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Días históricos y caóticos se viven en Río de Janeiro tras el mayor ataque contra las bandas delincuenciales y el narcotráfico en una jornada que, este martes, dejó al menos 64 personas fallecidas, más de 70 heridas y la ciudad del Cristo Redentor sumida en el caos, con comercios, escuelas y autopistas cerradas.
Es sin lugar a dudas el mayor golpe contra el narcotráfico en el estado —el tercero de mayor población en Brasil, por detrás de São Paulo y Minas Gerais—, en una escalada que contó con un inédito poderío militar por parte del Comando Vermelho (CV), la principal organización delictiva del estado. El grupo llegó a combatir a las fuerzas policiales y militares con drones lanzagranadas, elevando al nivel de una guerra lo visto en las calles de Río.
El problema, según ha trascendido, es que Cláudio Castro, gobernador del estado, actuó sin el respaldo del gobierno central del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde comienzos de año Castro había solicitado apoyo militar para una operación similar, que fue vetada por el mandatario.
La desintonía entre Río y Brasilia se arrastra desde enero, cuando el gobernador Castro (afín al Partido Social Cristiano, del que fue miembro Jair Bolsonaro) pidió apoyo logístico a la Marina para usar blindados en operativos policiales, tras la muerte de una médica alcanzada por una bala perdida dentro de un hospital naval. Aunque el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, se mostró receptivo, la Casa Civil —con aval directo de Lula— vetó la solicitud.
El argumento fue jurídico y político: los blindados solo podrían emplearse bajo una Operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), un mecanismo constitucional que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero que requiere un decreto presidencial. Lula, opuesto a militarizar el combate al crimen, descartó esa posibilidad.
Desde entonces el diálogo quedó fracturado. A partir de ahí el gobierno federal insistió en que la seguridad pública debía seguir siendo responsabilidad del estado, mientras Castro denunció trabas y criticó el centralismo de Brasilia.
Cuando estalló la reciente megaoperación contra el Comando Vermelho, que dejó casi 70 muertos, no hubo coordinación previa con el Ministerio de Justicia. La acción, ejecutada solo con fuerzas estatales, evidenció la distancia política y operativa entre ambos gobiernos, en medio de una crisis que desbordó las capacidades locales.
Tobías Belgrano, consultor político internacional, sitúa precisamente en esa fractura una de las causas por las que fuerzas como el Comando Vermelho ganan poder en Brasil: “Tienen un problema de gran fragmentación del poder territorial, en parte por su federalismo, pero también porque en muchos casos resulta muy difícil mantener ese modelo debido a la diversidad del país y a la multiplicidad de actores con poder presentes en el territorio. En ese contexto, el narcotráfico es un actor más dentro de esa fragmentación, lo que obliga al Estado a persistir constantemente en la lucha contra él para mantener el monopolio legítimo de la violencia en todo el territorio, algo que a veces consigue y a veces no”.
“O Globo”, medio brasileño, hace énfasis en el momento en que esta operación ocurre: Brasil entra en plena recta electoral hacia 2026, año en que se elegirá a presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas. Lula, por su parte, aspirará a un cuarto mandato presidencial, mientras que Castro podría buscar, desde la oposición, un escaño en el Senado. Podría verse como una forma de legitimar su gestión como gobernador dando golpes de autoridad, aunque el costo civil fue alto.
Entre otras razones, porque las herramientas de defensa que tomaron los criminales para resistir fueron, en parte, elementos de la vida cotidiana de los civiles: bloquearon carreteras y tomaron buses de transporte público como barricadas desde las cuales defenderse.
Belgrano hace énfasis en cómo operan las fuerzas como el CV desde la marginalidad, en plenas favelas (barrios populares). Y es que, según el Brazil Poverty and Equity Brief, entre 2023 y 2024 el índice de pobreza en Brasil osciló entre el 20 y 21 %.
“Es muy difícil dar esta lucha de igual a igual, porque al Estado le resulta complicado entrar. A medida que las favelas o los barrios populares crecen, su aislamiento y marginalidad se hacen cada vez mayores”, afirma Belgrano.
La pregunta ya no es si el Estado puede controlar las favelas, sino cuánto más puede resistir una sociedad que vive bajo fuego cruzado entre la fuerza y el abandono institucional y sistemático.
Por ahora, Río está en alerta máxima. El gobernador Castro describió su ofensiva como un estado de guerra, criticando abiertamente al gobierno central y afirmando que “Río está sola en esta guerra”. Pidió refuerzos militares, como lo ha venido haciendo, y ahora la disyuntiva recae sobre el gobierno de Lula, que ya antes se negó a entrar en esta lógica.
El problema es que la situación en Río deja ver las costuras de una problemática inmersa en la sociedad brasileña. “El País” cita un estudio de la Universidad de Cambridge, según el cual uno de cada cuatro brasileños vive en barrios controlados por bandas criminales.
Río, más allá de las playas de Copacabana, el turismo y el cerro del Corcovado, está contra las cuerdas en una situación crítica de orden público. De fondo hay un interés electoral que moverá a todas las autoridades y fuerzas políticas, además de un plazo inmediato: la COP30, que se desarrollará en el país a partir del 10 de noviembre. Lo que ocurra en las próximas semanas será una prueba para Brasil.
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Por Hugo Santiago Caro
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