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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México despenalizó el aborto en todo el país. Se trata de un paso adicional al dado en 2021, cuando se declaró inconstitucional la prohibición total del aborto en las leyes estatales.
Ahora, la nueva decisión obliga al Congreso federal a ajustar las normas al respecto y a las instituciones federales de salud pública a dar el servicio de forma gratuita. Además, garantiza que el personal médico no sea criminalizado por interrumpir embarazos voluntariamente.
Las organizaciones opositoras al aborto por supuesto esperaban una decisión contraria. Actívate y Pasos por la Vida anunciaron que entregaron “8.200 firmas de ciudadanos exigiendo que se respete y proteja al ser humano en gestación y a la mujer embarazada”, según la BBC.
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“Es incongruente dejar al ser humano sin ninguna protección, cuando la misma Corte ya lo había protegido”, dijo Pilar Rebollo, presidente de Pasos por la Vida, citada por el mismo medio.
Como explicó GIRE, la organización que obtuvo el más reciente amparo por parte de la Corte, a El País la batalla judicial continúa, pues hay “presentados otros 21 amparos para los Estados que faltan por modificar su código penal”. En México, “se permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo”, explica el medio español.
En entrevista con El Espectador, Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, explica más del significado, los alcances y desafíos que vienen tras la decisión del alto tribunal mexicano.
¿Qué significa esta decisión para México, la región y las mujeres en general?
Es histórica y marca un precedente importante no solo en la jurisprudencia de derechos reproductivos en México, sino que se suma a la reciente sentencia de la Corte colombiana que ratificó la despenalización del aborto hasta la semana 24. Con estas victorias reafirmamos que la marea verde sigue creciendo y expandiéndose y que se han logrado mayores protecciones para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Entre otras, la gran conclusión de la Corte Suprema de Justicia, como en el precedente de Aguascalientes y Coahuila, es que la disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación.
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Ya existía el precedente que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales a nivel estatal, pero los avances fueron casi nulos. ¿Qué garantías hay para el cumplimiento ahora de esta decisión?
A partir de la decisión, todas la mujeres y personas con capacidad de gestar en cualquier lugar de México podrán acceder a servicios de aborto en instituciones de salud federales sin temor a ser criminalizadas. Esto implica que instituciones federales de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deben brindar el servicio a las personas que lo soliciten. Para hacerse una idea, alrededor del 70 % de la población de México está suscrita a estos servicios federales de salud en el país. Eso se traduce en un impacto masivo.
¿Qué riesgos podría enfrentar la aplicación de la decisión en un contexto de altos índices de violencia machista, como los de México?
Garantizar el acceso a salud reproductiva eliminando el delito de aborto del código penal federal, que al final también generaba un estigma alrededor de la prestación del servicio, porque en los servicios médicos se valían de que existía el delito federal para no brindarlo, impactará en el acceso a los derechos de las mujeres y personas gestantes, y eso se traduce también en la prevención de la violencia.
¿Qué dicen otras experiencias sobre cómo acompañar estas decisiones con cambios culturales y así evitar mayor violencia contra las mujeres?
Lo primero es la pedagogía alrededor de estas sentencias, qué significan, en un lenguaje que no sea técnico. Esto es necesario para lo que llamamos la despenalización social del aborto.
La decisión es muy oportuna teniendo en cuenta que la OMS actualizó el año pasado las guías sobre atención del aborto, recomienda que el servicio de salud del aborto no esté penalizado y señala cómo incluso los sistemas de causales siguen imponiendo barreras en el acceso.
Se trata de hacer pedagogía de la sentencia o lo que establecen los cuerpos normativos, pero también, como lo hemos hecho en Colombia, alrededor del enfoque de salud pública y también de que los estándares más altos a nivel científico, como los de las OMS, están alineados con estos argumentos.
¿Podría convertirse México en un lugar al que las mujeres de otros países, particularmente de Estados Unidos, en donde el año pasado hubo un precedente que ha restringido el acceso, y de Centroamérica, vayan para interrumpir sus embarazos?
Esto, según organizaciones aliadas, viene ocurriendo. Hacia el norte y sur de México hay países o estados donde se restringe el acceso al aborto, así que esta decisión y las previas se traducen en una opción muy preponderante para que quien necesite un aborto y pueda trasladarse pueda obtenerlo.
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México está en campaña política, las dos candidatas principales a la Presidencia son mujeres. ¿Qué relevancia podría tomar el tema o qué nos dicen experiencias en otros países sobre ese enlace entre decisiones judiciales, política y derechos humanos?
En contextos preelectorales, suelen estar presenten los temas de la agenda de género y de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, creo que lo importante es, independientemente de quién sea el candidato o candidata, centrarse en que México y cualquier país que ajuste su legislación en este sentido está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Hoy hay un consenso internacional en el que uno puede afirmar que el aborto como servicio esencial debe estar despenalizado y regulado en el sistema sanitario, no solo en línea con lo que han dicho diversos órganos de Naciones Unidas, sino lo que señala OMS.
¿De qué otros casos judiciales están pendientes en la región o el mundo?
Fuera México estamos esperando cuatro decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, una contra Ecuador, una contra Guatemala y dos contra Nicaragua. Esperamos que se emita una decisión que avance los estándares internacionales alrededor del acceso al aborto, y eso se enmarca en un litigio estratégico que ha venido liderando el Centro con otras organizaciones de la región en casos de niñas víctimas de violencia sexual que se vieron obligadas a continuar con embarazos no deseados y a ser madres.
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