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Se acabarán las horas extras, el empleador decidirá sobre cuándo salir a vacaciones, los despidos serán más baratos y se impondrá un freno a los derechos sindicales. Eso y más quedó consignado en la reforma laboral que Javier Milei impulsa en Argentina y que está a la espera de la aprobación final en el Senado, en medio de un descontento social que provocó la cuarta huelga general en solo dos años de este gobierno. El oficialismo dijo que esta es la vía para dinamizar el mercado de trabajo asalariado formal, estancado desde hace más de 10 años. Los críticos, en cambio, argumentaron que es una estrategia que beneficia a las empresas y perjudica a los empleados: “La libertad avanza y los derechos retroceden”, escribió Eva Moreira en el diario Página 12.
El mandatario espera sancionar la ley antes del 1 de marzo, cuando debe comparecer ante el Legislativo para inaugurar las sesiones ordinarias. Es, entonces, su apuesta más fuerte de este principio de año, la cual ha sido abordada de forma exprés y casi sin debate público. El único revés que tuvo fue la derogación de un artículo que reducía hasta en un 50 % el salario de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente. La amenaza de los aliados de Milei de no acompañar la iniciativa por ese apartado llevó al texto de regreso al Senado, donde tiene que obtener el visto bueno para convertirse en ley. En paralelo, hubo protestas, sobre todo frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad reprimieron con camiones hidrantes y gas pimienta a un grupo de manifestantes; detuvieron al menos a 11 personas por “daños”, “resistencia a la autoridad” y supuesta tenencia de objetos punzantes.
La conquista electoral de la Libertad Avanza en octubre pasado se tradujo en una reconfiguración parlamentaria que dio paso a que la reforma laboral esté cerca de volverse un hecho. Es un triunfo para el dirigente, aseguró Matías Bianchi, director del centro de pensamiento Asuntos del Sur, en medio de un contexto marcado por el incremento de la inflación (2,9 % en enero, cifra que viene en ascenso desde hace cinco meses) y la parálisis económica: “Se supone que promete futuro, además de una victoria frente a la casta, pues sería la primera reforma laboral desde el retorno a la democracia”. El problema es que, a pesar de que las disposiciones actuales están pensadas para una economía industrial, de pleno empleo y alta formalidad, Argentina es otro país y el costo está cayendo sobre los hombros de los trabajadores. Ni el Estado ni el empleador están cediendo.
La situación es compleja, y los datos lo muestran. Nicolás Trotta, diputado opositor, mencionó que se destruye una empresa por hora y se pierden 240 trabajos formales diarios: “La norma no implicará la creación de empleo, pero le sirve a Milei para demostrar iniciativa política y la capacidad de construir una mayoría legislativa, que era una falencia antes de los comicios de mitad de término de 2025”. En cambio, la lista de retrocesos es amplia: las indemnizaciones por despido sin causa dejarán de ser pagadas por el empleador y se creará un banco de horas que le dará la potestad a ese mismo de reasignarle horas al trabajador sin necesidad de pagar horas extras. Además, excluirá a los trabajadores de las plataformas digitales (repartidores y conductores, entre otros más) de cualquier vínculo laboral, legalizando la precarización en la que se encuentran.
La discusión de la ley, que recientemente supuso más de 10 horas de debate legislativo, ocurre justo cuando se ha dado un derrumbe de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales. Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, emblema de la industria nacional, anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores, alegando la caída de la competitividad por la apertura indiscriminada de importaciones.
Aun así, se está presionando hacia un esquema que recuerda al modelo neoliberal, el cual, en aras de “flexibilizar” las condiciones de trabajo, resulta en la pérdida de derechos y en la destrucción de empleos. De hecho, el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, mostró algo de eso: una tasa de desocupación cercana al 18 %. El tiempo dirá si las centrales de trabajadores y las mismas personas optarán por contrarrestar la reforma laboral en el campo judicial (en caso de recibir luz verde en el Senado) y si, en medio de la construcción de una correlación de fuerzas distinta, se podrá avanzar en contrarreformas o nuevos proyectos.
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