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Desde el viernes, reina una calma relativa en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar del temor generalizado a que el fin de la política que durante la pandemia permitió la expulsión inmediata de la mayoría de los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo, provoque una estampida desde México.
De hecho, sí se produjo una oleada de inmigrantes, en el período previo al vencimiento de la política de expulsión instaurada en la pandemia, conocida como Título 42. Ante la incertidumbre sobre el impacto de las nuevas medidas disuasorias, los migrantes desafiaron ríos turbulentos, cortaron alambradas y escalaron el muro de acero de la frontera para llegar a Estados Unidos y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza. En algunos días de la semana pasada, las aprehensiones fueron casi 11.000, una de las cifras más altas que se han registrado.
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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló el domingo que los agentes detuvieron solo a 6.300 migrantes el viernes y a 4.200 el sábado. La nueva política del gobierno de Biden, que combina la recompensa de nuevas vías legales con el obstáculo de medidas más punitivas para los cruces ilegales, estaba funcionando, aseguró Mayorkas en entrevistas televisivas.
Ahora, la mayoría de los migrantes deben demostrar que primero se les denegó el asilo en un país por el que pasaron de camino a Estados Unidos, y podrían enfrentarse a un proceso penal, una detención prolongada y la prohibición de volver a entrar durante cinco años. Sin embargo, esta tregua podría ser la calma que precede a otra tormenta.
Es poco probable que las fuerzas económicas, políticas y medioambientales que llevan a la gente a Estados Unidos disminuyan en los próximos meses, y quizá no sobrevivan todas las nuevas políticas estadounidenses. Minutos después de que las nuevas políticas entraron en vigor, los grupos de defensa de inmigrantes interpusieron demandas con el fin de bloquear una disposición diseñada para disuadir a los solicitantes de asilo de venir a la frontera, pues la compararon con una prohibición de tránsito anulada durante el gobierno de Trump. Además, horas antes de la expiración del Título 42, un juez federal de Florida emitió una orden que prohibía la liberación de migrantes de la custodia estadounidense sin fechas de audiencia. (El gobierno estadounidense está impugnando la decisión).
Más allá de las fronteras estadounidenses, la inestabilidad política, la violencia de las bandas y el cambio climático seguirán estimulando la emigración. Gran parte del mundo en desarrollo, desde África y Asia, hasta Sudamérica y el Caribe, sigue tambaleándose debido a la ruina económica provocada por la COVID-19 y agravada por la guerra en Ucrania. “Todo el mundo se concentra en las llegadas a la frontera, pero la raíz del problema radica en factores de presión dentro de los países de origen, los cuales persistirán”, explicó Justin Gest, politólogo de la Universidad George Mason que estudia la inmigración. “Cuando hay crisis, se generan flujos hacia el norte”, añadió.
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La política del gobierno de Biden pretende disuadir a los migrantes de emprender el viaje hacia la frontera. Así, aunque el Título 42 ya no está en vigor, otras restricciones nuevas sí lo están. Se prohíbe a los migrantes solicitar asilo en la frontera a menos que demuestren que un país por el que transitaron les denegó protección. Solo se harán excepciones en circunstancias extraordinarias, como problemas médicos, o para solicitantes de asilo que hayan utilizado una aplicación móvil para conseguir una cita en un puerto de entrada oficial. Hasta ahora, el número de citas ha sido extremadamente limitado.
El gobierno de Biden ha anunciado que abrirá centros regionales, empezando en Colombia y Guatemala, donde los migrantes podrán solicitar el estatus de refugiados y someterse a un examen inicial de elegibilidad para entrar de manera legal a Estados Unidos. Canadá y España han acordado acoger a algunos de estos solicitantes.
Gest, el politólogo, afirmó que Estados Unidos quiere repartir la responsabilidad de absorber a tantos migrantes, “pero no se sabe con seguridad si la medida va a funcionar”. Desde principios de este año, Washington ha estado animando a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos a aplicar a un programa de “libertad condicional humanitaria” que les permite volar directamente a Estados Unidos y quedarse durante dos años, si tienen un patrocinador financiero.
No obstante, muchos migrantes proceden de países que no están considerados en el programa, como Colombia, Ecuador y Honduras. Además, incluso para los cuatro países seleccionados, el número de personas que intentan entrar supera las 30.000 plazas mensuales, y muchas personas no cumplen con los requisitos porque carecen de contactos en Estados Unidos.
Shauyuri Mejías, venezolana de 48 años, analizó el programa, pero se dio cuenta de que no podía participar. Así que atravesó el traicionero Tapón del Darién, una selva entre Colombia y Panamá, con su hijo, su nuera y su nieto. “Somos la primera generación de nuestra familia que viene a Estados Unidos. Aquí no tenemos a nadie en quien apoyarnos”, comentó Mejías, sentada en la litera de abajo en un refugio de El Paso, Texas.
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La familia consiguió utilizar la aplicación del gobierno para concertar una entrevista en un puerto de entrada y cruzó la frontera antes de que se venciera el Título 42. Sin embargo, entre los muchos migrantes frustrados que se acumulan en México, la paciencia pronto se agotará. Históricamente, no hay pruebas concluyentes de que una aplicación más agresiva de la ley y sanciones más punitivas disuadan la migración masiva.
El Paso, una de las ciudades fronterizas más afectadas en los últimos meses, registró un fuerte descenso en las detenciones de migrantes, hasta solo 639 el sábado, según datos internos compartidos con The New York Times, frente a los 2.131 del 10 de mayo. Pero esto oculta los posibles retos que se avecinan.
Los servicios de inteligencia estadounidenses calculan que entre 60.000 y 65.000 migrantes se encontraban en el lado mexicano de la frontera, según Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las redes de contrabando estaban difundiendo información errónea de que la frontera estaría abierta tras la expiración del Título 42.
Una nueva oleada podría agravar tanto la crisis humanitaria como los quebraderos de cabeza políticos del presidente Joe Biden y su gobierno. En las últimas semanas, los responsables de los albergues y los médicos de las ciudades fronterizas han informado de un aumento de las hospitalizaciones por lesiones sufridas por migrantes que escalaron el muro fronterizo.
Una nueva gran afluencia también pondría a prueba los centros de procesamiento fronterizo. Para aliviar el hacinamiento, los migrantes han sido puestos en libertad sin fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración.
Los republicanos, que se preparan para hacer de la inmigración un tema central de sus campañas electorales de 2024, están criticando esta práctica. Si los desafíos legales hacen que las instalaciones estén peligrosamente sobrepobladas, esa óptica perjudicará al gobierno, analizó Stuart Anderson, director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, un grupo de expertos. “Los ciudadanos estadounidenses culparán al presidente”.
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