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La región de Santa Cruz, feudo de la oposición de derecha y locomotora económica de Bolivia, suspendió este sábado después de 36 días las protestas para exigir un censo de población que el gobierno izquierdista fijó para abril de 2024.
El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para garantizar la realización del censo en esa fecha y la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales de 2025.
La cámara de Diputados aprobó la ley este mismo sábado y la remitió al Senado para su ratificación, lo que llevó a Santa Cruz a suspender las protestas.
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Rómulo Calvo, líder del Comité Cívico departamental, un poderoso conglomerado civil-empresarial, señaló que “a partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y los bloqueos, sin suspender nuestra lucha”.
“Hoy es un día histórico [porque] ha ganado la democracia”, agregó en una declaración a la prensa.
Santa Cruz comenzó las protestas el pasado 22 de octubre con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al presidente Luis Arce un censo de población para 2023, pues de la cantidad de población de las regiones depende la distribución de fondos públicos y la asignación de escaños en el Parlamento.
Durante el más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana.
También se registraron choques callejeros entre opositores y afines al oficialismo que dejaron, según el gobierno, cuatro muertos y más de 170 heridos.
El poder Ejecutivo rechazó el pedido de Santa Cruz, bajo el argumento de que era técnicamente imposible organizar el censo para el próximo año, y lo fijó para abril de 2024.
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