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Este jueves el presidente Gustavo Petro se reunirá por primera vez con su homólogo estadounidense, Joe Biden. El mandatario demócrata lo recibirá a las 2:20 p. m. en la Casa Blanca, en Washington (1:20 p. m. hora Colombia), la última y más esperada de sus citas en su gira por Estados Unidos. El miércoles asistió a la plenaria del Consejo Permanente de la OEA, en donde se volvió a referir a la situación política de Perú. Afirmó que la destitución y detención del vacado presidente Pedro Castillo va en contravía de la Carta Democrática Interamericana, la misma que, según Petro, le permitió llegar a ser presidente (en referencia al proceso que determinó que sus derechos políticos fueron violados por la destitución e inhabilitación durante su alcaldía en Bogotá).
La reunión bilateral ocurre en un momento crucial para ambos mandatarios: Joe Biden, quien está próximo a anunciar su aspiración a la reelección, tiene en Colombia a su principal aliado en América Latina, clave en asuntos como la migración en momentos en que el demócrata enfrenta la presión de los republicanos (mayoría en la Cámara de Representantes) por lo que consideran una falta de control en la frontera sur del país, la crisis de drogas como el fentanilo, entre otras. Petro, por su parte, trata de posicionarse como líder latinoamericano y facilitador del diálogo político en Venezuela, para lo que será fundamental su conferencia internacional de cancilleres, que tendrá lugar la próxima semana en Bogotá.
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La expectativa, según los analistas, es que los presidentes traten temas cuyo interés comparten, aunque tengan distintas aproximaciones. Por ejemplo, en la política de drogas, si bien el Partido Demócrata sin duda tiene una visión más flexible al respecto en comparación con la administración anterior, de Donald Trump, al gobierno Biden (y al Congreso) le inquieta la falta de claridad sobre las nuevas estrategias, por ejemplo, de erradicación de cultivos, así como del sometimiento a la justicia de las personas involucradas con el narcotráfico. Como le dijo Adam Isaacson, de WOLA, a El Espectador: “Estados Unidos quiere saber cuál es el plan, no está cómodo con el nivel de improvisación o con que se haga política por Twitter; ellos prefieren ver documentos oficiales”.
De la confianza en Colombia pueden depender los casi US$450 millones que el gobierno Biden ha pedido aprobar en el Congreso como presupuesto de apoyo para nuestro país. La Casa Blanca, no obstante, ha tenido que rendir cuentas ante el Senado por el poco avance de la estrategia de erradicación. Brian Nichols, subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, dijo en marzo pasado que sin “presión” la política de drogas de Colombia no tendrá éxito, pero analistas también coinciden en que esa presión no puede ser demasiada o inadecuada por tratarse de un aliado clave de Washington en una región cada vez más permeada por la influencia de China, entre otros factores.
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La migración también es tema obligado justo cuando los cruces por el Tapón del Darién, la mayoría con destino a Estados Unidos, rompen récords (100.000 en lo corrido del año, seis veces lo registrado para la misma época el año pasado). El miércoles, el presidente del Senado, Roy Barreras, reiteró ante la prensa que una de las aspiraciones es la exención de visas para colombianos, lo cual, de acuerdo con expertos en la materia, es poco probable, mucho menos si de parte de Colombia no hay un plan para identificar desde el origen a las personas que pretendan migrar de forma irregular y con vocación de permanencia. Sin embargo, “sí se podría hablar diferencialmente del trato que reciben los migrantes colombianos en Estados Unidos”, como ha señalado la profesora Sandra Borda.
Otro de los temas sobre la mesa, y que está relacionado con lo anterior, es la situación política en Venezuela, en medio de lo que la administración de Gustavo Petro trata de fungir como facilitadora del diálogo. Por esa razón, Colombia alojará el próximo 25 de abril una conferencia internacional de cancilleres que, según lo dicho por el Gobierno, tiene como objetivo destrabar los diálogos ya establecidos en México. De hecho, el presidente Petro anunció que recortaría su agenda en Washington para regresar a reunirse con la delegación opositora (prácticamente la misma de la mesa en México) que acudiría a la conferencia internacional que se llevaría a cabo en el Palacio de San Carlos la próxima semana.
Desde Estados Unidos, el presidente Petro señaló que el objetivo de dicho encuentro será promover la paz en Venezuela, pues esta implica también la paz en Colombia. Eso sí: para él, “más democracia” va acompañada de “cero sanciones”, como dijo el lunes en clara referencia a las restricciones internacionales que pesan sobre Caracas. El miércoles, en Washington, no obstante, dijo que en esa materia prefiere la “agenda bilateral” con Estados Unidos Unidos.
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En todo caso, dichas sanciones son las mismas que, de hecho, no han permitido que se liberen los recursos para Venezuela pactados en la mesa en México (casi US$3.000 millones que serían administrados por Naciones Unidas). O por lo menos eso es lo que ha sostenido el presidente Nicolás Maduro sobre el nulo avance en los diálogos con la oposición, congelados desde noviembre pasado, cuando la expectativa por los avances en la mesa permitió a Estados Unidos avalar el regreso de operaciones de Chevron en Venezuela.
Las necesidades energéticas en un mundo impactado por la guerra en Ucrania, han dicho los analistas, hacen urgente volver a poner a Venezuela en el mapa de proveedores de energía. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defiende su bandera de descarbonizar las economías. De hecho, el lunes, ante Naciones Unidas, sin decir nombres, expuso que la guerra ha servido de excusa para no comprometerse con la lucha contra la crisis climática. Son intereses en la agenda que con seguridad serán abordados hoy por el presidente Biden y el presidente Petro, jefes de dos Estados históricamente aliados, pero hoy con diferencias no menores entre sus administraciones.
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