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Daniel Noboa midió un nuevo pulso en Ecuador. Hace apenas dos semanas lo hizo con la irrupción en la Embajada de México, en Quito, que desencadenó una crisis diplomática regional, violando el derecho internacional y el derecho al asilo, tras la detención de Jorge Glas. Algunos catalogaron eso como un golpe de opinión, como un intento de mostrar resultados en sus primeros días de gobierno, en plena crisis de violencia y narcotráfico. Pero sus esfuerzos no pararon ahí: el fin de semana hizo algo parecido con el referendo que convocó en materia de seguridad y en materia de economía. Para la primera tuvo respaldo, para la segunda, no.
La cita a las urnas costó casi 60 millones de dólares y, aunque se aprobaron nueve de las once preguntas planteadas a los electores, hay dudas sobre el grado de maniobra del Ejecutivo frente al Parlamento, con respecto a las reformas que se requieren para concretar los resultados del domingo. De fondo, está el interrogante sobre el futuro político del mandatario, teniendo en cuenta que su período de transición termina en 2025, año en el que debe haber elecciones, así como el poder que se les estaría dando a las Fuerzas Armadas para gestionar la situación de conflicto armado interno.
Los ecuatorianos, en gran medida, dijeron sí al apoyo de los militares y la Policía para combatir el crimen organizado, a permitir la extradición e incrementar las penas a delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato, y también a que la fuerza pública pueda usar de forma inmediata las armas que incaute de los grupos ilegales. En cambio, dijeron no a reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales, y a establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
Fredy Rivera, investigador de inteligencia y seguridad internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, cree que no era necesario llevar a cabo el ejercicio electoral del domingo, ni invertir la cantidad de recursos que se destinaron a ello. Para él, fue más una apuesta a la imagen que se ha jugado últimamente Noboa, ante la falta de claridad del plan Fénix, que plasma la promesa de erradicar la inseguridad en Ecuador, pero sobre el que reina el secretismo: “Eso es más una narrativa demagógica, discursiva, que un plan concreto, multisectorial e inclusivo. Lo que se abre es un escenario de bumerán, que afectará sus intenciones para presentarse a la reelección”.
El presidente no la tiene fácil, reconoce Rivera, y en eso está de acuerdo el internacionalista Ramiro Lapeña: “Esto es una victoria para su agenda de seguridad, más no económica”. Él, que es miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Ecuador, considera que ahora “el Gobierno no tendrá excusa para no actuar contra la inseguridad de forma contundente”. Más aún, cree que la jornada del fin de semana fue un intento de Noboa de ganar fuerza política de cara a 2025: “La gente votó por un tema de seguridad y de confianza en las Fuerzas Armadas, pero dudo que sea uno hacia el Gobierno. De hecho, el mensaje quedó claro: no toques la situación laboral y no toques la distribución de fuerzas que tiene el Estado ecuatoriano, que es débil de por sí, con respecto a multinacionales más poderosas que nosotros”.
Esto tomó lugar a la par del racionamiento eléctrico, que, por ejemplo, le ha impedido a Lapeña dar clase, y de la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que podría dificultar las aspiraciones del jefe de Estado. “Una cosa es el referendo y otra es construir protocolos y procesos dentro de la misma legislatura, que después vayan a la función judicial y se traduzcan en modificaciones de cambio de penas”, dice Rivera: “Esto fue más una medida de golpe mediático para avalar las intenciones políticas, utilizando el discurso, la plataforma y la necesidad de ampliar los ámbitos de seguridad para una intencionalidad económica”. Además, tras la ruptura con Revolución Ciudadana (52 escaños) y Construye (29 escaños), Noboa “está absolutamente débil. Tiene un espectro legislativo negativo”.
La pregunta, al menos para Lapeña, es: ¿qué gobernabilidad le queda al mandatario? Hasta el momento, de la coalición inicial quedan en pie el conservador Partido Social Cristiano (14 escaños) y el Movimiento Acción Democrática Nacional (14 escaños), que lo catapultó a la Presidencia. Pero tal vez hay una duda más: ¿y las Fuerzas Armadas? La preocupación, dice Rivera, es que quedan convertidas en “policías armados, carceleros, protectores ambientales y de propiedad, hasta agentes de tránsito”, además de que “su misión no es esa. Ni siquiera los pénsums de estudios, tanto en la formación de cadetes, de oficiales menores y de tropa, tienen una materia relacionada con delincuencia organizada transnacional o con este tipo de amenazas”.
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