérdida de 310 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales. El presidente Donald Trump ha insinuado que miles de inmigrantes —“extranjeros criminales”— podrían acabar recluidos en Guantánamo.
Prácticamente, ninguna empresa de Nueva York depende tanto de los trabajadores indocumentados como el sector de la construcción, donde la escasez de suministros y las elevadas tasas de interés ya han disparado los costos en los últimos años. Hay más de 48.000 trabajadores indocumentados de la construcción, carpinteros, pintores y empapeladores en el estado, que constituyen una cuarta parte de la mano de obra del sector, según el informe del FPI, que se basó en datos del Centro de Estudios sobre Migraciones.
Si se llevaran a cabo las deportaciones masivas que se han anunciado, explicó Eisner, el sector de la construcción no podría sustituir a corto plazo a los trabajadores perdidos. “Ahora mismo, estamos en el ciclo presupuestario de Nueva York, y todos somos muy conscientes de la crisis de la vivienda”, dijo. “Incluso con la mano de obra como está, es improbable que alcancemos los objetivos”. Los retrasos solo aumentan aún más los costos.
Elizabeth Velez, presidenta de la Organización Velez, una empresa de servicios de construcción de Manhattan, se explayó al respecto. “La construcción se nutre de la previsibilidad y la certidumbre, y cuando eliminamos eso de la ecuación, es cuando las cosas se vuelven locas en términos de precio y programación”, dijo. “Y en este negocio, la programación es dinero”. Velez también es defensora del sector en Albany y está en contacto con otros empresarios de la industria de la construcción. Según le han contado, algunos trabajadores no han acudido a sus puestos de trabajo esta semana por miedo a ser deportados.
Muchos trabajan como jornaleros para pequeños contratistas, dijo, y muchos de estos negocios son propiedad de empresarios que pertenecen a minorías. Estos trabajadores recuerdan a Velez a su padre, un carpintero que fundó su propia empresa tras quedar fuera de servicio por una caída en una obra a principios de la década de 1970. Esta semana, dijo, ha notado que se presentaban menos trabajadores para ser contratados en el Home Depot de Gun Hill Road, en el Bronx, donde los contratistas, al pasar a recoger los materiales por la mañana, suelen reunir a la gente que necesitan para el día que tienen por delante.
“Como todo, no sabemos qué está pasando”, dijo Vélez. Y le parece que el ambiente es distinto al del último gobierno de Trump. Como indicio de lo que podría venir, las fuerzas de seguridad federales realizaron más de 5500 detenciones en todo el país entre el 22 y el 28 de enero, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Para poner esta cifra en perspectiva, a principios de 2017 fue noticia importante que los funcionarios federales de inmigración detuvieran a 600 personas en una semana.
“Parece como si hubieran tenido cuatro años para planificarlo”, dijo Vélez, “y estuvieran listos el primer día”.
*Ginia Bellafante ha ejercido como reportera, crítica y, desde 2011, como autora de la columna Gran ciudad. Comenzó su carrera en el Times como crítica de moda, y también ha sido crítica de televisión. Anteriormente, trabajó en la revista Time. Más de Ginia Bellafante.
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