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“No somos criminales”, decían al unísono cientos de migrantes de distintos orígenes que salieron de Chiapas, en el sur de México, con destino a Estados Unidos horas antes de las elecciones presidenciales que finalmente ganó Donald Trump. El objetivo, según reportó la AFP, era moverse en grupo, para protegerse unos a otros, mientras pedían facilidades migratorias ante el inminente cambio de administración en el país adonde, desplazados de sus lugares de origen por factores como la pobreza y la violencia, van en busca de seguridad y mejores oportunidades.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca las perspectivas no son buenas para las aspiraciones de migrantes como estos. Ya en su primera administración, que terminó justo cuando los efectos de la pandemia en los flujos de movilidad humana se estaban evidenciando, tomó duras medidas en la materia. Una de las más visibles fue la construcción del muro fronterizo, que prometió terminar, lo que no pudo cumplir.
Según un recuento del New York Times a finales de 2020, decisiones como limitar la elegibilidad para el asilo, endurecer la aprobación de visas, residencias permanentes y ciudadanía, entre otras, “redujeron de manera drástica la cifra de migrantes detenidos y luego liberados en el país, de casi 500.000 en el año fiscal 2019 a 15.000 en el año fiscal 2020″.
Deportación masiva
Ahora, Trump regresa a la Casa Blanca con anuncios en materia migratoria que, sin duda, fueron claves en la decisión de los votantes. Ha hablado, por ejemplo, de una masiva deportación de hasta 20 millones de migrantes, una cantidad que, no obstante, ni siquiera se sabe si existe. Una estimación del Pew Research Center, citada por CNN, señaló que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos era de alrededor de 10,5 millones para 2021, aunque reconoció que la población puede haber crecido. Otros expertos apuntan a la presencia de hasta 15 millones de indocumentados.
En todo caso, la viabilidad de una deportación de esa magnitud queda en duda dada la logística y los costos que implica. Como contamos en un artículo anterior, según cifras de ICE de 2016, el costo promedio de detener, procesar y deportar a un inmigrante indocumentado desde Estados Unidos fue de 10.900 dólares.
De hecho, en su primera presidencia, Trump también prometió una deportación masiva. Sin embargo, según un análisis del Migration Policy Institute de las estadísticas gubernamentales, solo fueron 1,5 millones de los tres millones a los que aspiraba.
¿Fin a varias protecciones?
En la población migrante en Estados Unidos también hay incertidumbre por el futuro de políticas que permitieron regularizar el estatus migratorios por distintas causales de protección.
Conocida como DACA por sus siglas en inglés (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), una política puesta en marcha por Barack Obama se planteó para proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, población conocida como los “dreamers”.
Aunque el programa ya no admite nuevos beneficiarios, las cerca de medio millón de personas que lograron acogerse han podido renovarlo.
En su momento, la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Trump de terminar DACA, por lo que hay inquietud sobre cuáles serán las determinaciones al respecto en el segundo periodo del presidente electo.
Por otro lado, en campaña, Trump afirmó que revocaría el Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección para migrantes de países con crisis humanitarias.
También pretende acabar con el parole humanitario (que Biden ya había anunciado que no extendería), que permite la entrada de refugiados de países en crisis, como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Además, Trump planea revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
¿Y los efectos?
Medidas migratorias más restrictivas podrían tener severas consecuencias en términos humanitarios. Con insistencia, organizaciones y expertos han señalado que la migración no es un “grifo” que sencillamente se pueda cerrar. Las condiciones en los lugares de origen, las que han expulsado a millones de personas durante los últimos años, seguirán existiendo, por lo que la migración continuará. Las barreras oficiales, en cambio, son una oportunidad para que el negocio de tráfico de migrantes por parte de las mafias prospere.
En Estados Unidos, expertos forenses han documentado el aumento de las muertes de migrantes que tratan de cruzar la frontera, un repunte que se empezó a evidenciar tras la política conocida como “prevención a través de la disuasión”, aplicada durante la administración de Bill Clinton, cuyo objetivo era dificultar los cruces por puntos estratégicos como San Diego, en California, o El Paso, en Texas, para que la inmigración disminuyera. Se calcula que al menos 8.000 personas han muerto tratando de cruzar hacia Estados Unidos desde 1998.
Los expertos también señalan los efectos económicos que pesarían sobre Estados unidos con medidas agresivas contra los migrantes. Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro, citado por la AFP, estimó que la consecuencia inmediata de medidas como una deportación masiva sería una caída del PIB de entre 4,2 % y 6,8 %.
“Si esta gente sale de la fuerza de trabajo por miedo o porque son deportados, se producirá una importante escasez de mano de obra y aumentará la inflación y el costo de los productos, lo que provocará una contracción de la economía”, dijo, en referencia al impacto de programas de protección.
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